La negativa de los organizadores de la cadena catalana del próximo 11 de Setiembre a la propuesta del movimiento Procés Constituent de hacer pasar el trazado oficial también alrededor de la sede central de la Caixa en Barcelona como símbolo de la flagrante responsabilidad de los bancos en la crisis financiera y los recortes traduce los límites ideológicos del derecho a decidir, reducidos por la Assemblea Nacional Catalana a la cuestión de la consulta sobre la independencia, al margen de la orientación política y el contenido de gobierno de esa independencia. Formo parte de una generación en que ser “apolítico” significaba abonar la situación establecida, la desigual relación de fuerzas dada entre las distintas ideologías. También formo parte de una generación que se enteró con sorpresa y con retraso que el partido mayoritario del catalanismo durante el anterior período democrático y autonómico de la II República, la Lliga de Francesc Cambó, prestó apoyo antidemócratico directo a Alfonso XIII, Primo de Rivera y Franco.
No se trata ahora de falta de sensibilidad política de la Assemblea Nacional Catalana, sino de su clara opción al lado de los partidos mayoritarios del catalanismo, al lado del gobierno directamente implicado en la gestión de la crisis en Catalunya, al que enmascaran o exoneran de su auténtica responsabilidad, igual como la del sistema bancario. Los organizadores de la cadena humana y los partidos del gobierno catalán se declararán sin duda eufóricos por la cantidad de participantes que reunirá de nuevo la Diada y la repercusión planetaria de la movilización ciudadana, pero no habrán asumido con un mínimo de eficacia ninguno de los problemas que afectan al país y seguirán remitiendo sus soluciones a una Cataluña independiente, como en un juego de magia o un milagro de fe.
Esta misma semana Catalunya Banc (ex Caixa de Catalunya) ha anunciado la brutal decisión de despedir a un tercio de la plantilla (2.453 personas) con el mínimo legal de indemnización fijado por la actual reforma laboral, en una empresa rescatada con 13.000 millones de euros de dinero público que ha declarado 183 millones de euros de beneficios durante el primer semestre del año en curso y que paga oficialmente a su director 25.000 euros mensuales, el máximo permitido en los bancos nacionalizados. Sus cuatro últimos presidentes y directores generales comparecieron el pasado julio ante la comisión del Parlament de Catalunya que indaga sobre la quiebra de algunas cajas catalanas y se permitieron el lujo de argüir que no habían tenido ninguna responsabilidad.
Si el derecho a decidir no engloba claramente cuestiones como esta más allá de los formalismos retóricos, la cantidad de participantes en las cadenas humanas de la Diada se convertirá en una cortina de humo a favor de la situación establecida, de la política y del gobierno responsables de la actual gestión sin soluciones de la crisis, con la excusa evidente de que el gobierno central actúa todavía peor y no nos quiere ni pizca.
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