La nueva norma antidesahucios del Govern rebaja la ley suspendida por el Constitucional
Respuesta legislativa del Govern a la suspensión de la ley antidesahucios catalana por parte del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo que encabeza Carles Puigdemont ha dado a conocer a ayuntamientos y entidades el anteproyecto de ley que quiere sustituir los puntos de la norma suspendida que nació de la ILP impulsada por la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. El texto presentado este viernes rebaja dos de los puntos clave de la ley suspendida por el Constitucional que afectaban a los grandes propietarios. En concreto, los referentes la obligación de ofrecer una alternativa a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio y a la cesión de sus pisos vacíos a la administración.
Según el anteproyecto de ley, se mantiene la obligación de realojar a las familias que no puedan pagar su hipoteca o su alquiler, pero se limita a los propietarios que forman parte del registro de pisos vacíos de la Generalitat –bancos y fondos de inversión, en su mayoría. De esta manera se deja de lado a muchos grandes propietarios de vivienda –como por ejemplo inmobiliarias y constructoras– que sí estaban contemplados en la ley anterior. La PAH ha lamentado este cambio ya que, a su juicio, dista de dar respuesta a los impagos por alquiler, que se han convertido en mayoría.
En este sentido, Puigdemont ha explicado que la nueva norma prevé crear un grupo de trabajo para estudiar los casos de “alquiler abusivo”. Por su lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto apostar por limitar por ley los precios del alquiler, a lo que se opone la Generalitat.
Por otra parte, la cesión obligatoria a la administración de los pisos vacíos de grandes propietarios se ha sustituido por la cesión temporal de vivienda para interés social. Esto supone recuperar en parte una medida incluida en la ley de vivienda del tripartito y que el Govern de Mas recortó nada más llegar a la Generalitat. Con todo, si en la norma que nació de la ILP se incluía una definición amplia respecto a los grandes propietarios de vivienda, ahora la medida sólo se aplicaría a los pisos que estén o puedan incluirse en el registro de vivienda vacía, que es de carácter voluntario. Además, la nueva normativa contempla el realojamiento obligatorio pero lo limita en el tiempo, cosa que no hacía la ley suspendida.
“La nueva ley no dará el mismo resultado que la ILP y será difícil de aplicar”, ha valorado Guillem Domingo, del grupo promotor de la anterior legislación. En la reunión de este viernes la Alianza contra la Pobreza Energética también ha puesto de manifiesto que no se están cumpliendo los preceptos de la ley que no están suspendidos y que hacen referencia a las sanciones a las compañías que corten los suministros básicos.
Respecto al sobreendeudamiento, la norma suspendida contemplaba que, en caso que la mediación se cerrara sin llegar a un acuerdo, se abriera un procedimiento judicial y, una vez la entidad hubiera cobrado la liquidación de activos (como la vivienda), se pudiera cancelar la deuda restante. El nuevo texto vuelve al sistema de mediación, que es de carácter voluntario.
Puigdemont ha destacado que la nueva norma tiene el consenso del mundo local y las entidades sociales. No obstante, el grupo promotor de la ILP, del que forman parte la PAH y la APE, ha rechazado apoyar el nuevo texto y ha considerado que el Govern ha sido “poco receptivo” para estudiar las alternativas que le presentó.
