El exnúmero dos de Junqueras denuncia ante el tribunal de Estrasburgo su detención el 20-S
La operación contra el referéndum del pasado 20 de septiembre ha llegado a la Justicia europea. El exsecretario general de la Vicepresidencia y de Economía, Josep Maria Jové, antigua mano derecha de Oriol Junqueras, ha denunciado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo porque su arresto “no se hizo de acuerdo con la ley”.
Jové, que cesó del cargo el 22 de septiembre para evitar las multas que le impuso el Constitucional, asegura en su denuncia que su arresto fue “intimidatorio más que basado en motivos legales”, y que se vulneraron tres artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tres de los protocolos de esta institución. El abogado de Jové, Andreu Van den Eynde, hace hincapié en que la detención no respetó la legalidad estatal ni el derecho a informar a su defensa, y que tampoco se comunicó a la Fiscalía.
Jové fue uno de los seis detenidos –de un total de 14 el 20 de septiembre– que permanecieron arrestados hasta el viernes 22 después de la operación ordenada por el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que descabezó la logística del 1-O con 41 registros en sedes gubernamentales y de empresas y la confiscación, por parte de la Guardia Civil, de 9,5 millones de papeletas del 1-O.
La denuncia remarca asimismo que las 52 horas que Jové pasó detenido fue “un período más largo del que era necesario para el objetivo de la investigación”. “El arresto y la detención no son legales”, ahonda el escrito.
Por otro lado, la denuncia también abarca la multa que impuso el Constitucional a Jové. Asegura el texto que la capacidad coercitiva del Alto Tribunal “en ningún caso cumple con los requerimientos básicos del artículo 6,”, que regula los elementos de un proceso judicial justo.
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, advirtió de que la capacidad coercitiva del Constitucional, que le convierte en garante de sus propias resoluciones, le podía hacer perder la autoridad como árbitro neutral de la Constitución a ojos de la ciudadanía y de los sancionados.
