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El Govern engrasa la idea de adelantar el referéndum si continúa “la judicialización de la política”

El Govern no descarta adelantar el referéndum siempre que haya "plenas garantías"

Arturo Puente

Con los presupuestos encarrilados tras el anuncio del 'sí' de la CUP, el debate entre las fuerzas soberanistas se centra ahora en la fecha en la que debe celebrarse el referéndum no acordado. Tras varios días con declaraciones cruzadas sobre este aspecto, la consejera portavoz, Neus Munté, ha engrasado este martes la idea de poder adelantar la convocatoria a fechas más cercanas que el próximo septiembre.

Según ha mostrado Munté, el referéndum podría hacerse antes de la fecha máxima de septiembre “si las circunstancias lo aconsejan”. Respecto a estas circunstancias, Munté ha señalado a la “judicialización de la política” que, según ha opinado, se encuentra en estos momentos en un momento “excepcional y extremo”. “[El referéndum] se puede hacer antes si las circunstancias lo aconsejaran, pero nuestro objetivo es celebrarlo en septiembre como muy tarde”, ha explicado la consellera portavoz.

El Govern de la Generalitat tiene la mirada puesta en los juicios de políticos, como el que sentará a Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega en el banquillo el próximo 6 de febrero por el proceso participativo del 9-N, o el del exconseller Francesc Homs por el mismo motivo. Pero no solo estos, ya anunciados, sino también los que podrían venir, como el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por un presunto delito de desobediencia al haber permitido el debate de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente en el Parlament.

Estas citas judiciales y sus posibles consecuencias condenatorias son vistas por el Ejecutivo catalán como un posible acelerante del choque institucional, que desembocaría en el referéndum no acordado. Pese a esto, Munté ha vuelto a subrayar su deseo de que el referéndum sea acordado y ha explicado que el Pacto Nacional por el Referéndum, que tiene el encargo de posibilitar el pacto con el Estado, volverá a reunirse este miércoles.

En los últimos días varios han sido los líderes políticos independentistas que han marcado la inhabilitación de Forcadell como hechos de no retorno que precipitarían el referéndum. Entre ellos, este martes, el vicepresindent Oriol Junqueras, quien ha asegurado que el referéndum sería la mejor respuesta a una condena contra la presidenta del Parlament. En los mismos términos se ha expresado Artur Mas, asegurando que el referéndum podría ser antes de septiembre y señalando los meses de primavera como idóneos.

Además de las citas judiciales, el debate sobre la fecha del referéndum tiene mucho que ver con otro evento marcado en el calendario: la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica. Esta ley, que según diversas fuentes del Ejecutivo está en fase final de su redacción, sería la primera que se situaría fuera del ordenamiento constitucional español.

La aprobación de esta ley, prevista para la primavera de este año, sería el verdadero precipitador del choque institucional que el Govern quiere usar como argumentación para el referéndum. Pese a que desde el gobierno aseguran que ya están preparados para celebrarlo, diferentes fuentes señalan al mes de abril como momento en el que se acabará de concretar la fecha del referéndum.

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