La jueza pide a la Policía un informe para comprobar si el 20-S acudió a la sede de la CUP sin orden de registro
¿Los antidisturbios de la Policía Nacional acudieron a la sede de la CUP sin orden de entrada y registro? Así lo sostiene el partido anticapitalista, que denunció los hechos a principios de octubre. La jueza ha aceptado la denuncia de la CUP y ha encargado un informe a la Policía Nacional sobre su “actuación” el pasado 20 de septiembre, día de la macroperación contra el referéndum.
En su denuncia, la CUP atribuyó a la Policía los presuntos delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías a la intimidad cometidos por funcionario público y coacciones graves por, según los anticapitalistas, acudir frente a su sede sin ninguna orden judicial de entrada y registro.
Ahora la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha admitido a trámite la denuncia que la CUP y ha requerido a la Policía Nacional que le remita un informe con los detalles de su actuación. La magistrada ve indicios de que los hechos relatados por la CUP en su denuncia podían ser “constitutivos de infracción penal”.
Los hechos que ahora investigará la magistrada se centran en el despliegue de un centenar de agentes antidisturbios de la Policía Nacional el pasado 20 de septiembre ante la sede de la CUP, donde permanecieron durante cerca de seis horas. Las fuerzas policiales, según la denuncia de los asamblearios, pretendían llevar a cabo un registro de las oficinas de la CUP, pero una concentración espontánea repelió a los agentes, que se acabaron marchando.
En la actuación policial participaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Comisaría de Información. Coincidió con la jornada de detenciones y registros ordenados por un juez de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum. La Policía Nacional acabó retirándose de las puertas de la sede de la CUP sin entrar en el local, tras limitarse a requisar material de propaganda relativa al 1-O a varios militantes que lo estaban cargando en un vehículo.
La CUP asegura en su denuncia que fue una actuación “más propia de una organización mafiosa que de un organismo público como es la policía en una sociedad democrática”. Considera además que la intervención policial “comprometió el sistema de derechos civiles”, supone un ataque a la libertad política, al conjunto de su militancia con un asedio de más de seis horas y claramente vulneradora de los derechos fundamentales, así como un acto de censura.
