Junqueras reclamará a Santamaría incumplimientos del Estado que estima en 4.600 millones
El pesimismo sobre las posibilidades de llegar a acuerdos es la nota dominante en las horas previas a la reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. Este encuentro, que se celebrará este jueves por la mañana en Moncloa y se prevé de carácter técnico, servirá para intentar acercar posturas sobre los temas más polémicos y que han embarrado las relaciones entre ambas instituciones, después de la reunión mantenida entre los presidentes de ambos Ejecutivos, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, con la que se retomó el contacto después de casi dos años.
En el capítulo económico, el vicepresident Junqueras reclamará ante Santamaría incumplimientos del Estado con Catalunya, algunos de ellos saltándose sentencias de los tribunales, que el Govern valora en hasta 4.600 millones. De ellos, 3.800 millones corresponden al incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut de autonomía durante los últimos 5 años, que según calcula el departamento de Economía habría acumulado una falta de inversión del Estado a razón de 760 millones por año. El resto, casi 800 millones, corresponderían a impagos del Estado a la Generalitat en materias como las becas universitarias, la financiación de los Mossos, que se calcula mediante datos desfasados, el retorno del 0,7% social del IRPF o las tasas judiciales.
Además de esas cifras, la Generalitat también reprocha al Gobierno de Rajoy haber impugnado diversos tributos propios de la Generalitat, con los que esta calcula que podía haber recaudado hasta 850 millones anuales. Buena muestra de este tipo de paralizaciones de tributos desde el Estado se ha dado este mismo miércoles, cuando el Constitucional ha anunciado la anulación del impuesto catalán a la energía nuclear, que hubieran provisto de 50 millones anuales a las arcas de la Generalitat.
La vuelta a la normalidad institucional, al menos en las formas, no ha traído sin embargo un cambio en la actuación del Gobierno central a la hora de impugnar legislación vía recurso al Constitucional. El pasado viernes, solo dos días después de la reunión entre presidentes en Moncloa, el Consejo de Ministros decidió llevar ante el Alto Tribunal tres leyes más, la de viviendas vacías, de los gobiernos locales y de igualdad entre mujer y hombre, sumando ya 30 recurridas en lo que va de legislatura. “Es parte del ejercicio normal de la Administración”, justificaba su actuación el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El PP ha querido ejemplificar su voluntad de diálogo con el Govern anunciando un día antes de la reunión acuerdos en la comisión bilateral sobre cinco materias, que evitarán recursos ante el Constitucional en leyes relativas a la protección de la infancia, el Instituto Catalán de Finanzas y la gestión de la Administración catalana. Pocas horas después el Govern le quitaba importancia a estos acuerdos asegurando que son reuniones ordinarias y “meramente jurídicas”, pese a las cuales no esperan alcanzar grandes pactos. “Vamos con toda la voluntad, pero la experiencia nos enseña que hay que esperar pocas expectativas”, ha asegurado Junqueras.
Las impugnaciones, no solo de tributos sino también de leyes de todo tipo, son uno de los capítulos centrales del memorial de agravios de 46 puntos que Puigdemont esgrimió ante Rajoy y que guiarán las demandas de la Generalitat ante el Gobierno. El vicepresident ha anunciado que una de las demandas principales ante Santamaría será que el Gobierno no impugne la ley contra la pobreza energética y los desahucios, aprobada en el Parlament gracias a una ILP de la PAH. Este miércoles, Junqueras se ha reunido con portavoces de la plataforma antidesahucios, que le han exigido que salga de la reunión en Moncloa con el compromiso de que el Gobierno no impugnará la norma que ellos impulsaron.
