El pasado 3 de junio de 2016 el gobierno de Sabadell abría de oficio 18 expedientes sancionadores a compañías suministradoras eléctricas, después de constatar que estas incumplían reiteradamente la normativa catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, también conocida como la Ley 24/2015. Iniciábamos así un camino hasta ahora inédito para una administración local.
Esta semana hemos resuelto y notificado a compañías suministradoras eléctricas los primeros 11 expedientes sancionadores, con multas efectivas por un valor de 10.001 euros cada una. Las sanciones responden a la realización de faltas graves de acuerdo con el artículo 331-5 c del Código de Consumo de Catalunya y en relación con el artículo 6.4 de la Ley 24/2015, que establece que antes de realizar un corte de suministro, las empresas suministradoras tienen la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales municipales para comprobar si la persona o unidad familiar afectada se encuentra en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, la Ley 24/2015 establece la obligación de la empresa de informar de este derecho a los usuarios en los avisos que genere por razón de impago o de corte del servicio.
Como gobierno de la quinta ciudad más grande en población de Catalunya hemos apostado inequívocamente para llevar a la práctica desde nuestras competencias el despliegue efectivo de la Ley 24/2015, ley que fue impulsada por miles de ciudadanos y ciudadanas a través de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) y que fue aprobada por unanimidad en julio de 2015 por el Parlament de Catalunya. Y aunque, de acuerdo con la información que disponemos, somos el primero de los ayuntamientos de nuestro país en llegar a la imposición efectiva de sanciones, nosotros entendemos que sencillamente hemos hecho lo necesario y que se espera de aquellos que desarrollamos tareas de servicio público: proteger a nuestros ciudadanos, en especial a los más vulnerables.
Este nuevo marco normativo, más la actitud firme de las administraciones y la sociedad civil, nos dan la oportunidad a todos de contar con un nuevo paradigma como país en materia de protección de los derechos de las personas. Ciertamente es un nuevo planteamiento y es justamente aquí donde se encuentra el conflicto que, en el fondo, la aplicación de la 24/2015 pone en evidencia: el enfrentamiento entre el ámbito público, representado por el poder político democrático, y el capitalismo y los poderosos oligopolios que controlan el mercado energético.
En este conflicto real, aquellos que representamos la voluntad soberana de nuestro pueblo en las instituciones tenemos que hacer todo lo posible, con todos los medios legales a nuestro alcance y de forma proactiva, para que la ley se cumpla. Evidentemente con la aplicación de la ley y la normativa el trabajo no queda resuelto, sólo está iniciado. A partir de entonces es necesario que las estructuras públicas, con el liderazgo político, actúen sobre una lógica en que la calidad de vida de la ciudadanía es la motivación y finalidad básica. Aquí está el cambio de paradigma que necesitamos del ámbito público, donde el centro pasa a ser el ciudadano. Las leyes, las estructuras y la cultura organizativa deben orientarse siempre al servicio del ciudadano.
Esto, para nosotros, es básicamente el modelo de país y de sociedad por el que trabajamos, donde el interés colectivo y los derechos de las personas deben prevalecer por encima de los intereses económicos y privados. Y las estructuras públicas actúan bajo esta lógica. Sólo con una responsabilidad social compartida por todos los ámbitos conseguiremos alcanzar una sociedad más justa y próspera para todos. Y en Sabadell trabajamos cotidianamente para conseguirlo.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
