JxSí y la CUP fuerzan una votación para desobedecer al Constitucional y enfurecen a la oposición
El último pleno del Parlament antes de las vacaciones ha empezado este martes en un estado de alta tensión entre partidarios y detractores de la independencia de Catalunya. El motivo es que Junts pel Sí y la CUP, que suman una mayoría de 72 diputados, forzarán la votación en el pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente catalán. Dicha comisión se creó a partir de la declaración de soberanía aprobada por los independentistas el pasado 9 de noviembre, que posteriormente fue declarada inconstitucional. Las conclusiones que se votarán en el pleno reafirman los objetivos del texto anulado por el Tribunal Constitucional: básicamente, continuar la tramitación de las tres leyes 'de desconexión' –Hacienda, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica– para llevar a cabo el “proceso constituyente” de un Estado catalán independiente. Asimismo, se contempla activar un “mecanismo unilateral de ejercicio democrático” para convocar una “Asamblea Constituyente”.
Si JxSí y la CUP siguen el plan previsto y piden votar las conclusiones de la comisión este miércoles, la Abogacía del Estado podría pedir al Tribunal Constitucional que active los mecanismos coercitivos contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones –en este caso, los diputados independentistas– contemplados en la última reforma de la ley del Alto Tribunal aprobada por el PP.
JxSí y la CUP incluirán la votación de las conclusiones en el orden del día una vez empezado el pleno que ha arrancado este martes por la tarde con varias interpelaciones al Govern y se alargará hasta el jueves. El motivo es no exponer a la Mesa de la Cámara –que optó por no incluir la votación de las conclusiones en el orden del día del pleno, el último antes de vacaciones– a una posible sanción del Constitucional.
Esta maniobra parlamentaria ha enfurecido a la oposición. C's, PP y PSC han instado a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a evitar que los diputados independentistas cometan la “ilegalidad” que, a su juicio, supondría votar las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. El PP ha anunciado que se marchará del hemiciclo del Parlament en el momento de la votación.
La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciutadans), ha considerado que la votación será un “golpe a la democracia”. El líder del PP en el Parlament, Xavier Garcia Albiol, la ha calificado de “atentado contra el estado de derecho”.
Por su lado, el portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, ha anunciado que su grupo no participará en la votación para incluir las conclusiones del proceso constituyente pero que, una vez terminen en el pleno, votarán en contra de las mismas. A su juicio, el texto “ahonda en la fractura” de la sociedad catalana.
El PSC debatirá las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pero no participará en la votación. Para el diputado socialista Ferran Pedret, que JxSí y la CUP pidan votar las conclusiones en el pleno pese a que la Mesa no ha incluido este punto en el orden del día responde a una “maniobra” de JxSí para satisfacer a la CUP de cara a la cuestión de confianza a la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se someterá en septiembre.
Por contra, el Govern ha desvinculado el examen de Puigdemont de la votación de las conclusiones del proceso constituyente. La portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, ha valorado como “plenamente normal” la elevación de las conclusiones al pleno.
El aviso del Constitucional
El Tribunal Constitucional ya advirtió la semana pasada que el texto de las conclusiones era contrario y “absolutamente inviable” por su coincidencia con el “proceso de desconexión” contemplado en la declaración del 9-N anulada. El pleno del Alto Tribunal también acordó estimar el incidente de ejecución planteado por el Gobierno sobre la sentencia que tumbó la declaración del 9-N. El Ejecutivo entiende que los diputados independentistas están desarrollando un texto anulado por el Constitucional.
En última instancia, si el pleno del Parlament aprueba las conclusiones y así se lo pide la Abogacía del Estado, el Constitucional se vería abocado a activar las medidas coercitivas que le brindó la última reforma aprobada por el PP. Entre ellas se incluyen la imposición de multas y la suspensión de autoridades o empleados públicos que incumplan sus resoluciones. Tampoco se descarta la activación de la Fiscalía.
El enfrentamiento institucional que mantienen Generalitat y Gobierno incomoda al Constitucional, que en numerosos autos ha dado pistas a los políticos para encauzar el debate dentro de los límites que marca la Constitución.
¿Qué dicen las conclusiones?
El contenido de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente ha quedado en segundo plano tras las posibles actuaciones del Constitucional. La gran novedad de las mismas es la inclusión de un “mecanismo unilateral de ejercicio democrático”. El referéndum unilateral de independencia es uno de los puntos que la CUP ha planteado a Puigdemont para que el president supere con éxito la cuestión de confianza.
El objetivo de la unilateralidad, según el texto de las conclusiones, es convocar una Asamblea Constituyente que no sería “susceptible al control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder”. El proceso constituyente tendría tres fases: una de participación ciudadana, otra de “desconexión” con el Estado en base a las leyes de Hacienda, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica y, finalmente, la ratificación mediante referéndum de la Constitución catalana.
