Los impopulares impuestos son la herramienta básica y la principal garantía del Estado democrático, casi el único instrumento de redistribución de la riqueza y disminución en alguna medida de las desigualdades, siempre que se apliquen también a los ricos. Lo impopular no han de ser los impuestos, muy al contrario, sino la pésima y engañosa distribución de la carga fiscal entre los asalariados (retención directa en el sueldo) y las elites económicas especializadas en “ingeniería fiscal”, en evasión al por mayor de las obligaciones tributarias, en delitos de guante blanco.
Estos días ha saltado a la actualidad el desmantelamiento gradual de la Agencia Tributaria Española por la vía de recortarle el presupuesto, en el momento en que resulta más necesaria. Según cifras reconocidas por su actual director, Santiago Menéndez, las actuaciones relativas a los “grandes contribuyentes” realizadas por este organismo gubernamental tan solo representaron el pasado año 21,37% del total y la recaudación derivada 26,5%. Reconoce asimismo que de los 27.000 funcionarios de la Agencia Tributaria, solo 1.800 son inspectores de Hacienda del Estado. Naturalmente, el director desmiente toda intencionalidad política en su decisión de destituir a la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (que trabaja sobre asuntos como el caso Gürtel) y en los más de 300 ceses en la Agencia Tributaria desde enero de 2012, denunciados por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.
Se acaba de publicar la versión francesa del libro La riqueza oculta de las naciones, en que el economista francés de la universidad de Berkeley (California), Gabriel Zucman, detalla que desde el acuerdo contra el secreto bancario en la cumbre G-20 de los países más poderosos del planeta, el año 2009 en Londres, las fortunas extranjeras depositadas en Suiza han crecido un 14% (hasta la barbaridad de 1,8 billones –con b—de euros solo en aquel país), correspondiendo más de la mitad a capitales estrictamente europeos. El autor estima que el dinero evadido de la fiscalidad y oculto en el conjunto de paraísos fiscales se sitúa en 6 billones de euros, también con b alta.
En lugar de recortes sociales, urge reformar democráticamente la fiscalidad para que sea progresiva y no regresiva como ahora. La estructura tributaria progresiva debería ser la niña de los ojos del sistema democrático, su sector más transparente y cuidado, aunque ahora sea visto con razón como el más injusto. Los impuestos adolecen de una mala imagen histórica entre las escamadas clases trabajadoras porque el sistema fiscal ha sido con frecuencia indecente, ha invertido los términos entre la fiscalidad patrimonial y la laboral, de modo que graba más al trabajo que al patrimonio, tasa más al dinero trabajado que a las plusvalías del dinero acumulado, heredado o evadido.
Poner el 79% del acento en quienes no son “grandes contribuyentes”, como reconoce la Agencia Tributaria Española, equivale a desviar la atención de la auténtica naturaleza del problema. La forma de recaudar más no es apretando con otra vuelta de tuerca a los impuestos sobre actividad económica, sino luchando contra la evasión fiscal al por mayor y la telaraña de deducciones y exenciones introducidas a favor de las rentas del capital por la presión de los lobbies, aconsejados por bufetes de abocados y asesores de inversiones largamente especializados en evasión legal o ilegal.
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