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La oposición reclama que el Govern responda a las incógnitas del caso Cesicat

João França

Barcelona —

Un mes y medio después de las primeras filtraciones de Anonymous que revelaban el seguimiento de activistas en la red por parte del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), el Govern sigue sin dar ninguna explicación satisfactoria sobre el caso. Ayer CiU y ERC vetaron la comparecencia en el Parlamento del portavoz, Francesc Homs, y hoy se votará la comparecencia de los consejeros directamente implicados en el caso, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, y el de Empresa y Empleo, Felip Puig, así como del Director General de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró.

El PSC ha llevado el caso a la Fiscalía a la espera de que actúe ante los indicios de violación de derechos de los ciudadanos que representan las filtraciones. El resto del arco parlamentario (ICV-EUiA, la CUP y C's) también ha reclamado explicaciones al Govern con preguntas parlamentarias, solicitudes de comparecencia y el PP ha llegado a proponer la creación de una comisión parlamentaria de investigación.

Hasta ahora, el Govern se ha limitado a negar la veracidad de las filtraciones, aunque los metadatos de algunos de los archivos muestran que fueron creados por trabajadores del Cesicat. Los últimos documentos filtrados mostraron que los informes de seguimiento de activistas estaban elaborados conjuntamente con los Mossos.

Felip Puig –titular del departamento del que depende el Cesicat– confirmó que el organismo actúa “en coordinación con la policía del país” y bajo los criterios de ésta. No obstante, la ley prohíbe elaborar ficheros con datos de carácter ideológico si no hay orden de un juez.

Quintuplica el presupuesto en medio a la polémica

La única consecuencia hasta ahora del caso Cesicat ha sido la destitución de Carles Flamerich, presidente de la sectorial TIC de Convergencia y hasta entonces Director General de Telecomunicaciones de la Generalitat y presidente del Cesicat. Su sucesor aseguró que le habían ofrecido el cargo al día siguiente de las primeras filtraciones. No obstante, desde la conselleria aseguraron que se trataba de un reajuste del equipo. Según diversas fuentes, Puig no simpatizaba con Flamerich y sólo lo había mantenido en el cargo hasta ese momento por presiones del partido.

Mientras tanto, los últimos presupuestos de la Generalitat quintuplican el presupuesto del Cesicat, que pasa de 924.429 euros a 4,9 millones. Puig justificó el aumento en el Parlament asegurando que el gobierno del Tripartit, que creó el centro, no lo dotó de suficientes recursos.

Un proyecto de Agencia Nacional de Seguridad

Los documentos filtrados incluyen dos presentaciones que muestran el proyecto de crear una Agencia Nacional de Seguridad que englobe el Cesicat, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la Agencia Catalana de Certificación, la Agencia Catalana de Protección de Datos y la Administración Abierta de Catalunya.

La presentación incluye una hoja de ruta para la implantación del proyecto y compara su presupuesto con el de agencias de inteligencia internacionales. Entre los pasos a seguir, se hace constar la necesidad de entrar en contacto con los servicios de inteligencia de Israel a través de la Ertzaintza y con el Massachussetts Advanced Ciber Security Center.

Presunto espionaje de correos y teléfonos

Un colaborador del Cesicat denunció que había detectado que los correos que enviaba a altos cargos de la Generalitat eran interceptados por trabajadores del centro. El juez ha desestimado la denuncia en base a las investigaciones de los Mossos –aunque el denunciante pedía que se encargara otro cuerpo de policía-ya que considera “lógico” que las comunicaciones dirigidas a los más altos cargos sean leídas por terceros. El denunciante recurrirá la sentencia.

Por otra parte, diversas informaciones publicadas por El Confidencial aseguran que la Generalitat habría repartido móviles con software espía entre altos cargos y habría planeado interceptar también las comunicaciones de activistas. Ante una pregunta al respecto en el Parlament, el conseller Felip Puig se limitó a menospreciar las informaciones que provenían de “confidenciales en la red” sin dar respuesta a la pregunta.

Seguimiento de activistas

Algunos activistas barceloneses ya tuvieron un primer encuentro con el Cesicat cuando durante la pasada campaña electoral salió en defensa del partido del Gobierno y reclamó la retirada de una web de parodia, pero no se imaginaban el trabajo de seguimiento de sus actividades que estaba haciendo el centro.

Según los informes filtrados, el Cesicat y los Mossos monitoriaron sus actividades en las redes con motivo de movilizaciones relevantes como el 1 de mayo, el aniversario del 15-M, la cumbre del BCE en Barcelona, la campaña contra Eurovegas, las movilizaciones en Reus durante el congreso de Convergencia o el lanzamiento de la web de delación creada por los Mossos.

Estos operativo incluían informes detallados sobre personas o colectivos, como el fotógrafo Jordi Borràs, un grupo de música adolescente o la organización juvenil Arran y uno de sus militantes. Este último colectivo ha denunciado esta semana el Cesicat ante la Agencia Catalana de Protección de Datos. En un comunicado aseguran que “quien se beneficia de las injusticias del sistema, que condena la juventud trabajadora a la precariedad, al exilio y a la miseria, es el mismo que presiona para que las instituciones públicas invierten los recursos policiales, judiciales y de comunicación en combatir nuestra apuesta política.”

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