El extesorero de CDC, en su última palabra: “¿Cómo pueden pensar que he saqueado el Palau si lo llevo en el corazón?”

El juicio del caso Palau, que tras más de 30 sesiones bien se podría llamar caso Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha quedado visto para sentencia este viernes. El extesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha querido usar su derecho a la última palabra para negar que hubiera canalizado las comisiones que Ferrovial habría pagado al partido a través del auditorio. Su intervención ha combinado pasajes bíblicos con críticas al fiscal, Emilio Sánchez Ulled.

Visiblemente emocionado, Osàcar se ha definido como un hombre “íntegro, honesto y honrado”. “¿Llevo al Palau en el corazón, cómo pueden pensar que lo he saqueado?”, ha apelado al tribunal, al que ha pedido que no le juzgue “por narraciones más o menos brillantes pero tendenciosas y alejadas de la realidad y sin pruebas”.

Se refería así el extesorero a la acusación del fiscal Sánchez Ulled, que pide para él ocho años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. No ha sido el único dardo. “El fiscal ha intentado involucrarme en el caso con resultados muy negativos”, ha sostenido Osàcar, que ha sido señalado como la persona a la que se refería la columna de un documento de Excel incautado en el Palau llamada “pagos a Daniel”. La columna de al lado era la de “Ferrovial”.

Desafiante, el extesorero ha indicado que podría haber aportado al juicio “70 u 80” testigos que habrían asegurado al fiscal “que Osàcar no es ni corrupto ni ladrón ni un delincuente, sino un hombre de bien, sencillo y humilde que durante años ha dedicado su tiempo a ayudar a los otros en el campo moral, educativo, religiosa, político y social, escuchando a quien necesita ser escuchado y acompañando a quien está solo”

En el tramo final de su última palabra, Osàcar se ha referido a su condición de creyente: “Soy católico practicante y un hombre de iglesia que procura seguir el camino del Evangelio, que nos pide serenar nuestros corazones y no tener miedo”. También ha citado un pasaje de la Biblia –Isaías, capítulo 50– en el que se proclama que “vivir cerca de quien me declara inocente me da fuerza, coraje y serenidad”.

CDC rebaja su lucro de 6,6 a 2,4 millones

Antes de la última palabra, la defensa de CDC, que se sienta en el banquillo como responsable a título lucrativo del expolio del Palau, ha cifrado en 2,4 millones de euros, como máximo, la cantidad que se le podría reclamar por presuntas comisiones recibidas de la constructora Ferrovial, en el caso de que se considere probada su financiación irregular.

El abogado de CDC, Xavier Melero, ha sostenido que, si la Audiencia acaba declarando la responsabilidad lucrativa del partido en el expolio, éste debería ser obligado a pagar un máximo de 2,4 millones, frente a los 6,6 millones que le exige la Fiscalía. Por otro lado, el abogado ha considerado que la refundación de CDC en el PDECat por su posible implicación en el caso Palau es un “acto de contrición y de examen de conciencia único en la democracia española”

Melero ha invocado la jurisprudencia para alegar que los millones de euros que el extesorero de CDC Carles Torrent recibió supuestamente en efectivo del Palau de la Música en comisiones ilícitas de Ferrovial no se pueden reclamar al partido, puesto que el desvío habría sido materializado por Torrent, que murió sin ni si quiera haber sido investigada

Gemma Montull denuncia una persecución

Ni los exresponsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, ni dos exdirectivos de Ferrovial acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra. Sí lo ha ejercido la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, que ha dicho ser víctima de una persecución desde el inicio del proceso.

Así, ha explicado que ha recibido insultos por la calle como “ladrona” o “hija de...”. “Abrí una tienda y cada día hasta que la cerré tuve escupitajos en la puerta, la gente hacía sus necesidades... Me decían 'niña yo de tú cerraría porque socialmente estás muerta'”, ha relatado. También ha explicado que cuando estaba en un supermercado un hombre la paró y le reprochó que comprara “si en dos días estaría en la cárcel”.

La sentencia, en otoño

Escuchados los argumentos de acusaciones y defensas, ahora el tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, que ha presidido la magistrada Montserrat Comas, deberá dictar sentencia, cuyo ponente será el magistrado Julio Hernández. Comas, al final del juicio, ha agradecido a las partes su comportamiento en el juicio y ha avanzado que la sentencia se conocerá después del verano.

La presunta financiación irregular de CDC con comisiones de Ferrovial ha eclipsado el expolio de 25 millones de euros –confesado en parte– que perpetraron Millet y Montull. Ambos usaron fondos del Palau para pagar obras en sus casas y otros gastos “festivos”, en palabras del fiscal Emilio Sánchez Ulled, como lingotes de oro y viajes a la Polinesia.

Y es que Millet y los Montull delataron a CDC en su declaración como acusados del mes de marzo al confesar lo que habían callado durante ocho años de instrucción. Confirmaron la tesis del fiscal, esto es, que el Palau fue “la cañería” por la que Ferrovial pagó 6,6 millones al partido a cambio de obra pública. Sus palabras han servido para que el fiscal pida rebajar sus penas, y también la de la hija de Montull, Gemma. La petición fiscal para ella ha pasado de 25 años de cárcel a solo tres, el último sustituible por una multa.

El resto de acusaciones, por contra, ha mantenido las elevadas penas de prisión para los exresponsables del Palau, que en el caso de la Fundación –la parte más privada del auditorio– llegan a los 81 años para Millet y los Montull. Ni la Fundación ni el Consorcio –la parte pública del Palau– acusan a CDC ni a Osàcar.

Sí lo hacen la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, y la Fiscalía, que pide para Osàcar ocho años de cárcel y cinco para los dos directivos de Ferrovial acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. Ambas acusaciones también reclaman el decomiso de 6,6 millones a CDC y, en el caso del fiscal, “o a la formación que la haya sucedido”, en referencia al PDECat.

Entre el juzgado y la política

La recta final de los tres meses de juicio no ha estado exenta de polémica política. El Ayuntamiento de Barcelona, una de las tres administraciones públicas representadas en el Consorcio del Palau, quería que el ente acusara a CDC de cobrar comisiones de Ferrovial. En un primer momento, la Generalitat, tal y como reveló este diario, lo evitó, pero tras una segunda votación el Consorcio sí acordó señalar a CDC.

Sin embargo, la acusación final llegó fuera de plazo para formularse. La cuestión no terminó aquí, pues el informe final del abogado del Consorcio, en el que ni mencionó a CDC y criticó a la Fiscalía por la rebaja de penas, enfadó a BComú y la CUP. El diputado cupaire, Benet Salellas, lo tildó de “acto de arrogancia convergente” y de “instrumentalización de las instituciones”.