Los intentos del Govern por esquivar la confrontación directa con el Estado preocupan a la CUP
El pacto de investidura entre JxSí y la CUP que sostiene al Govern parece condenado a someterse a una prueba de estrés cada semana. Si hasta ahora era la agenda económica y social los terrenos donde las formaciones tenían más fricciones, ahora el compromiso del Govern con la agenda independentista se ha convertido en una verdadera preocupación para la CUP. Esta inquietud de los anticapitalistas ha sido acrecentada por la decisión de JxSí de posponer la admisión a trámite de una moción que propone que el Parlament reafirme su compromiso con la declaración de desconexión del 9-N.
Durante las últimas semanas la CUP ha visto varios movimientos del Govern que han hecho encender sus alarmas. Por ejemplo, la asunción por parte tanto de los miembros del Ejecutivo de Puigdemont como de los dirigentes de Convergència de que la independencia no llegará en los próximos 18 meses, tal y como afirmaban en su hoja de ruta. Este hecho fue contestado por los anticapitalistas mostrando su plan respecto al proceso constituyente, que pasa por celebrar un referéndum múltiple y vinculante sobre la Constitución catalana en esta legislatura.
Más desconfianza genera el hecho de que el Govern continúe atendiendo a las decisiones del Constitucional. Pese a que en la declaración del 9-N se afirma con rotundidad que es un tribunal deslegitimado, el Ejecutivo catalán ha evitado la confrontación abierta con el TC mediante una serie de argucias legales que le han permitido, entre otras cosas, mantener las funciones de Raül Romeva como conseller de Exteriores. También en esta voluntad de bordear sin cruzar las decisiones del Alto Tribunal debe circunscribirse la decisión de cambiar los nombres de las ponencias de las tres leyes de desconexión, o elegir el formato de la ponencia conjunta para elaborarlos, que les permite no mostrar los trabajos legislativos hasta el final.
Y no solo se ha bordeado el Constitucional. Las instituciones catalanas han acudido al Alto Tribunal para defenderse o presentado recursos. Incluso ante la propia suspensión de la declaración del 9-N, el Parlament interpuso un recurso asegurando que se trataba de la declaración “de una voluntad”, sin efectos jurídicos. De nuevo ocurrió a finales de febrero, cuando la Abogacía del Estado reclamó al TC que anulase la comisión de estudio del proceso constituyente. La Cámara catalana volvió a recurrir, alegando que esta comisión no suponía un despliegue de la declaración del 9-N.
Todas estas actuaciones tanto del Govern como del Parlament han hecho mella en algunos sectores de la CUP, que mientras tanto han visto como uno de sus regidores en Vic, Joan Coma, se convertía en el primer edil imputado por el apoyo, desde su ayuntamiento, de la declaración del 9-N. Por ello, los anticapitalistas propusieron una moción destinada a acelerar la ruptura en la que reclaman al Govern que reitere la vigencia de la declaración y que despliegue el conjunto de sus anexos en un plazo de 30 días. “Tenemos prisa y la gente está inquieta por si estamos avanzando o no”, defendió el diputado cupaire, Joan Garriga.
Pero el texto no ha caído nada bien en JxSí, y particularmente en Convergència. En la primera junta de portavoces, la semana pasada, el grupo independentista decidió aplazar la discusión sobre la moción, mientras su presidente, Jordi Turull, acusó a los anticapitalistas de “exceso de gesticulación”. Este domingo, la portavoz de CDC, Marta Pascal, ha vuelto a la carga, asegurando que la CUP no puede pretender “repartir carnets de independentismo”.
Para impulsar el dardo, Pascal ha aludido a la cuestión que planea por encima de todos los roces entre ambos grupos, que es la aprobación de los presupuestos. Según la portavoz, no tener nuevas cuentas es “ir con las manos atadas a la espalda” hacia la construcción de un nuevo Estado. El apoyo a los presupuestos de JxSí es una cuestión que tensiona a la izquierda independentista, que teme volver a enzarzarse en un debate interno similar al de la investidura.
