Los olvidos del balance triunfalista de la segunda legislatura de Artur Mas

“Allí donde Catalunya tiene autogobierno, casi siempre lo conseguimos y logramos un país mejor”. La frase la ha pronunciado el president de la Generalitat, Artur Mas, en la rueda de prensa de final de legislatura. Una rueda de prensa donde normalmente se hace balance de la obra de gobierno realizada. Este martes, sin embargo, Mas ha evitado hacer referencia a la acción del Govern porque, según ha dicho, el lunes ya disolvió el Parlamento y convocó las elecciones para el 27-S. “No puedo hacer referencia a la obra de gobierno, pero sí a la situación del país”, ha añadido Mas. En su “radiografía del país”, Mas ha presumido de haber alcanzado metas en educación, sanidad, seguridad o I+D.

A pesar de no referirse a la obra de gobierno, las palabras de Mas han seguido el tono triunfalista de la nota de prensa que el lunes envió la Generalitat a los medios de comunicación, que concluía que el Gobierno ha cerrado la legislatura con “avances clave” en reactivación económica, creación de empleo, mantenimiento del estado del bienestar y mejora de la administración. “Hemos actuado a tiempo y con sensatez para preservar el estado de bienestar a medio plazo”, dice en uno de los tres documentos en los que la Generalitat se apoya para presentar de forma positiva su obra de de gobierno. “Nunca digo que Catalunya está bien, porque es una ofensa a la gente que no lo está, pero que Catalunya está mejor es obvio”, ha remachado Mas. Como ocurre siempre con los datos, sin embargo, cada gobierno se agarra a los que más le benefician.

Más paro y menos población activa que cuando Mas llegó a la Generalitat

Mas ha destacado que Catalunya lleva dos años de reducción del paro y creación de empleo nuevo. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) matizan el optimismo del presidente. Es cierto que el 19,1% de paro de la última EPA mejora las tasas de paro que superaron el 24% en algunos momentos de la legislatura, como en marzo de 2013. Sin embargo, la tasa del 19,1% está aún lejos del 17,9% de paro que Mas se encontró cuando accedió a la Generalitat a finales de 2010. En cifras absolutas, Mas tampoco ha conseguido reducir los parados que había cuando fue investido president (705.200 en 2010 y 726.200 al cierre del segundo trimestre de 2015, según la EPA).

Además, durante toda la estancia de Mas en la Generalitat la población activa de Catalunya se ha reducido en casi 150.000 personas, y como vienen recordando los sindicatos durante toda la legislatura, el empleo que se crea cada vez es más temporal y precario. Según la última EPA, el peso de los trabajadores con contrato indefinido sobre el total de asalariados alcanzó el porcentaje más bajo de los últimos dos años, el 80,2%. En cambio, la temporalidad continuó aumentando con 42.200 personas más, que ya representan el 19,8% de empleados.

El gasto social ha caído un 15% desde que Mas es president

El Gobierno argumenta que el 71% del presupuesto de la Generalitat para este año está destinado a gasto social. También vende como avance que el gasto en salud supone un 40% del presupuesto total, cuatro puntos más que en 2010. Obvia que el gasto en educación, sanidad y bienestar social ha pasado de 17.486 millones de euros en 2010 a 14.840 millones este año, lo que supone una reducción del 15%.

“Boi Ruiz ha hecho un sistema sanitario menos transparente y más desigual. Las cosas se han hecho especialmente mal”, valora la presidenta de Dempeus per la Salut Pública, Àngels Martínez Castells, que recuerda que el colectivo que más ha sufrido las recortes en sanidad ha sido el de las personas con menores rentas, que ya estaban más desprotegidas que la media de la población antes de la crisis. “La sanidad debe ponerse al servicio de la cohesión social, y no al contrario como ha hecho Ruiz”, concluye Castells. Pero, sin embargo, ha sacado pecho de la sanidad catalana y ha obviado por completo los recortes de los últimos años: “Tenemos un sistema sanitario de los mejores de toda la Unión Europea y claramente superior a los estándares de España”, ha sentenciado el presidente.

Aunque este martes Mas ha evitado mencionar los recortes, el Gobierno sí que presume de la reducción del gasto social en los datos que muestra cuando debe presentar Catalunya como un país atractivo para los inversores extranjeros, unas cifras que no aparecen en los documentos de balance de gobierno enviados este lunes. De cara al extranjero, y sólo en inglés, el Govern también destaca la reducción del 4% de puestos de trabajo en el sector público (10.358 personas) desde 2011.

Mantenimiento de la austeridad como guía de la política económica

A pesar del autodenominado 'giro social' del Govern tras el pacto con ERC de 2012, la política económica de la Generalitat ha seguido regida por los principios de la austeridad. El Plan Económico Financiero (PEF) 2015-2016 que Mas-Colell envió el mes pasado a Montoro es una muestra de ello: la recaudación para este año de las seis nuevas tasas que la Generalitat ha creado en los últimos meses está estimada en 59 millones de euros, pero la vía principal para aliviar el déficit sigue siendo la venta de patrimonio y las privatizaciones.

En concreto, el PEF incluye ingresos de 1.080 millones de euros en concesiones y 583 en ventas de patrimonio, 252,6 más que en 2014. Según dice el documento, los ingresos previstos se corresponden a las operaciones de concesión planteadas al ejercicio 2014 “y que quedaron suspendidas por la proximidad de la convocatoria de elecciones municipales”. Además, para el 2016 la Generalitat prevé ingresos por venta de edificios de 212 millones de euros. “En conjunto, la reducción del gasto asociado a las medidas es de 391 millones de euros”, concluye el PEF. La Generalitat vendió los presupuestos de 2015 como las primeras cuentas que aumentaban el gasto desde la llegada a la presidencia de Artur Mas.

Por otra parte, el PEF también indica que la plena implantación del Real Decreto Ley 16/2012, el del llamado apartheid sanitario, “supondrá un ahorro importante en el ámbito de la salud”, y que la contratación de la gestión los servicios de transporte sanitario conllevará “un ahorro de 15 millones de euros, importe que se ha consignado en el ejercicio 2016”.

En su comparecencia, Mas no ha ofrecido una alternativa para alcanzar los 500 millones al año que la Generalitat tenía previsto recaudar con el impuesto sobre los depósitos bancarios que fue declarado inconstitucional el pasado mes de junio. Tampoco ha trazado ninguna medida extra si el Tribunal Constitucional acaba girando los tres impuestos medioambientales que se aprobaron el año pasado. “Todos estos impuestos, las herramientas nuevas que hemos intentado crear para defendernos, nos las han incautado o nos las quieren confiscar”, ha lamentado Mas. Precisamente, los sucesivos ataques al autogobierno de Catalunya por parte del gobierno central y otras instituciones del Estado hacen que, para Mas, Catalunya se haya ganado el “derecho a la legítima defensa”.

Mas sólo reconoce sombras en industria, desigualdad y pobreza

Bien entrada la rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Mas ha dejado por un momento el tono triunfalista y ha reconocido que Catalunya no ha progresado tanto en materia de desigualdad, pobreza y política industrial. “El problema de Catalunya es que tiene un índice de riesgo de pobreza estructural”, ha valorado Mas, que también ha reconocido que Catalunya “está peor” en materia de desigualdades. El portavoz del Gobierno hasta hace pocos meses, Francesc Homs, negó durante el año pasado que la crisis hubiera hecho crecer la pobreza, precisamente por su carácter “estructural”.

La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano, valora que la Generalitat ha sido “totalmente incapaz” en la lucha contra la pobreza, y que sólo ha hecho “parches” en este sentido. Según los últimos datos del Idescat, el año pasado había en Catalunya una tasa de riesgo de pobreza de un 20,9%, mientras que en 2010 esta tasa era del 19,2%. De hecho, la medida más contundente contra la pobreza durante los años de gobierno de Mas la han llevado a cabo los movimientos sociales como la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética impulsando una ILP que el Parlament, con el apoyo de CiU, aprobó en el último pleno de la legislatura.

Sin referencia a los fiascos económicos de la gestión de CiU

Ni la Generalitat en sus documentos ni Mas en la rueda de prensa han hecho referencia a los fiascos económicos de la gestión de CiU, como las privatizaciones de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y los túneles del Cadí o la bancarrota de la aerolínea Spanair -esta última compartida con el último gobierno tripartito.

El Govern privatizó en 2012 a toda prisa ATLL, la empresa pública que vende el agua a los suministradores y de la que dependen casi cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona, para conseguir ingresos extra. Desde ese momento se desencadenó una serie de recursos entre el consorcio que ganó la concesión, Acciona; Agbar, la otra empresa que optaba a conseguir ATLL; y la Generalitat. El desenlace de la 'guerra del agua' lo apuntó el TSJC el pasado mes de junio, después de más de dos años de conflicto, anulando la concesión. La Generalitat ha recurrido al Tribunal Supremo pero ha admitido que, si la sentencia del Supremo sigue la misma línea que la del TSJC, deberá indemnizar al consorcio con 326 millones de euros. Eso sí, no ha incluido en estos 326 millones las posibles indemnizaciones por lucro cesante que puede pedir el consorcio liderado por Acciona, del que también forman parte el banco de inversión BTG Pactual y las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

En cuanto a los túneles de Vallvidrera y del Cadí, BTG Pactual vendió el año pasado estas infraestructuras por el doble del valor con que las compró a la Generalitat en 2012. El banco de inversión obtuvo un beneficio de 86,9 millones de euros en sólo dos años. En el caso de Spanair, la Sindicatura de Cuentas concluyó que entre el tripartito y el gobierno de Mas habían aportado más de 200 millones de euros a la aerolínea antes de que quebrara en 2012. Mas no ha hecho referencia a ninguno de estos casos de mala gestión.

Mas tampoco ha hablado de la venta de edificios públicos emblemáticos, con la que la Generalitat ha obtenido 615 millones de euros entre 2012 y 2015, muy por debajo de lo que había previsto el Govern. “Los edificios se han vendido todos mal. Las ventas no han servido mucho para paliar el déficit, y son edificios situados en zonas emblemáticas. Los costes de alquiler y de recompra serán enormes y sólo habrá beneficiado el sector privado”, recuerda el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Carles Ramió.

“Finanzas precarias” por lo que queda de año

También a preguntas de los periodistas, Mas ha avisado de que nada hace pensar que la “precaria” situación financiera de la Generalitat mejore en lo que queda de año. “Nos obligan a cumplir unos objetivos de déficit que no son compatibles a menos que desguacemos el estado de bienestar, lo que no podemos permitir”, ha añadido Mas, que, como en otras ocasiones, ha valorado que las finanzas de la Generalitat “no han salido de la precariedad” en estos años. De hecho, el endeudamiento de la Generalitat no ha dejado de subir desde que Mas es presidente, y este año casi ha alcanzado los 64.792 millones de euros, mientras que cuando llegó a la plaza Sant Jaume el nivel de deuda pública era de 34.697 millones de euros

La caída de los ingresos derivada de la crisis económica y la negativa de los mercados a financiar la Generalitat obligó al Govern en el verano de 2012 a pedir el rescate a Cristóbal Montoro. Después de tres años, Montoro se ha convertido en el único prestamista de la Generalitat. Los créditos concedidos a Catalunya para financiarse superan los 42.000 millones de euros, el 21% del PIB catalán del año pasado. El rescate anuló totalmente la ya de por sí limitada autonomía financiera de la Generalitat, que mientras necesite el Fondo de Liquidez Autonómico para financiarse debe enviar periódicamente a Hacienda un plan de tesorería y ajuste. Además, si Montoro ve que la Generalitat puede incumplir sus compromisos de pago, puede enviar misiones de control formadas por funcionarios de la intervención general del Estado. Un obstáculo más de los muchos que Mas y los partidarios de la independencia deberán superar una vez celebrado, en palabras de Mas, “el único y el último instrumento para que los ciudadanos puedan decidir el futuro de Catalunya”, las elecciones del 27-S.