“En el juicio del Palau la Generalitat solo busca librar a Convergència”
La recta final del juicio del caso Palau ha provocado una réplica del terremoto que causaron las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull sobre la financiación ilegal de Convergència. La Generalitat, a instancias del PDECat, ha forzado que el Palau de la Música no acuse a Convergència, por lo que no podrá reclamar los 6,6 millones que presuntamente Ferrovial abonó al partido en comisiones ilegales a cambio de obra pública a través del auditorio.
El Govern ha contado con la ayuda del Estado. Los representantes del ministerio de Cultura no acudieron a la reunión para resolver la actuación del auditorio en el juicio que celebró el viernes el Consorcio del Palau, el ente donde están representadas las administraciones públicas.
Solo el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado un giro en la acusación que abrace las tesis de la Fiscalía y la acusación popular que ejercen los vecinos de Barcelona. El representante municipal en el Consorcio, Joan Llinares (Alzira, 1953), el hombre que hizo limpieza en el Palau tras décadas de saqueo de Millet y Montull, atiende por teléfono a este diario a media tarde de este lunes. Ada Colau acaba de enviar una carta a Carles Puigdemont para que convoque una nueva reunión del Consorcio este martes. Si no hay un giro inesperado de los acontecimientos, la Generalitat no convocará la reunión y el Palau no acusará a CDC el miércoles, cuando eleve a definitivas sus conclusiones en el juicio.
Este lunes han hecho una última llamada para que se convoque una nueva reunión del Consorcio. ¿Han recibido respuesta?
No. Esta tarde [del lunes] hemos enviado una petición formal para pedir una reunión urgente del Consorcio para este martes.
¿Están obligadas a asistir las otras administraciones?
No están obligadas porque por ahora [la tarde de este lunes] no está convocada la reunión. Estatutariamente, quien tiene la potestad de convocarla es el president de la Generalitat.
¿Es habitual que los representantes del Estado, la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, Montserrat Iglesias, y el subdirector general del INAEM, no vengan a una reunión del Consorcio, como ocurrió este viernes?
En el caso del Palau, los representantes del Estado siempre habían acudido a las reuniones hasta la del viernes pasado. Además, esta reunión fue excepcional porque se llegó a tener que votar sobre la acusación a Convergència porque el debate había quedado estancado. No había pasado nunca.
¿Qué alegaron para no venir?
Solo nos han dado una explicación: problemas de agenda.
¿Nada más?
El Estado (y los acusados en la causa, aunque por motivos distintos) sería el principal beneficiado de que el Palau no pidiera decomisar los 6,6 millones a Convergència. Si lo ordena la sentencia, los millones decomisados no irían al Palau sino al fondo estatal de decomisos al tratarse de comisiones a cambio de obra pública, es decir, a las arcas del Estado en vez de a las del Palau.
Desde la Generalitat aseguran que la decisión es “jurídica”, porque los fondos del Consorcio solo forman parte del saqueo de Millet y Montull y no de las comisiones de Ferrovial a CDC, que se habrían enmascarado a través de la Fundación.
En la Fundación también están representadas las administraciones públicas, además de en el Consorcio. La actitud de la Generalitat recuerda a la época de Millet: para lo que interesa es el Orfeó, para lo que interesa es la Fundación y para lo que interesa es el Consorcio. Pero en realidad el Palau de la Música es una estructura única. Si se mantuvo la estructura anterior fue para que se pudiera recuperar el dinero del saqueo.
El Consorcio, y las tres administraciones que lo forman, tendría que ser el garante de que las cosas se hagan bien. Si esto implica exigir que la sentencia decomise 6,6 millones a CDC para que reviertan al Palau, se tiene que exigir. Lo tendríamos que pedir todas las administraciones, no solo el Ayuntamiento de Barcelona.
¿La decisión de la Generalitat es política?
Hasta el 2011 el Consorcio acusaba a los presuntos autores de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo en la pieza separada del caso Palau sobre la financiación irregular de CDC. Pero cuando CiU gana las elecciones y vuelve al Govern, lo primero que hace es ordenar que se retire la acusación contra el partido. ¿Por qué se podía acusar en 2011 y ahora no? Es una decisión política, no jurídica. Argumentos jurídicos para acusar tenemos muchos. El Palau de la Música ha sido víctima de unos delitos y por lo tanto reclama que se le resarza como institución.
Santi Vila ha dicho que ya verán lo que hacen cuando haya sentencia. ¿Se puede reclamar un dinero con la sentencia dictada, si no se ha pedido antes?
Después de la sentencia no se puede hacer nada si no se ha pedido antes. En las últimas semanas la Generalitat solo ha buscado la manera de eludir sus responsabilidades y librar a Convergència, a Daniel Osàcar y a Ferrovial. Su argumentario solo busca impedir que CDC devuelva 6,6 millones.
Se les han puesto sobre la mesa las periciales del juicio y la jurisprudencia existente. Nuestra obligación es defender los intereses de una institución, el Palau, que ha sido víctima de un saqueo. El Palau se usó como tapadera para perpetrar varios delitos. Si los 6,6 millones los pide el Consorcio o la Fundación es secundario, lo importante es que el decomiso se controle desde la institución y asegurar que el dinero se revierta en el Palau.
¿Ha revivido los problemas que le pusieron cuando quiso hacer limpieza en el Palau?
Esta situación me ha recordado a mis tiempos en el Palau. Las posiciones que defendían ciegamente a Convergència dificultaron nuestro trabajo sin pensar en los intereses del Palau como institución. Millet pudo construir su trama por la división de entidades del Palau, entre Orfeó, Consorcio y Fundación, que él manejaba como presidente único, sin ningún control ni ninguna fiscalización por la hiperprotección que recibió desde las más altas instituciones políticas.
