La Policía registra el instituto de estadística de Catalunya en busca el censo del 1-O
La Policía Nacional se ha personado este martes en el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) en un operativo en relación al censo del 1-O. El requerimiento ha sido ordenado en el primer día de la campaña electoral del 21D por el titular del juzgado que investigó los preparativos del referéndum y que tras el 1-O ha asumido las pesquisas sobre el uso de datos personales para la votación.
Los agentes buscan documentación relacionada con la confección del censo del referéndum. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han informado que la Policía ha registrado la sede del Idescat después de que este organismo no ha querido facilitar la información requerida por el juzgado.
El Govern empleó para el 1-O un censo universal para minimizar los efectos de que uno o varios colegios se cerraran y para maximizar la participación. El censo universal implicó que una aplicación informática registrara de forma on-line el voto de los electores. La información fue accesible desde todas las mesas, que estuvieron conectadas con la base de datos universal.
El Idescat es el órgano estadístico de la Generalitat. Es un ente autónomo, con personalidad jurídica propia y con autonomía administrativa y financiera, aunque formalmente está vinculado a la conselleria de Economía y Hacienda, cuyo último titular fue el vicepresident cesado Oriol Junqueras.
El juez indaga también si hubo un delito de revelación de secretos en el envío de cerca de 55.000 cartas a ciudadanos catalanes para que formaran parte de las mesas electorales o en los datos incluidos en la página web que la Generalitat creó para que los ciudadanos supieran en qué local podían votar.
La diligencia ha sido adoptada por el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que es el que en la causa abierta por los preparativos del referéndum sustituye al magistrado de instrucción 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, mientras se resuelve sobre la recusación que las defensas del caso han presentado contra él.
Con este requerimiento, el magistrado pretende indagar si el Idescat desempeñó algún papel en la confección del censo que se utilizó para las votaciones del 1-O, cuya elaboración de forma irregular podría constituir un delito de revelación de secretos.
Fue el propio presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, quien en los días previos al 1-O publicó a través de sus redes sociales la dirección que daba acceso a la página web con el censo electoral.
Tras la publicación de ese mensaje, la Fiscalía abrió diligencias para investigar el posible origen delictivo de los datos de la página web, que señalaba el local de votación asignado a cada elector cuando éste facilitaba su DNI o fecha de nacimiento, teniendo en cuenta que la Generalitat no tenía acceso al censo electoral.
