El Parlament catalán lleva un año sin aprobar ninguna ley nueva
Cuando se cumplían 100 días de su llegada a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont anunció un ambicioso plan de gobierno en el que preveía aprobar 45 leyes. El objetivo que se marcaba era similar al número de leyes aprobadas en la última legislatura de Artur Mas, con la dificultad de que Puigdemont debería sacarlas adelante en la mitad de tiempo que su antecesor, debido a los 18 meses que teóricamente ha de durar esta legislatura.
Pero, seis meses después de su investidura, la producción legislativa en el Parlament de Catalunya se ha ralentizado hasta el punto de haber dado como resultado una sola modificación legislativa y ninguna ley nueva.
El parón viene de antes. Hay que remontarse hasta julio de 2015, hace un año, para encontrar la última nueva ley aprobada, sobre el voluntariado y asociacionismo. Desde entonces, el Parlament de Catalunya ha mantenido el contador legislativo a cero.
En este momento son 11 los proyectos de ley y 30 las proposiciones en trámite parlamentario, algunas de ellas en un estado muy avanzado. Entre los más desarrollados, el proyecto de Ley de Estadística, que está en fase de enmiendas al articulado, o el de incompatibilidades de los diputados, que está a la espera del debate final en el pleno. También las iniciativas que llegan de la ciudadanía en forma de ILP, de las que en este momento las más desarrolladas son la de Renta Garantizada de Ciudadanía y la modificación de ley de finanzas públicas.
“Ha habido actividad legislativa, y no es poco trabajo el que hemos hecho, pero ha sido del invisible”, defiende el portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent. Según explica, en cola hay importantes proyectos de ley, como el de la Hacienda catalana o el de la Seguridad Social, trabajados durante los últimos seis meses y que previsiblemente se acelerarán a la vuelta de vacaciones. “Hemos estado muy centrados en las ponencias de estas leyes, pero también en otras. De hecho, esta misma semana se ha convocado la cumbre para rehacer la ley 24/2015 de medidas contra la pobreza energética, tumbada por el Constitucional”, apunta Torrent.
Pero las explicaciones del grupo de JxSí no convencen a la oposición, que califica la situación de “inusual e irregular”. “Es injustificable que el Govern no haya aprobado ningún proyecto de ley durante este periodo de sesiones”, considera Alícia Romero, portavoz adjunta del PSC. Los socialistas se sorprenden de que la oposición “ha tenido más iniciativa legislativa que el propio Govern”, y sacan pecho al afirmar que su grupo ha sido el que mayor número de proposiciones de ley ha presentado.
Calendario, prioridades y estabilidad
Los datos de balance del curso parlamentario recién acabado indican un periodo de sequía legislativa de 12 meses que tiene causas diversas. Los primeros seis son achacables al calendario. La convocatoria de elecciones el 27 de septiembre del año pasado que, sumado al periodo estival, dejó al Parlament sin actividad entre el 31 de julio y el 26 de octubre. Tras eso, la dificultad de JxSí y la CUP para ponerse de acuerdo sobre la investidura de un nuevo president paralizó la tarea parlamentaria hasta el 10 de enero de 2016.
A partir de entonces, el Govern ha ido elaborando proyectos de ley sin que ninguno se haya llegado a materializar todavía. “Es perfectamente posible aprobar proyectos de ley en seis meses, también lo es en cuatro meses, y no solo un proyecto de ley sino varios, porque van por diferentes comisiones”, asegura el diputado de Ciutadans José María Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo del Parlament. Según él, si no se han aprobado ha sido porque “la única preocupación del Govern es la independencia, se ha olvidado de los problemas que preocupan a la gente en la calle”.
Junts pel Sí rechaza esta idea. “Si se repasan las iniciativas que están en cola y que entrarán justo después del verano, los temas de las leyes son sobre todo de carácter social. De hecho las propias leyes que crean la agencia de protección social y la Hacienda propia, son ambas básicas para el Estado de bienestar”, considera Torrent. Además, según el independentista, el hecho de que el Constitucional tumbe leyes como la 24/2015 o el impuesto a las nucleares frena el trabajo parlamentario, pues se ven obligados a volver a dar respuesta a los problemas que atajaban con las normas anuladas.
“El verdadero problema del Gobierno independentista es la inestabilidad. No presentas leyes si no estas seguro de que tu socio preferente y único te las vaya a aprobar”, opina Espejo-Saavedra en referencia a las difíciles relaciones entre JxSí y la CUP que han sido el compás del primer tramo de la legislatura. Algo similar considera Romero, quien recuerda que la CUP ha hecho perder a JxSí 80 votaciones entre plenos y comisiones. “Eso hace que la aprobación de leyes no sea un camino fácil para el Govern”, resume.
