En libertad el director general de Unipost tras ser detenido el registro de la empresa por el 1-O
La Guardia Civil ha registrado en la mañana de este jueves la sede de la empresa de mensajería Unipost en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por la presunta colaboración de la empresa en el referéndum del pasado 1 de octubre. La operación ha sido ordenada por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga la votación. Los agentes han detenido al director general de Unipost, Pablo Raventós, para que asista al registro. Una vez ha terminado, pasadas las 19:00h., ha quedado en libertad. También ha sido registrada la sede social de la empresa, en la calle Mallorca de Barcelona, y un domicilio particular.
La empresa ya estaba bajo el foco de los investigadores porque fue una de las que cobraron de la Generalitat para llevar a cabo la consulta del 9-N en 2014, lo que aumentó las sospechas sobre su posible vinculación con el 1-O. Acertaron: el pasado 19 de septiembre la Guardia Civil se incautó en una oficina de Unipost en Terrassa de 45.000 sobres con notificaciones a miembros de mesas electorales del 1-O. La operación de este jueves indaga sobre posibles pagos del Govern a Unipost.
Asimismo, los agentes han dado cuenta al juez en un informe de una reunión el pasado 15 de septiembre del propietario de la empresa Unipost, Antón Raventós, con uno de los imputados en la causa y detenidos en la operación del 20 de septiembre, el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrias. En el encuentro también participó el exconseller de ERC, Francesc Vendrell, asesor informal del Govern al que la Guardia Civil otorga un papel relevante en la organización del 1-O.
Unipost está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones de euros por lo que no puede contratar de manera directa con las administraciones públicas. Esta empresa entró el pasado mes de julio en concurso de acreedores con una deuda de 50 millones de euros y pertenece a una rama de la familia Raventós, propietaria de Codorniu. Y el pasado 11 de octubre presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder superar su mala situación económica.
