Carles Puigdemont suspende en su primera prueba de firmeza contra la corrupción

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un político sin mácula de corrupción, representante de la nueva cara que quiera mostrar Convergència con su refundación en el PDECat. Pero, este martes, ha perdido la mayor oportunidad que se le ha presentado como president para mostrar la firmeza predicada contra la corrupción venga de donde venga.

En la reunión del Govern, Puigdemont ha hecho oídos sordos a la demanda de ERC y se ha posicionado a favor del conseller de Cultura, Santi Vila. Así finalmente, el PDECat ha utilizado el poder de la Generalitat en el Consorcio del Palau de la Música para que la acusación que le representa en el caso Palau no acuse a Convergència de haber cobrado comisiones de Ferrovial en las conclusiones finales que presentará este miércoles.

En la primera decisión de calado sobre la presunta corrupción de su partido que ha debido tomar como president, en la balanza de Puigdemont han pesado más los intereses partidistas de su formación que la voluntad de mostrar contundencia institucional en los casos de corrupción. Una decisión que marcará un antes y un después, al menos por ser la primera vez en la que el Govern de JxSí ha defendido en público una decisión de este tipo.

Colau protesta, ERC acepta

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha empleado un tono visiblemente molesto para acusar al Ayuntamiento de Barcelona de falta de honestidad por la forma en la que han gestionado mediáticamente este asunto. A su entender, el Govern debe esperar a que haya una sentencia firme antes de emprender medidas para recuperar “hasta el último euro”. Munté además ha cargado contra la Fiscalía por el pacto al que ha llegado con los saqueadores confesos del Palau para que estos acusasen a Convergència, a cambio de una rebaja de penas.

La adoptada por el Govern, ha remarcado Munté, ha sido una decisión tomada con la unanimidad de todos los consellers, incluidos los republicanos. Sin embargo, ERC dejó claro el lunes que no estaba de acuerdo con esta actuación, y reclamó que se revisase. El partido ha llevado el asunto a la reunión del Govern de este martes, pero no ha llegado más allá. Los de Junqueras también han aceptado darle carpetazo antes de poner en peligro la estabilidad del Ejecutivo, pagando el precio de comprometer su consolidada imagen de hierro contra la corrupción.

Vila eleva la decisión al Govern

Pero si la decisión ha debido ser tomada finalmente por el president y en el seno de la reunión de los consellers, es por la postura mantenida por el encargado de gestionar los asuntos relacionados con el Palau, el conseller de Cultura, Santi Vila. Fue el equipo de Cultura, encabezado por el secretario general, Pau Villòria, quien llevó a cabo la necesaria fontanería para que sus tesis triunfaran en la reunión del Consorcio del Palau, a la que el Ministerio de Cultura, de forma extraordinaria, no apareció. A partir de aquello, las quejas tanto del Ayuntamiento como de sus socios de ERC eran previsibles.

Fue de esta forma como el equipo de Santi Vila, un conseller descrito por el propio PDECat como “la opción autonomista” y que está en la carrera sucesoria a la presidencia de la Generalitat, acabó elevando una de las decisiones más desagradables sobre el caso Palau desde una discreta reunión entre instituciones, celebrada en el consistorio barcelonés, hasta la sensible reunión plenaria del Govern y su posterior rueda de prensa.

El peligro de la sentencia

En plena recta final del juicio del Palau, cuando el PDECat ya pensaba que el calvario del desfile de testigos y acusados había acabado, el asunto de la acusación del Consorcio ha explotado y ha acabado marcando la primera muesca en el revolver de Puigdemont. Esto, todos son conscientes en el Govern, podía llegar antes o después. Pero si algo es remarcable es que en este caso la imagen del president y de JxSí al completo se ha salpicado por realmente poca cosa.

Por muchas maniobras que haya intentado la Generalitat con la acusación ejercida por el Consorcio, es imposible que en las conclusiones finales del juicio no aparezca el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a cambio de obra pública, ya que es la tesis inicial tanto de la Fiscalía como de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ejerce la acusación popular.

Así pues, el tribunal deberá pronunciarse sobre ello en la sentencia. De aceptarse los hechos expuestos por el fiscal Sánchez-Ulled, quedaría demostrada la corrupción de Convergència y, ahora también, que el Govern Puigdemont usó su posición privilegiada en el Consorcio para que el Palau no se refiera a ella en el juicio.