1 de octubre, 8 de la mañana. A una hora de abrir el colegio electoral situado en la escuela Madre Superiora ya hay un grupito de impacientes haciendo cola. La directora de la escuela abre la puerta a una comisión formada por un funcionario voluntario, en representación de la administración electoral, los miembros de las diversas mesas, un observador y una pareja de mossos d'esquadra. Todo a punto. A las 8.30 llama a la puerta un señor que se hace acompañar de una pareja de la guardia civil. Se identifica como un agente judicial con una orden de requiso de todo el material electoral, empezando por las urnas. El representante de la administración se niega, y mientras mira de reojo a la pareja de mossos rasga la orden del agente judicial a la vez que le comunica que ahí no se acata la legalidad española. Uno de los mossos se pone una mano a la cartuchera. Lo mismo hacen los dos guardias civiles.
Esta escena de Far West (o de Far Caracas) sería impensable en Cataluña... ¿O no? Porque es lo que parece que tenga que suceder si hacemos caso a quienes, a día de hoy, aseguran con gran rotundidad que el 1 de octubre habrá urnas y a quienes aseguran con idéntico convencimiento todo el contrario, que de ninguna forma las habrá. Y cómo que Puigdemont y Rajoy no se han citado en el OK Corral (ni en la plaza Bolívar), quizá tendremos que vivir el esperpento de ver si desenfunda antes el poli de azul o el de verde. Entonces sí, Catalunya sería por fin noticia en todo el mundo. Porque, no nos engañemos, hasta ahora las editoriales y entrevistas a grandes medios internacionales han sido un gota a gota que en realidad sólo ha servido para insuflar ánimos a la parroquia local, pero que han tenido el mismo efecto en la opinión pública mundial que el interesante artículo sobre el conflicto irresuelto de las islas Chagos que leí hace unos días en la revista Directa.
En una sola cosa coinciden en la Moncloa y la plaza de Sant Jaume, y es en afirmar con igual rotundidad que, pase lo que pase, no habrá un nuevo 9-N. Claro que cuando dicen esto no quieren decir el mismo, lo cual hace pensar que posiblemente la reedición del 9-N sería la menor de las catástrofes. Entre las tres posibilidades que se divisan (un referéndum plenamente homologable; una performance algo menos patillera que el 9-N pero performance al fin y al cabo; y nada, porque Madrid lo impide) diría que la única imposible es la primera opción. La segunda tiene alguna posibilidad, no muchas, o sea que personalmente me inclino por la tercera, es decir, por que en esta ocasión no se llegue ni al día D y que lo que tenga que ser ocurra después de la 11-S y antes del 1-O.
En todo caso, a día de hoy Puigdemont, Junqueras y compañía parecen dispuestos a inmolarse por la patria, me temo que con las mismas perspectivas de éxito que tuvieron Companys y Dencàs el 6 de octubre del 34, episodio poco recordado y todavía menos reivindicado porque ha pasado a la historia con menos épica y más vergüenza ajena de la que seguro imaginaban sus promotores. Me dirán que desde entonces la sociedad y el país han cambiado mucho, y que los hechos del 6 de octubre no sirven de precedente, y es cierto, pero hace poco leía a un reputado articulista buscando un precedente todavía más lejano (el del asalto al ¡Cu-Cut¡ en 1905 que dio pie a la efímera etapa de la Solidaridad Catalana) para aseverar que cuando la sociedad catalana se siente atacada se une y se defiende. No digo que no... pero dentro de un orden.
El 6 de octubre sirve también para aseverar otra característica de la sociedad catalana. Y es que lo que podríamos denominar sentimiento baigetista era y es muy mayoritario. Y si el 7 de octubre del 34, después de un día de revuelta y de decenas de muertos en la calle, con todo el Gobierno encarcelado y un consejero a la fuga, la sociedad se despertó y fue mayoritariamente a trabajar, es más que probable que el 2-O del 2017, pase lo que pase, la inmensa mayoría de la población catalana haga exactamente lo mismo. Baiget es el retrato moderno del señor Esteve, y lo digo sin ánimo burlón porque aquí todos tenemos un poco del buen tendero parido por Santiago Rusiñol en 1907 (por cierto, en plena Solidaridad Catalana y cuando Barcelona venía de ser la ciudad de las bombas). Un siglo más tarde, el modelo sigue vigente y por eso mismo el lunes 2 de octubre pocos serán quienes desatiendan sus compromisos personales y profesionales para ir a la trinchera. Si no hay referéndum habrá alboroto, sin duda. Pero dentro de un orden.
Sin remontarnos a épocas tan pretéritas podríamos mirar al vecindario para encontrar otro precedente aún más paladino. En la aguerrida y siempre admirada sociedad vasca. Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale fueron detenidos y encarcelados en 2010 a pesar de que ya hacía años que se habían significado a favor del diálogo, la paz y la reconciliación, y sin embargo los tribunales españoles les condenaron por apología del terrorismo por participar en actos de homenaje a etarras muertos. Una vergüenza que ponía en riesgo todo lo avanzado. Hubo una gran manifestación y muchas muestras de apoyo, sí, pero Otegi y los demás se han pasado unos cuantos años en prisión y la sociedad vasca ha seguido haciendo su camino.
Descartado el levantamiento de masas, la otra gran esperanza del Gobierno Puigdemont parece que es la eventual reacción internacional ante el ultraje de no dejar votar o incluso de detener o destituir a un gobierno que sólo quiere poner urnas. Esta retórica queda impecable, pero por mucho que Junqueras apele a la carta internacional de los derechos humanos (referencia que eriza los pelos a los juristas serios, como el letrado mayor de Parlament) en este punto estamos confundiendo la simpatía con la empatía. En el extranjero podrán simpatizar todo lo que se quiera con esa gente que viene de la ciudad donde juega Messi y con la causa que dice defender, pero nunca o muy difícilmente empatizarán con ella.
Me imagino a Jimmy Carter (o a cualquier otro factòtum mundial) escuchando muy atentamente a Puigdemont y Romeva mientras le narran la película de la irreductible nación milenaria sometida por un Estado autoritario y despiadado desde hace 300 años, y después preguntándoles como si nada, como quien sólo tiene intención de alargar la conversa, cuál es el PIB per cápita de los ciudadanos de Cataluña, o nuestro índice de malnutrición infantil, o nuestra tasa de analfabetismo, o nuestra esperanza de vida, o si nos podemos expresar en nuestra lengua o si los niños la pueden aprender en la escuela, o si los catalanes tenemos acceso a medicinas y atención sanitaria, o si los partidos independentistas son legales y se pueden presentar a elecciones, o cuántos periodistas y políticos catalanes han sido asesinados, encarcelados o se han tenido que exiliar en los últimos años debido al Estado represor. Para alguien con una visión mínimamente panóptica sobre el miserable estado del mundo la respuesta sincera a esta batería de preguntas tiene que ir seguida de un expresivo mutis. “No, si seguro que tiene usted más razón que un santo, pero es que en el mundo hay mil millones de personas sin acceso garantizado a agua potable... ¿entiende qué le quiero decir?”.
O sea que ni los blindados entrarán por la Diagonal, ni los segadores afilarán sus hoces ni Naciones Unidas pedirá la retirada de embajadores de Madrid, como hizo en 1946. Y llegados a este callejón sin salida llamado fracaso pienso que, por fuerza, en algún lugar de alguna mente pensante de las muchas que rodean el llamado Proceso tiene que haber un plan B. Y que quizá ni republicanos ni cuperos lo quieren tener, ni se ha hablado en el Govern ni entre los junteros por el sí. Pero pongo la mano en el fuego que los pedecatianos lo tienen. Por dos motivos. En primer lugar, porque siempre tienen uno, o dos o tres, y en segundo lugar porque les obliga un horizonte donde tienen que afrontar problemas mucho más terrenales y acuciantes, como es no caer en el pozo de la irrelevancia política y sobre todo no hacerlo sin antes haber tapado el enorme agujero financiero heredado de Convergència. El día que el PDeCat sea la cuarta fuerza (de hecho ya lo es, quiero decir cuando esto ya sea una evidencia palmaria) ya me dirán qué banco les renueva o amplía los créditos que necesitan para mantener abierto el tinglado.
Para ir acabando, pues, permitan que me adentre en el terreno de la especulación. Hasta ahora sólo dos personas del bando soberanista han osado hablar del 1 de octubre como de un nuevo 9-N (en el no soberanista han sido muchos más, rápidamente lapidados por ni tanto sólo osar pensarlo). El primero, el ya referido ex consejero Jordi Baiget, que no por cesado deja de ser una voz relevante. Y el segundo, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, un hombre muy informado, que ha demostrado su capacidad de flotar en aguas turbulentas y que también es heredero y representante de muchas generaciones de Esteves. Si estas dos personalidades lo ven así, ¿no será que este es realmente el Plan B?
Bien mirado, para el PDeCat repetir el 9-N podría convertirse en una extraordinaria noticia. Sólo con una capa más de barniz de realismo (las urnas ya no serían de cartón y la convocatoria sería oficial, si bien en participación y efectividad se alejarían poco o nada de 2014) ya se salvaría la cara ante la parroquia entusiasta que hace cinco años que en cada Diada escucha y confía que será la última autonómica. Y luego todo seguiría igual.
La buena noticia sería que ya sabemos que desobedecer al Constitucional poniendo urnas se paga con una pena de inhabilitación de dos años, un sacrificio más que asumible ante el objetivo perseguido, que nunca ha sido la secesión, sino evitar que el arribismo republicano conquiste el santo grial del catalanismo. La no tan buena es aquello que asustaba al señor Baiget, y es que no sabemos todavía quién se hará cargo de la factura ni tan sólo su importe. Todavía lo tiene que determinar el Tribunal de Cuentas.
La buena noticia sería también que, con una pena de inhabilitación, el moscardón republicano quedaría fuera de juego, al menos temporalmente. La no tan buena es que esto no sería inmediato, porque la justicia española es lenta y garantista incluso cuando en casos como este acelera sus mecanismos, y que por tanto habría que aguantar la legislatura autonómica a toda costa, y evitar poner unas urnas que consagraran a los republicanos como primera fuerza política del país autonómico (y, insisto, a los pedecatianos como cuarta). Eso sí sería catastrófico. Después del 9-N, Artur Mas consiguió estirar diez meses más la legislatura antes de forzar una coalición que maquillase el sorpasso y hacer el plebiscito definitivo que fue de todo menos definitivo. Con este mismo tiempo, y una excusa igual de convincente, quizá habría suficiente margen para recuperar a Mas si prospera su recurso ante el Supremo de que la pena de inhabilitación no le impida presentarse a elecciones (sea dicho de paso que con este tipo de recursos chirría bastante la retórica de la desconexión).
Con su aureola de presidente doblemente mártir (de España y de la CUP) tal vez Mas podría aguantar el tipo en las urnas, pero incluso en el peor de los casos permitiría ganar tiempo, resistir, que es lo que básicamente llevan haciendo desde el desastre de noviembre de 2012, cuando la voluntad del pueblo de los Esteves fue no conceder la mayoría absoluta al Moisès convergente, sino todo el contrario.
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