Los miembros de la Mesa imputados en el caso Forcadell se niegan a responder al TJSC: “El Parlament no puede ser interrogado”
Diez minutos ha durado la declaración como imputados en el caso Forcadell del vicepresidente primero y la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament, Lluís Corominas y Ramona Barrufet. Ambos se han limitado a señalar que conocían y ratificaban la declaración que prestó Carme Forcadell el pasado lunes. Se han negado a decir nada más. “El Parlament no puede ser interrogado”, ha afirmado Barrufet en una rueda de prensa posterior en la Cámara catalana.
Según han argumentado Corominas y Barrufet, la tramitación de una resolución sobre el referéndum por la que están imputados (investigados, según la nueva denominación) está amparada por la inviolabilidad parlamentaria, el principio que garantiza la libertad de expresión de los diputados, y en ningún caso supone desobedecer al Constitucional. Lo mismo hizo Forcadell el lunes.
En su breve comparecencia ante la magistrada del TSJC, Maria Eugènia Alegret, y el teniente fiscal, Francisco Bañeres, Corominas y Barrufet solo han contestado a dos preguntas de su abogado, Xavier Melero. La primera respuesta ha servido para declararse enterados de la tesis de defensa de Forcadell, y la segunda para añadir que no dirían nada más hasta que se resuelva la petición de archivo de la causa, basada precisamente en su inviolabilidad como parlamentarios.
Alegret rechazó el pasado viernes la solicitud de archivo presentada por el abogado de Forcadell, Andreu van den Eynde, en un escrito de solo siete líneas, alegando que no era el momento procesal para resolver la cuestión. Van den Eynde replicó con un recurso en el que remarcaba que Alegret debía resolver el asunto como cuestión previa en el procedimiento, dada su obligación de dar amparo a los parlamentarios.
Inviolabilidad vs desobediencia
Este viernes ha quedado claro que la tesis de defensa de Forcadell, Corominas, Barrufet y Anna Simó (JxSí) y Joan Josep Nuet (CSQP), los cinco miembros de la Mesa imputados, seguirá liderada por la inviolabilidad parlamentaria.
Sin embargo, el TSJC ya ha dejado claro que el caso Forcadell no versa sobre la inviolabilidad parlamentaria o sobre el derecho a la libertad de expresión de los diputados, sino sobre si la Mesa desobedeció al Constitucional cuando decidió tramitar la resolución sobre el referéndum en octubre, y si Forcadell también transgredió al Alto Tribunal al permitir el debate sobre el proceso constituyente en julio.
En la resolución del pasado marzo en la que desestimaba los recursos de súplica de los investigados tras la segunda querella de la Fiscalía, la sala civil y penal del TSJC ya advirtió que la inviolabilidad parlamentaria no permitía “generar zonas inmunes al imperio de la ley”, y que solo amparaba las opiniones y los votos de los diputados.
La tesis de acusación de la Fiscalía, según han apuntado fuentes judiciales, tirará de ese hilo y argumentará que la actuación de la Mesa no es una opinión o un voto, sino un acto decisorio, por lo que no puede quedar bajo el paraguas de la inviolabilidad parlamentaria.
En su comparecencia posterior ante los medios, Corominas y Barrufet han defendido su negativa a declarar ante la jueza y han cargado contra la Fiscalía. “No queremos someter al Parlament a un interrogatorio constante”, ha afirmado Corominas. Asimismo, ha criticado la decisión de la magistrada de aplazar la resolución del recurso de los diputados alegando que no era el momento procesal oportuno (faltaban practicar diligencias, para empezar la declaración como imputados de los diputados)
Corominas ha considerado que este hecho vulnera sus derechos como diputados y crea inseguridad e indefensión jurídica en su actuación como miembros de la Mesa. “La inviolabilidad y las diligencias de instrucción son contradictorias”, ha concluido.
