Frente común por una nueva ley catalana contra los desahucios que sustituya la impugnada
El Parlament y la Generalitat responderán con una nueva ley catalana contra los desahucios a la impugnación por parte del gobierno de Mariano Rajoy de la ley aprobada por unanimidad el pasado julio, a partir de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. El presidente Carles Puigdemont lo ha anunciado este martes, después de la cumbre que ha convocado en el Palau de la Generalitat.
A la cumbre en el Palau de la Generalitat han acudido, además de los impulsores de la ILP, los responsables de los departamentos de la Generalitat implicados por la ley, los líderes de todos los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara catalana, entidades sociales y sindicales y una amplia representación del mundo local, parte de la cual ya expresó su apoyo a la ley la semana pasada en Catalunya Plural. “Han hecho un retrato mucho más enfocado de una realidad que conocemos, que nos ayuda mucho a todos”, ha explicado Puigdemont sobre los representantes municipales. Han estado presentes los alcaldes de Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma, Reus, Girona y Sant Cugat, y también los representantes de la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Catalunya.
Este lunes la PAH presentó una hoja de ruta con una serie de medidas para que Generalitat y ayuntamientos las apliquen para evitar un retroceso en derechos con la impugnación de la ley. El objetivo de la propuesta es desarrollar legislación vigente que no se está aplicando para adaptar algunas de las medidas de la ley impugnada. Es el caso de las sanciones a los pisos vacíos, que contempla la ley catalana del derecho a la vivienda del 2007. Después de la cumbre, los impulsores de la ley han asegurado que están “satisfechos” con el nuevo proceso legislativo, pero el portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha remarcado que “no salimos de aquí con un compromiso en acciones concretas para emprender desde los municipios ni de la Generalitat”, y ha apuntado que deberán encontrarse con los municipios para concretar estrategias.
Según ha explicado Puigdemont, el consenso ha estado en que “lo que nos hace falta es una nueva ley que permita sustituir todo lo que haya quedado suspendido y recoja también lo que no está suspendido para dotar al mundo local y la Generalitat de herramientas que nos permitan seguir dando una respuesta de país con argumentos sólidos”. Las entidades municipalistas han reclamado a las entidades financieras, en representación de todos los ayuntamientos catalanes, que no se levanten de la mesa. “Pedimos a las entidades financieras responsabilidad, porque que el Parlament aprobó por unanimidad una ley que ha sido útil y queremos trabajar para que siga siendo útil”, ha asegurado David Saldoni, de la Asociación Catalana de Municipios.
“Uno de los temores es que debido a la suspensión de la ley se provoque una ola de desahucios que, según nos informaron los ayuntamientos, se han podido contener gracias a la ley”, ha alertado Puigdemont. De momento, sin embargo, el portavoz de la PAH ha remarcado que la ley sigue vigente hasta que el Tribunal Constitucional la admita a trámite en los próximos días.
Máxima celeridad
Con este espíritu, el president Carles Puigdemont ha anunciado que los departamentos implicados del Govern, los impulsores de la ILP y el Consejo de la Abogacía de Catalunya se pondrán a trabajar este mismo miércoles en el redactado de la nueva ley. “Se hará con toda la celeridad que tanto el reglamento del Parlament como la capacidad técnica y los requisitos legales nos permitan”, ha asegurado Puigdemont.
El pasado viernes el ejecutivo de Mariano Rajoy presentó el recurso al Tribunal Constitucional que implicaba la suspensión cautelar del grueso de las medidas en materia de vivienda de la ley impulsada por la PAH. Se han suspendido todas las medidas que obligaban a los bancos y grandes propietarios de vivienda, como la obligación de ofrecer un realojo alternativo en alquiler social antes de un desahucio o la obligación de ceder los pisos que no cumplen su función social a las administraciones para que los destinaran a cubrir necesidades de las familias. Lo que quedó intacto fueron las medidas en materia de pobreza energética y, ahora, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética vuelven a reclamar su aplicación, ya que la Generalitat no ha desplegado todas las medidas.
Despliegue pendiente
La portavoz de la Alianza, María Campuzano, ha remarcado que la reunión tampoco ha salido un compromiso para la firma del convenio con las empresas suministradoras para que asumen los recibos que las familias no pueden pagar. En esta línea, desde la Federación de Municipios de Catalunya, Xavier Amor ha reclamado más recursos, “porque nos toca a los ayuntamientos hacer frente a estas situaciones”.
El presidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social, Oriol Illa, ha criticado que la Generalitat no había convocado desde hacía más de un año las mesas sobre desahucios y sobre pobreza energética, en las que participan también las entidades financieras y compañías suministradoras, “las grandes ausentes de esta reunión”. Illa ha remarcado que la suspensión de la ley ha sido una “estocada” a un derecho social y apunta a la necesidad de un nuevo pacto catalán por el derecho a la vivienda, ya que el anterior se hizo en 2007 en otro contexto social. En esta materia, asegura, no ha habido compromiso del Govern, pero sí “intervenciones favorables”.
