Puigdemont promete que habrá urnas y censo para el referéndum sin aclarar cómo
Un nuevo compromiso político con el referéndum pero sin aclarar aspectos técnicos clave del 1-O. Así se podría definir el acto que han celebrado este martes Junts pel Sí y el Govern de la Generalitat, encabezado por el president Carles Puigdemont. En el evento, titulado 'Garantías para la democracia', Puigdemont ha garantizado que la votación transcurrirá “como siempre”, aunque no ha explicado cómo.
La jornada de este martes había empezado con la presentación de la Ley del Referéndum por parte de los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP. En la norma se especifica que el Govern es el encargado de proporcionar la logística necesaria para la votación, pero ni Puigdemont ni Junqueras han hecho referencia alguna a dos de los aspectos clave del referéndum: el censo y las urnas.
Los pocos detalles sobre el 1-O que se conocen tras este martes aparecen en una web, Garanties.cat, propiedad de JxSí y que, a pesar de explicar elementos de la votación que dependen del Govern, no lleva ningún sello oficial de la Generalitat ni de ninguna formación independentista. En ella se dice que el Govern “está iniciando un proceso de compra directa” de urnas después de que el primer concurso para adquirirlas quedara desierto.
En la web también se indica que la Generalitat “tiene al alcance” el censo, sin más concreción sobre cómo ni mediante qué datos se ha conseguido. La normativa vigente impide a la Generalitat disponer del censo sin desobedecer. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija que los datos del censo están en manos de la Oficina del Censo Electoral, que forma parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El acto de este martes estaba pensando para ofrecer, precisamente, las garantías que los comuns de Ada Colau, que el sábado decidirán qué harán el 1-O, reclaman para la votación. La sala grande del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), con aforo para 847 personas, se ha llenado para escuchar a Puigdemont, y ha habido gente que se ha quedado fuera. Nada más pisar el escenario los 61 diputados de JxSí, el público ha empezado a corear gritos de “independencia”, que se han repetido en dos ocasiones.
Respecto al papel de los funcionarios, uno de los aspectos más sensibles para los sindicatos, la web remarca que el Govern no obligará a ningún trabajador público a abrir locales electorales, supervisar la configuración de las mesas ni a transmitir datos de participación y resultados de la votación. Tal y como explicó Puigdemont en el Parlament, la Generalitat abrirá una bolsa de funcionarios voluntarios que cobrarán por las horas de trabajo como agentes electorales.
Otro de los avatares posibles el 1-O –que las mesas electorales se queden sin presidente ni vocales– se solucionará, según la web, como en unas elecciones ordinarias y el primer votante que acuda al colegio quedará al cargo de la mesa.
Los discursos de los políticos han versado sobre promesas de cara al 1-O y críticas al Estado por su inmovilismo. “El día 1 de octubre no habrá un choque de trenes. Habrá un voto decisivo y el Govern se compromete a hacerlo posible”, ha aseverado Puigdemont, que tras la crisis de Govern de este lunes ha llamado a “no desertar”.
Por su lado, Junqueras ha subrayado que el referéndum “se celebrará con la oposición descarnada” de un Estado “sin miramientos para utilizar la guerra sucia y sus cloacas”. “Nuestra respuesta será ofrecer más garantías democráticas”, ha añadido.
Tras la jornada de este martes, se saben los pasos hacia el referéndum que debe hacer el Govern, pero no cómo se implentarán. La Ley del Referéndum indica que el Ejecutivo elaborará un decreto oficial de convocatoria del 1-O y otro decreto con los aspectos clave de la votación, que Puigdemont ni Junqueras ni han mencionado. Además, la norma señala que será la administración electoral de la Generalitat la encargada de establecer el número y tamaño de las secciones electorales y obliga a los Ayuntamientos a ceder sus locales que habitualmente se usan en unas elecciones, pero también permite a la Generalitat habilitar locales alternativos si los consistorios se niegan a cederlos.
