Anticorrupción pide al juez que prohíba salir de España a Germà Gordó por el 3% de Convergència

Más de cuatro horas de declaración como imputado de Germà Gordó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no han servido para esclarecer si, como sostiene la Fiscalía, el exconseller de Justicia era “el conseguidor” del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La antigua mano derecha de Artur Mas ha afirmado que se reunía con empresarios, pero que no urdió con ellos el presunto pago de comisiones al partido a cambio de obra pública.

Tras la declaración, los fiscales anticorrupción, José Grinda y Fernando Bermejo, han pedido al magistrado Carlos Ramos que prohíba a Gordó salir de España, decisión que el juez comunicará a las partes este viernes a las 10h. El ahora diputado no adscrito ha entregado al magistrado su actual teléfono móvil que tienen todos los diputados del Parlament, pero no su móvil personal, tal y como han reclamado los fiscales, ya que ha dicho que no lo llevaba encima. El abogado del exconseller, Cristóbal Martell, se ha opuesto a las medidas cautelares solicitadas por los fiscales.

En su declaración como imputado, Gordó ha admitido haberse reunido con algunos de los empresarios investigados en el caso del 3%, pero ha considerado que era su obligación por sus responsabilidades en la Generalitat, donde fue secretario de Govern, y en la contratación pública, como consejero de la empresa Infraestructures de la Generalitat (GISA).

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre el 2010 y el 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública GISA. En su declaración, Gordó ha desvinculado a Mas de la gestión económica del partido y ha asegurado que de ésta se ocupaban él mismo y el tesorero de CDC Andreu Viloca, también investigado en el caso del 3%, aunque ha recalcaldo que el expresident era su superior jerárquico.

Durante el interrogatorio, el magistrado ha hecho preguntas a Gordó en relación a las agendas personales y oficiales que el exconseller mantenía durante la época en que ejerció como secretario del Govern, en el periodo entre 2010 y 2012. Según fuentes jurídicas, parte de estas agendas ya se ha recuperado en ocasión de las diligencias ordenadas por el juez Carlos Ramos, quien el pasado julio mandó a la Guardia Civil a que acudiera a la Generalitat y el Parlament en su busca.

También ha declarado sobre este asunto este jueves la secretaria de Gordó en esa misma época, que ha sido citada como testigo dos horas antes de la declaración del exconseller, y ha argumentado que ella no gestionaba las agendas privadas del exconseller.

Por su lado, Gordó ha asegurado, a través de Twitter, que pedirá el archivo de la causa y se ha mostrado “satisfecho de haber explicado los hechos”. “Siempre dentro de la ley”, ha apostillado.

Hay cinco obras públicas que mantienen a Gordó bajo sospecha: el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones.

Según el auto por el que el juez Ramos acordó su imputación, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.

Finalmente, Gordó habría obtenido “diversos regalos personales” de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa. En el sumario del caso también constan las gestiones que Bassols hizo con Gordó y Artur Mas para lograr un cargo en el Govern para su esposa, la magistrada Núria Bassols.