La Fiscalía rebaja las penas de cárcel a Millet y a los Montull por la confesión sobre las comisiones a Convergència
Recta final del juicio del caso Palau. En la Ciutat de la Justicia se ha vivido este miércoles una jornada de transistores por el debate que el Parlament ha mantenido para intentar que la Generalitat diera su brazo a torcer y forzara que el Palau de la Música acusara a Convergència. Finalmente el giro en la acusación no se ha producido y el Consorcio del Palau tampoco ha pedido suspender la sesión por la nueva reunión que, a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, se ha convocado para el 23 de mayo.
La más relevante de la sesión ha sido la rebaja de penas solicitada por la Fiscalía tras las confesiones de los exresponsables del Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma Montull. Esta última ha pasado de una petición de pena de 26 años de cárcel a solo tres, uno de ellos sustituible por una multa, por lo que podría evitar su ingreso en prisión. La multa que se le reclama es de 10 millones de euros. La clave de esta rebaja tan sustancial es que Gemma Montull, según el nuevo criterio de la Fiscalía, pasa a ser cooperadora en vez de autora en la mayoría de los delitos de los que se la acusa.
El fiscal también ha rebajado las penas solicitadas para Millet y Montull de 27 años y medio de cárcel a 14 años y nueve meses y 10 años y diez meses, respectivamente, por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental y un delito contra la Hacienda pública. Y ha reclamado una multa de 22 millones para cada uno.
A Millet y a Montull, saqueadores confesos del Palau de la Música, les entraron las prisas para intentar no pisar la cárcel cuando faltaba poco para comenzar el juicio. El segundo objetivo era salvar de la prisión a la hija de Jordi Montull, Gemma, para quien la Fiscalía pedía 26 años. Y fueron a llamar a la puerta del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, con disposición para delatar a Convergència.
En su declaración como acusados el pasado mes de marzo, los tres confirmaron que Convergència recibió comisiones de Ferrovial a través del Palau, algo que se habían callado durante los ochos años de instrucción. Este miércoles han obtenido su recompensa: la Fiscalía ha rebajado las penas solicitadas para todos ellos al apreciar los atenuantes de confesión y disminución del daño.
Respecto al extesorero de CDC, Daniel Osàcar, la Fiscalía ha elevado a ocho años de cárcel su petición de condena medio año más del inicialmente solicitado. Y para los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, ha elevado otro medio año la cárcel solicitada, de cuatro años y medio a cinco. Para cada uno de los tres acusados ha mantenido las multas solicitadas de 10 millones de euros.
El Palau no acusa a CDC
Finalmente, pese a la presión política, ni el Consorcio (donde están representadas las administraciones públicas) ni la Fundación del Palau de la Música han acusado a CDC, por lo que no han reclamado el decomiso de los 6,6 millones que presuntamente Ferrovial abonó al partido a cambio de obras públicas. Sí lo han pedido la Fiscalía y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ejerce de acusación popular. La secretaria del Consorcio y abogada de la conselleria de Cultura, Maria Pilar Bayarri, ha acudido a la sesión de juicio de este miércoles.
Al contrario que la Fiscalía, el Palau, Hacienda y la FAVB sí han mantenido sus penas contra los saqueadores del Palau de la Música. El Consorcio solicita 21 años de cárcel para Millet y los Montull, petición que la Fundación eleva hasta los 81. En el caso de la Fundación, la solicitud de cárcel aumenta hasta los 81 años para los exresponsables del Palau. La FAVB, por su lado, reclama 37 años de cárcel para Millet y 25 para padre e hija Montull.
