El 21 de abril de 2015 denunciábamos –¿Revolcón a los desahucios?– que las entidades financieras que hayan ‘titulizado’ una hipoteca, dejan de ser las acreedoras del préstamo. Un año más tarde, el 20 de abril de 2016, el Colegio de Abogados de Barcelona emitía un comunicado en el que afirmaba: “La venta de paquetes de hipotecas titulizadas en el mercado financiero ha comportado que algunos bancos y cajas no sean los legítimos acreedores de los préstamos, ya que dicha venta conlleva un cambio de acreedor. Esta situación implica que los bancos han pasado a ser meramente los ‘cobradores de las cuotas’ de las hipotecas sin tener el soporte de garantía de un bien inmueble”.
El pasado 7 de marzo explicábamos en Catalunya Plural el caso de Mireia Álvarez Tapia y su marido Manuel Martínez García. Ambos firmaron la dación en pago de su piso el 28 de julio de 2014.
Después de ‘conseguir’ la dación, Mireia y Manuel tuvieron conocimiento de las titulizaciones hipotecarias y del problema que suponían. El 16 de setiembre de 2015 solicitaron a Bankia que les aclarara si la hipoteca fue titulizada en su día. El 2 de noviembre de 2015 tuvieron la confirmación: la hipoteca fue titulizada por Bancaja y cedida al “Fondo Bancaja 13 Fondo de Titulización de Activos”. Decidieron acudir a la justicia. El pasado 3 de mayo obtuvieron satisfacción: el magistrado–juez del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Barcelona reconocía en la sentencia 88/2016 que Bancaja –hoy Bankia– no era el acreedor.
Resurge entonces la pregunta clave que nos turba desde que publicamos ‘Revolcón a los Desahucios’ y que ahora se amplía a las daciones: ¿Puede una entidad financiera que ya no es la acreedora instar un lanzamiento hipotecario o acordar una dación en pago? La lógica y unas cuantas sentencias –consultar sentencias– nos sugieren que no. Entonces: ¿Cuántas personas, cuántas familias, han perdido su casa, han sido desposeídas por causa de una acción ilegal? ¿A cuanto asciende el posible fraude?
El período inmediatamente anterior al estallido de la crisis de 2008 fue uno de los momentos graves que pasaron las entidades financieras por causa de las hipotecas titulizadas. Todo iba bien aparentemente y la especulación con los créditos hipotecarios estaba en el orden del día. Los bancos y cajas las perseguían y los titulares de las hipotecas buscaban y/o recibían ofertas para subrogarlas y así obtener mejores condiciones. Sin embargo, en la trastienda anidaba una preocupación: Si la hipoteca estaba titulizada no podía subrogarse porque la entidad financiera ya no era la propietaria del crédito.
Según ha podido saber SICOM, en los ordenadores de bancos y cajas saltaba una alarma cuando un cliente comunicaba una mejor oferta de otra entidad financiera. Entonces los empleados bancarios recibían la orden de mejorar las condiciones de la hipoteca hasta dónde fuera necesario para evitar que el engaño que suponía la cesión de la titulización apareciese y se supiera que no eran los titulares del crédito. Así se hacía y el depositario consiguió ocultarlo.
Es cierto que desde comienzos del 2015 el goteo de sentencias negando la legitimación activa a entidades bancarias que instan lanzamientos hipotecarios es constante aunque lento. Pero también lo es que un problema de una envergadura de centenares de miles de millones de euros no se resuelve caso por caso sino que debe hacerse a través de la Política. Y con la participación de los tres poderes.
Estamos ante un problema de Estado porque según los datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el total de las titulaciones asciende a 842.119 millones de euros.
Ante estas cifras el problema de las titulizaciones, el posible fraude, el engaño a sabiendas, atañe a todos los españoles. Cualquier hipoteca puede haber sido titulizada. Y cualquier español tiene derecho a saberlo y a decidir qué hace con la información, nos guste o no su decisión. Sucede que ahora mismo muchos despachos de abogados ofrecen sus servicios a personas que, necesitadas o no, quieren saber si su hipoteca ha sido titulizada. Y quieren saberlo para negociar. Negociar las condiciones de la hipoteca o de la cuenta bancaria, diciéndole al banco que ya no es el propietario y que o se aviene a mejorar la oferta o pueden optar por dejar de pagar. La situación es similar a la que sucedió en fechas anteriores a la crisis aunque al revés: ahora los depositantes tienen la iniciativa.
No puede ser que quienes dispongan de dinero para contratar a un bufete de abogados puedan beneficiarse de esta mala actuación financiera mientras que los más desfavorecidos estén al albur de decisiones judiciales no siempre justas. Si bien es cierto que las titulizaciones no eximen de la deuda también lo es que hasta ahora no hay nadie para reclamarla. Es necesario, por tanto, legislar y gobernar para todos desenmascarando esta más que posible estafa. Y tomar decisiones.
Por lo visto hasta ahora los bancos se han apoderado de lo que ya no era suyo. ¿Van a permitir el gobierno central, el Congreso de los Diputados, el poder judicial, los gobiernos autonómicos, la Generalitat, en definitiva el Estado, que los bancos se queden aquello que no es suyo con la excusa que el sistema financiero pueda estar en peligro?
Se debe resolver el problema antes de que el sistema bancario, el sistema financiero y el propio Estado pierdan toda su credibilidad, si no es que la ha perdido ya.
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