La Generalitat halla irregularidades en los contratos de las obras investigadas por el 3%
La constructora propiedad de la familia Sumarroca, fundadores de CDC. Adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por CiU. Y el rastro de comisiones ilegales al partido nacionalista que persiguen un juez de El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Está por ver si la investigación penal de las presuntas comisiones depurará responsabilidades, pero de momento la Generalitat ha aportado al juez informes en los que constata irregularidades administrativas en cinco de las 24 obras bajo sospecha por el 3%.
El caso más flagrante es el de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El consistorio convergente adjudicó en 2009 a Teyco, propiedad de los Sumarroca, la construcción de un bloque de viviendas por 4,64 millones de euros. La constructora se hizo con el contrato tras una baja temeraria del 9,71%, es decir, una oferta anormalmente baja, pues la oferta inicial del ayuntamiento superaba los 5 millones. La mesa de adjudicación decidió no valorarlo, algo que afea ahora la auditoría.
En el informe sobre la legalidad administrativa que obra en el sumario de la causa, un técnico de la dirección general de la administración local de la Generalitat constata que, en el caso de Sant Cugat, existe una “falta de justificación de la no exclusión de Teyco por baja temeraria” para construir los edificios. Es decir, que se dio el contrato a la oferta más económica, la de Teyco, sin motivarlo.
No es la única irregularidad. En su informe, la administración catalana también señala que la intervención municipal no fiscalizó la operación y que tampoco se motivaron las puntuaciones otorgadas por la mesa de contratación a Teyco. En el resto de aspectos, el contrato “se ajusta a la normativa”.
Otra de las obras examinadas por los investigadores y los técnicos de la Generalitat es la ordenación de un parque de Lloret de Mar (Girona), adjudicada a Teyco en 2009 por 1,79 millones de euros. En este caso, el informe señala que la obra no formó parte del presupuesto. En el pliego de cláusulas para adjudicar la obra, tampoco se incluyó el precio que ofrecieran los distintos candidatos, “vulnerando el principio fundamental de la contratación pública como es la determinación de la oferta más ventajosa”.
En Sant Celoni (Barcelona), la construcción de un centro de formación adjudicada a Teyco se realizó sin la aprobación definitiva del proyecto técnico de las obras, según constata la Generalitat. Tampoco consta que el pliego de cláusulas administrativas del proyecto se sometiera a información y se aprobase de forma definitiva. El informe tilda estas irregularidades administrativas de “infracciones simples” que son causa de nulidad de los contratos.
Y en Figueres (Girona), la Generalitat ha detectado que en el procedimiento para adjudicar las obras para mejorar el acceso a la piscina cubierta a Teyco en 2009 falta el informe del secretario y el interventor municipal previos a la aprobación de las cláusulas administrativas y tampoco se cumplió con el trámite de información pública de las mismas.
En la fase final, además, pese a que el contrato indicaba que las mejoras en la obra no supondrían un coste adicional para el ayuntamiento, Teyco facturó bajó este concepto al consistorio 145.523,73 euros. “Contravenían lo que estipulaba el contrato administrativo”, concluye el informe. En otro contrato menor del consistorio figuerense sobre las piscinas del municipio, en este caso adjudicado al despacho de arquitectos MMI, tampoco figura en el expediente el informe del secretario municipal.
La Guardia Civil cifra en un millón de euros las comisiones que recibió CDC entre 2008 y 2013. Tanto el máximo responsable de Teyco, Jordi Sumarroca, hijo del constructor fundador de CDC, como la empresa, están imputados –investigados, según la nueva denominación– por cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos. También lo están Germà Gordó y los extesoreros de CDC. Su destino se dirimirá, casi con toda seguridad, en la Audiencia Nacional, instancia a la que Anticorrupción ha pedido enviar la causa.
