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Puigdemont tiende la mano a Rajoy para pactar las condiciones del referéndum sin renunciar a él

Carles Puigdemont junto a Manuela Carmena, poco antes de la conferencia

Arturo Puente

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha marcado este lunes los límites de su oferta de diálogo sobre el referéndum al Gobierno español: “Hasta el último minuto del descuento”. Todo eso pero ni un minuto más. Si Rajoy no se aviene a pactarlo, la Generalitat llevará igualmente a cabo el referéndum. “Negociaremos las condiciones del referéndum, no nos levantaremos de la mesa sin acuerdo”, ha resumido, “pero no renunciaremos a él”.

Puigdemont se ha expresado así en la conferencia que este lunes ha ofrecido en Madrid junto al vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Raül Romeva, en una de las salas del Ayuntamiento de la capital. En ella, los líderes catalanes han lanzado al Gobierno central su última oferta de diálogo, a pocos meses de la fecha en la que se comprometió a celebrar un referéndum, septiembre de 2017. Los tres han apelado al sentido democrático y a una relación de “hermandad desde la igualdad” con el pueblo español.

“Es una oferta de diálogo permanente”, ha asegurado el president, “estamos ya sentados a la mesa”. Entre las cuestiones objeto de la negociación que quiere emprender, Puigdemont ha señalado la fecha, la pregunta, las garantías o los requisitos de validación de la votación. “Dialogar es sentarse a la mesa sin límites, sin amenazas y sin subterfugios. Un buen comienzo sería compartir la idea de que el sentido profundo de la democracia está asociado a las urnas”, ha reclamado.

El mandatario ha combinado en su intervención dos géneros largamente ensayados por los diversos cabezas de la Generalitat: el memorial de agravios y la oda a la voluntad popular. Así, Puigdemont ha recordado que, en el debate de investidura, Rajoy se refirió al independentismo catalán como “el reto más grave que tiene planteado España en estos momentos”, tras lo cual le ha acusado de “irresponsabilidad” por mirar para otro lado ante ese reto.

“No somos ningún desafío, somos los representantes de un pueblo que quiere decidir su futuro en las urnas. No somos ni un suflé ni una enfermedad emocional”, ha afirmado Puigdemont. “Recogemos la gran frustración del 2010, cuando el Constitucional fulminó el pacto al que habíamos llegado en el mismo Congreso al que hoy se nos invita”. El catalán ha llegado a citar al rey Felipe VI para defender su proyecto, de quien ha destacado las palabras: “La democracia expresa sus proyectos en las urnas”.

Según el president, los condicionamientos legales no pueden ser un impedimento para solucionar el conflicto que plantea Catalunya en las urnas, como no lo fue, ha recordado, la vuelta de Tarradellas y la recuperación de la Generalitat durante la Transición “pese a que nada de eso estaba contemplado en el ordenamiento legal del momento”. A su parecer, el “respeto a la movilización de Catalunya” junto a “un adecuado sentido de Estado” permitió hacerlo entonces, por lo cual ha considerado que “si el Gobierno español así lo desea, encontrará en el Congreso la forma de avalar un acuerdo con el Gobierno catalán”.

Con este argumento, Puigdemont ha rechazado acudir al Congreso a reclamar una modificación de la Constitución, como le invitó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes. Según ha considerado, acudir al Congreso sería una “coartada” y un “camino ya recorrido por otros y que solo lleva al fracaso”. En definitiva, “un error en el cual ya no vamos a participar”, según ha expresado.

Hecha la exposición de motivos, Puigdemont ha reclamado una propuesta concreta del Ejecutivo español, dejando sin embargo claro que no renunciará al derecho de autodeterminación, que ha marcado como mandato de su Gobierno surgido de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Si no hay acuerdo con el Estado, ha prometido Puigdemont, el referéndum se celebrará. Tras ello, ha revelado, volverán a enviar una propuesta de diálogo a Madrid, pero “el objetivo ya no será celebrar el referéndum sino invitar al Estado español a implementar sus resultados”.

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