Fèlix Millet y Gemma Montull confiesan que Convergència se financió ilegalmente a través del Palau

“Ferrovial hacía donaciones a Convergència a cambio de obra pública. Esta es la verdad”. Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música, ha incriminado a Convergència en el cobro de comisiones a través de la institución cultural. La exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, ha seguido la misma línea: “Si Ferrovial pasaba dinero a Convergència debía ser a cambio de algo”. El juicio del caso Palau ha dado un vuelco cuando pasaba un minuto de las once de la mañana de este miércoles, aunque la confesión de Millet y Montull ha sido controlada: no han implicado en la trama a ningún cargo político de Convergència.

Es la primera vez que Millet y Montull avalan la tesis del fiscal de que Convergència se financió ilegalmente a través del Palau de la Música. Las comisiones de Ferrovial al partido, según el ministerio público, ascienden a 6,6 millones. En julio se cumplirán ocho años del estallido del caso, y hasta ahora Millet solo había reconocido, en septiembre de 2009, que había desviado 3,3 millones del Palau para su uso particular. En su declaración como acusado, este miércoles ha reiterado que se gastó fondos del Palau para pagar viajes personales, las bodas de sus hijas y obras en sus casas. “Pero hay algo que no dije en mi confesión y es verdad: el tema de Convergència”, ha dicho Millet.

Millet ha reconocido el engranaje descrito en el escrito de acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled: Ferrovial hacía una donación al Palau de la Música, y parte de la misma se la repartían Millet y su mano derecha, Jordi Montull. El resto iba para CDC a través de sus tesoreros: Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar, que también se sienta en el banquillo y se enfrenta a siete años y medio de prisión. Con todo, ha evitado concretar si, como sostiene el fiscal, la donación correspondía al 4% del importe de una obra pública encargada a Ferrovial. “Esto se lo hablaban entre Ferrovial y Convergència. Los acuerdos eran entre ellos por unas obras determinadas”, ha afirmado Millet.

Millet tampoco ha inculpado a ningún dirigente político de Convergència en la trama, pese a la insistencia del fiscal. Se ha limitado a señalar el extesorero de CDC. “En los papeles aparecen cifras y el nombre de Daniel. ¿Quién es?”, ha preguntado Sánchez Ulled. “Daniel Osàcar”, ha respondido Millet. En el mismo sentido se ha expresado Gemma Montull, y ha señalado a Osàcar como el destinatario de los “pagos a Daniel” que aparecen en documento del sumario.

Facturas falsas a instancias de CDC

El fiscal Sánchez Ulled ha preguntado casi media hora sobre un documento que se encontró en el ordenador de la secretaría de Millet. En él aparecen las donaciones de Ferrovial al Palau y cómo se repartían en pagos a Osàcar, a la fundación Trias Fargas de CDC y a Millet y Montull. Según el fiscal, del 4% de una obra pública que Ferrovial abonaba a través del Palau, el 2,5% terminaba en CDC y el 1,5% iba para Millet y Montull, que se lo dividían al 80 y al 20%. Gemma Montull ha confirmado este reparto.

Además, Gemma Montull ha confirmado que primero las entregas de dinero se hacían en efectivo al tesorero –el fiscal cree que de este modo llegaron a CDC más de la mitad de los 6,6 millones en comisiones–, pero que después el sistema pasó a basarse en facturas falsas.

En este punto ha aportado una explicación relevante, pero también se ha quedado a medias. Montull ha asegurado que cuando Hacienda abrió una inspección al Palau, Millet llamó a Convergència y “habló con alguien” para encontrar un modo de justificar las salidas de efectivo hacia el partido. Finalmente, según su versión, Osàcar entregó al Palau un documento con las facturas falsas que se tenían que usar como justificante. Osàcar y Jordi Montull, el padre de Gemma, declararán este jueves.

El “error” del saqueo

Sobre el saqueo del Palau, que Hacienda cifra en 24 millones, Millet ha reconocido que se autoimpuso un bonus de 800.000 euros irregularmente. También que pagó con dinero de la institución 164.000 euros de las bodas de sus hijas en el Palau –“fue para hacer publicidad del Palau”, ha alegado– y viajes de lujo a Dubai, la Polinesia y las Maldivas. “Me equivoqué absolutamente”, ha zanjado. El objetivo de Millet es lograr un atenuante por confesión o una rebaja en la pena –el fiscal pide para él 27 años y medio de cárcel– que le salve de entrar en prisión.

Sin embargo, no ha contestado a las preguntas del fiscal sobre las millonarias retiradas de efectivo de las cuentas del Palau que hicieron Millet y Montull. De hecho, a día de hoy no se sabe dónde están 9 millones del saqueo que se vaciaron en efectivo de las cuentas de la institución. Asimismo, Millet ha traslado la responsabilidad de la gestión financiera del Palau a Jordi y Gemma Montull. “Se quedaba el dinero y ya está, no entra en los detalles”, ha lanzado, irónico, Sánchez Ulled.

Por su lado, Montull, entre sollozos, ha asegurado que no se ha quedado “ni un euro del Palau y para ello ha presentado ante el tribunal el documento que divulgó este diario la semana pasada, en el que atribuye a Fèlix Millet 3,3 millones de euros del saqueo.

Rechazada la prescricipción de Osàcar

Antes de la declaración de Millet, el tribunal ha resuelto las cuestiones previas que las partes plantearon la semana pasada. La presidenta del tribunal, Montserrat Comas d'Argemir, ha sido la encargada de comunicar que Osàcar y los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, tendrán que seguir en el banquillo pues sus delitos no han prescrito.

Buenaventura y Elizaga habían solicitado la prescripción del delito de administración desleal. El tribunal ha hecho suyo el argumento del ministerio fiscal para rechazar la prescripción y ha recordado que la administración desleal no aparece en el marco de la gestión de Ferrovial, sino en el contexto de financiación de Convergència. Por su parte, Osàcar pidió quedar exculpado del delito de tráfico de influencias –no del de blanqueo–, pero el tribunal lo ha rechazado porque ambos delitos están en concurso y la prescripción que se tiene que valorar es la del blanqueo (diez años).