La Fiscalía avala las cargas contra el 1-O porque los heridos sólo fueron el 0,037% de los votantes
Aval de la Fiscalía a las cargas policiales del 1-O. El ministerio público considera que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum no afectó “en absoluto a la normal convivencia ciudadana” y recrimina al Govern que convocara “de forma irresponsable” a los ciudadanos en concentraciones “tumultuarias” ante los locales de votación.
En un escrito, del que ha informado en primer lugar la agencia EFE y al que ha tenido acceso este diario, el ministerio público se opone a investigar la actuación global de ambos cuerpos y pide que se indague solo la intervención de los agentes en un local de votación, la escuela de los Jesuitas de Sant Gervasi. El fiscal no hace mención a las balas de goma que la Policía Nacional disparó en el colegio Ramon Llull de Barcelona.
El fiscal pide al juez no investigar la totalidad de las cargas policiales del 1-O por la acusación “genérica” y “espúrea” del Govern, y realiza, en sus propias palabras, un “ejercicio intelectual” para argumentarlo: asevera el fiscal que de los 2,2 millones de presuntos votantes del 1-O, solo 844 resultaron heridos leves.
“Ello representa el 0,037% de individuos afectados por la presunta violencia leve policial. Hay un único herido grave. Ello representa el 0,000042% de individuos afectados por la presunta violencia grave policial”, indica el fiscal en su escrito.
Asimismo, el fiscal sostiene que “cada uno de los casos concretos” de presuntas agresiones policiales merece ser investigado por la Justicia y la Fiscalía. Sin embargo, se opone a que la actuación policial del 1-O se pueda definir como “violencia grave y generalizada”.
De hecho, el ministerio público acusa –sin concretar– a algunas de las personas que se congregaron frente a los puntos de votación de actuar “violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atestado y resistencia”.
Todos los concentrados frente a los colegios electorales, según el fiscal, lo hicieron “de forma tumultuaria” y con el objetivo de “obstaculizar la labor de los agentes” para impedir el referéndum. Y también señala a los Mossos d'Esquadra al asegurar que Guardia Civil y Policía fueron “los únicos cuerpos” que obedecieron la orden del TSJC para impedir el 1-O.
“Las medidas adoptadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana. Afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocados por el Govern”, asevera el fiscal Juan Carlos Padín.
Considera el fiscal que los votantes del 1-O “de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas para de forma tumultuosa impedir a los agentes policiales intervenir en el cumplimiento de la resolución judicial”.
La Fiscalía viene así a rechazar la principal tesis jurídica de la Generalitat. El Govern aseguró que la actuación policial contra el referéndum vulneró la orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, que ordenó a los cuerpos policiales impedir el referéndum “sin afectar la normal convivencia ciudadana”.
El escrito de la Fiscalía se ha presentado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que tiene en sus manos la denuncia que la Generalitat presentó el mismo 1-O contra las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O.
