Puigdemont medita entre una declaración de independencia inmediata pero reversible o una en diferido
El president de la Generalitat llevará finalmente el próximo martes al Parlament los resultados del referéndum del 1 de octubre. La fórmula en cómo se materializará no está decidida, pero el Govern se debate entre dos líneas generales: una proclamación de independencia formal que establezca una suspensión de sus efectos ante la aceptación de una mediación por parte del Estado, o bien una declaración en diferido, que establezca una fecha futura para entrar en vigor.
Ambas opciones tienen partidarios y detractores dentro del Govern, y la segunda permite además ser matizada hasta dejarla en una declaración simbólica que pueda no ser interpretada como una acción de ruptura unilateral. Por esta vía se decanta mayoritariamente el PDeCAT con diferentes formulaciones. El conseller Santi Vila, el jueves, y este viernes la propia coordinadora general de la formación, Marta Pascal, han pedido frenar la vía unilateral.
“Primero tenemos que serenarnos y acordar, si se me permite, un alto al fuego, no tomar decisiones irreparables en los próximos días”, ha asegurado el conseller Santi Vila, un hombre considerado moderado en su pulsión independentista pero de la total confianza tanto en el partido como en el entorno de Puigdemont.
La voz de Vila y Pascal, lejos de representarles solo a ellos, habla por una parte importante en el partido exconvergente, que apuesta por dar una respuesta institucional a los 2,3 millones de catalanes que participaron en el referéndum sin declarar formalmente la independencia.
Esta sensibilidad en el PDeCAT encuentra también complicidades en el seno de ERC, aunque no mayoritarias, para que la declaración que el martes pronuncie Puigdemont ante los diputados contemple una fecha, lo más futura posible, en la que se activarán los efectos de la victoria independentista en el referéndum.
Ante esto y vez descartada la independencia formal e inmediata, la opción por la que se decantan los “duros” es una declaración que haga entrar en vigor la ley de transitoriedad, pero dejando abierta la posibilidad de quedar en suspenso si llega una mano tendida al diálogo del Gobierno español o, incluso, de un tercero. Esta formula aunaría la capacidad de ser una declaración de independencia ante la comunidad internacional y, a la vez, una muestra de flexibilidad y de voluntad pactista.
Con todo, en la Generalitat se es muy consciente de que la mediación tiene muchas probabilidades de no llegar nunca. Primero, por la dificultad de encontrar un actor internacional de suficiente entidad para hacer este papel. Pero, sobre todo, porque para el Gobierno sentarse a negociar de tú a tú con la Generalitat es reconocerla de facto como actor en igualdad de condiciones, una primera cesión que no aceptará de entrada, según se inclinar a pensar en el Palau.
Después de que el Constitucional suspendiera el pleno del lunes a petición del PSC con el argumento de que se había convocado haciendo referencia a una ley suspendida, el president de la Generalitat ha vuelto a pedir un pleno para el próximo martes, esta vez sin referirse al referéndum y con la fórmula genérica de “para valorar la situación política”. Con la suspensión, de paso, Puigdemont ha ganado algo más de un día para decidir qué acabará llevando ante los diputados.
Entre las pocas cosas que este viernes por la tarde estaban decididas era el desarrollo del pleno. La idea que gana enteros es que la declaración, sea cual sea, no se someta al voto de los diputados y que quede en acta solo mediante la lectura hecha por el president. Sería después, fuera de la sesión, cuando los diputados independentistas firmen la declaración.
Argumentan en la bancada independentista que esto será así porque una decisión tomada por las urnas no necesita ser ratificada mediante una votación en el Parlament. Pero, más allá de eso, se quiere evitar a toda costa la imagen de un pleno largo, crispado y semivacío, como el de los días 6 y 7 de septiembre, que tanto daño hizo a la mayoría independentista.
