El tribunal del caso Palau ordena prisión inmediata para Millet y Montull

El tribunal del caso Palau ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los exdirigentes del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull. Anticorrupción ha argumentado que los dos condenados debían cumplir de forma inmediata un máximo de la mitad de las penas de nueve y siete años de prisión a las que fueron condenados en primera instancia.

Según la fiscal Marta Marquina, existe riesgo de fuga debido a los “elevados medios” económicos de los que disponen Millet y Montull. La fiscal no ha mencionado los otros dos supuestos en que se podría justificar la prisión provisional mientras el Supremo resuelve los recursos planteados por las partes –reiteración delictiva y destrucción de pruebas– porque son inexistentes: ni Millet ni Montull tienen responsabilidades en el auditorio.

La decisión del tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, presidido por la magistrada Montserrat Comas, acepta el riesgo de fuga y rechaza los argumentos de las defensas, que se habían opuesto con vehemencia a las cautelares planteadas por Anticorrupción. Las defensas habían alegado que el riesgo de fuga no existe debido al arraigo, a la avanzada edad y a los problemas de salud de Millet y Montull.

En sendos autos, los magistrados consideran que sí existe riesgo de fuga. En el caso de Millet, porque sus dos hijas viven en el extranjero, una situación que, para la Audiencia de Barcelona, “podría facilitar la huida” de Millet. Asimismo, dan un portazo a otro de los motivos esgrimidos por Millet para evitar la cárcel demostrando su arraigo, como es que tiene un hijo con una minusvalía psíquica: “No parece que el hijo dependa de los cuidados del penado [Millet], hijo que ya existía cuando cometió los hechos por los que ha sido condenado sin que ello le disuadieran de su comisión, pese a conocer las posibles consecuencias penales de sus actos”.

La otra razón de los magistrados para apreciar riesgo de fuga es económica. Señalan los togados que los bienes que han puesto a disposición de la justicia “no alcanzan” a cubrir el importe de más de 20 millones que deben pagar en concepto de multas a indemnizaciones para devolver el saqueo. En consecuencia, sus propiedades “no comportarían un verdadero arraigo” en Catalunya en caso de que el Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

“Parte del patrimonio embargado en la causa a Fèlix Millet fue localizado en el extranjero, por lo que no podemos descartar que disponga de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida”, añaden los magistrados. Sobre Montull, dicen que “no se puede descartar” que tenga dinero disponible para la huida en el extranjero o en cuentas a nombre de terceros y que no se han podido localizar.

Tras la vista sobre las medidas cautelares para los cuatro principales condenados del caso Palau que se ha celebrado este lunes en la Audiencia de Barcelona, el tribunal ha acordado la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el juzgado una vez al mes para Gemma Montull y Daniel Osàcar, que habían sido condenados a cuatro años y medio de cárcel. En su caso, la Fiscalía había solicitado que las comparecencias fueran cada 20 y 10 días, respectivamente.

Los argumentos de las defensas

Las defensas ham recordado además que ambos ya han puesto a disposición de la justicia todos sus bienes para devolver el saqueo que perpetraron en el Palau. El abogado de Millet, Abraham Castro, ha sido el más gráfico: “Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé como Fèlix Millet va a pretender fugarse”. No le ha servido para convencer el tribunal.

Castro también ha recordado que la Audiencia de Palma dejó en libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarin tras la primera sentencia del Caso Nóos, lo que permitió al cuñado del rey seguir viviendo en Suiza. La letrada de Osàcar, Judit Gené, ha recordado que el juez de El Vendrell, con el beneplácito de la Fiscalía, levantó el año pasado la medida cautelar de comparecencia mensual en el juzgado que el extesorero tenía desde 2015 como imputado en el caso del 3%.

Por su lado, el abogado de Montull, Jorge Navarro, ha solicitado al tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre el hecho de que el mismo tribunal que ha juzgado el caso sea el que decida sobre las medidas cautelares, algo que, a su juicio, podría vulnerar los derechos de defensa de los condenados.

Las defensas han recordado que en nueve años de instrucción, Fèlix Millet, Jordi y Gemma Montull y Daniel Osàcar nunca pisaron la cárcel y han estado “siempre” a disposición de la Justicia. El juez, en contra del criterio de la Fiscalía, dejó libres a Millet y Montull en 2009. En el caso de Osàcar, la Fiscalía ni llegó a pedir prisión provisional. “La edad y la merma física no impiden estar en prisión provisional”, ha aseverado la fiscal Marquina este lunes.

La FAVB rechaza la prisión provisional

En el bando de las acusaciones, la Abogacía del Estado se ha adherido a la solicitud de prisión provisional, al igual que la Fundación del Palau de la Música. El abogado de la Generalitat, que representa al Consorcio del Palau, donde están representadas las administraciones públicas, ha manifestado que no se oponía pero tampoco se adhería a la pretensión de la Fiscalía, algo inusual en un trámite de medidas cautelares.

Más contundente se ha mostrado la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que se ha opuesto con vehemencia a la prisión provisional. “Por muy bajas sensaciones que tengamos hacia los condenados, no podemos extender una medida tan excepcional como la prisión provisional”, ha argumentado el letrado Àlex Solà.

Los recursos al Supremo

El tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona condenó el pasado 15 de enero a Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio de prisión, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.

Los magistrados confirmaron el saqueo de más de 20 millones que Millet y los Montull perpetraron en el Palau y las comisiones de 6,6 millones que cobró CDC a cambio de adjudicar a Ferrovial obras públicas en el último gobierno de Jordi Pujol. Los cuatro condenados y la Fiscalía recurrieron, por motivos distintos, la sentencia ante el Tribunal Supremo, que deberá emitir en los próximos meses el fallo definitivo.

Anticorrupción ha recurrido la absolución de los exdirectivos de Ferrovial Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, exculpados por prescripción del delito. Millet y los Montull, Osàcar y también CDC, formación a la que la sala ordenó decomisar los 6,6 millones de euros cobrados en comisiones ilegales, han acudido al Supremo para intentar rebajar sus penas.