El Govern se querella contra el fiscal general del Estado y pide suspender la orden del TSJC para cerrar colegios el 1-O
La Generalitat ha decidido a 48 horas del 1-O dar batalla legal a las acciones que los tribunales y la Fiscalía llevan tres semanas impulsando contra el referéndum. El conseller de Justicia, Carles Mundó ha anunciado que el Govern ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la orden de la magistrada Mercedes Armas a Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil para cerrar los colegios electorales el 1-O. El recurso incluye la solicitud para que la orden judicial para impedir el voto el 1-O quede en suspenso.
Mundó ha presionado al TSJC para que se pronuncie sobre la suspensión de la orden de la magistrada Armas esta misma tarde del viernes. “Sería inexplicable que una instrucción [para cerrar colegios] que afecta al domingo se resolviera el lunes”, ha dicho el conseller.
El conseller se ha dirigido específicamente a la magistrada Armas, quien paró los pies a la Fiscalía el miércoles al asumir el operativo para impedir el 1-O. Mundó ha considerado la orden de la magistrada para cerrar colegios de “desproporcionada”, y, a la vez, que tiene un “carácter genérico e inconcreto”.
“La magistrada tiene la oportunidad de reconsiderar las medidas y revocar la orden para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, ha dicho el conseller de Justicia. En opinión del Govern, el auto de la magistrada vulnera “los derechos de los ciudadanos que quieren votar”.
La batería de medidas legales no termina con el recurso. Mundó ha anunciado que el Govern se querellará –aunque formalmente todavía no lo ha hecho– contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y contra el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, por las órdenes de la Fiscalía para impedir el referéndum. En concreto, por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones.
Mundó también ha acompañado el anuncio de sendas querellas de duras acusaciones contra la cúpula fiscal catalana y estatal, a la que ha acusado de actuar “fuera de la ley” para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional pero que la Generalitat quiere celebrar.
Entiende la Generalitat que las ocho instrucciones que la Fiscalía ha dictado desde el pasado 9 de septiembre, que incluyen órdenes a los cuerpos policiales para requisar urnas e incluso precintar colegios electorales, suponen “otorgarse funciones que no le corresponden” en la dirección de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según ha dicho Mundó.
