Los testigos avalan que la Generalitat siguió con el 9-N tras la suspensión del Constitucional
La Fiscalía ha conseguido desmontar en buena medida uno de los dos puntales de la defensa de Artur Mas, el consistente en defender que, tras la suspensión del 9-N, el Govern se retiró por completo de la gestión de la consulta dejándola en manos de los voluntarios. Cuatro testigos han avalado la participación del Govern en el 9-N pese a la orden del Constitucional que lo impedía. A las defensas solo les queda el argumento de que la providencia del TC fue imprecisa y no advirtió personalmente de los riesgos de desobedecer, algo clave para una eventual condena. El tribunal dirimirá esta cuestión en base a la jurisprudencia y al análisis del documento del TC que prohibió a la Generalitat continuar con los preparativos del 9-N.
En su declaración como testigo en la tarde de este martes, el director del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) en 2014, Jordi Escalé, ha asegurado, a preguntas del fiscal, que varios ordenadores necesarios para el 9-N “se repartieron el fin de semana” de la votación, esto es, tres días después de la suspensión. El motivo, según Escalé, fue no entorpecer la actividad de los institutos durante la semana con la votación, que se celebró el domingo 9 de noviembre. Un flaco favor a las defensas de Mas, Ortega y Rigau.
Uno de los contratistas que repartió los ordenadores, Carlos G., ha avalado el relato de Escalé, y ha añadido que el día 9-N estuvo de guardia para controlar que el encargo se había cumplido. Por ambas tareas cobró 400 euros. Y un responsable de la empresa Fujitsu, que instaló los programas en los cerca de 7.000 ordenadores usados en la consulta, ha explicado que hasta el 8 de noviembre mantuvo reuniones y permaneció en contacto con cargos del CTTI para analizar la evolución de sus trabajos.
Las palabras de Escalé, ahora en la empresa privada, ayudan a la acusación de la Fiscalía, que sostiene que la Generalitat no paró los trabajos para el 9-N, tal y como le ordenó el Constitucional, sino que siguió adelante con la consulta. “Incluso el 7, 8 y 9 de noviembre –dice el escrito de acusación de la Fiscalía– Fujitsu procedió a instalar físicamente los ordenadores en las mesas de votación”. Una tesis que Escalé ha avalado con su declaración.
Escalé no ha sido el único torpedo a la línea de flotación de la defensa de Mas, Rigau y Ortega. Bernat R., de la empresa T-Systems, a quien el Govern encargó varios programas informáticos para la votación, ha asegurado que entregó la aplicación sobre el registro de resultados el 7 de noviembre. Y se ha reiterado en el contenido de una carta enviada por la Generalitat el día 7 en la que ordenó seguir con el 9-N a T-Systems. Esta carta sirvió para que el exconseller de Presidència, Francesc Homs, fuera imputado por su papel en la consulta –irá a juicio en el Supremo en las próximas semanas– ya que fue éste quien indicó por escrito al CTTI que los trabajos informáticos contratados no estaban afectados por la suspensión.
También ha dado aire a las tesis de la acusación Daniel Martínez, consejero delegado de Focus, que recibió en encargo sobre el montaje del centro internacional de prensa en el pabellón italiano de la Fira de Barcelona en el que Artur Mas dio la rueda de prensa para valorar el 9-N. Ha asegurado que recibió el encargo unos 15 o 20 días antes del 9-N, esto es, antes de la suspensión del Constitucional, pero que continuó sus trabajos el mismo día 7, tres días después de la providencia del TC.
A medio camino se ha quedado el número dos de Joana Ortega y encargado de coordinar la votación, Joan Cañada. Ha declarado que la Generalitat no introdujo ningún dato en la web del 9-N después de la suspensión. No obstante, sí interpretó, a diferencia de Mas, Ortega y Rigau, la providencia del TC como una suspensión del 9-N, e informó de ello a la exvicepresidenta. En un ejercicio de desmemoria que ha sorprendido al fiscal, Cañada también ha dicho “no saber” cómo se destruyeron los archivos de voluntarios del 9-N.
Contradicciones de los docentes
Por contra, los primeros testigos del caso que han declarado por la mañana no han arrojado luz, sino más bien confusión, sobre la actuación de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, acusados de desobediencia y prevaricación. Incluso el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha llegado a advertir a la Fiscalía tras una pregunta del ministerio público: “El tribunal se está perdiendo”.
De lo que han dicho los directores e inspectores de Enseñanza se desprende cierta confusión sobre qué hizo la Generalitat en relación a los institutos. Y es que la conselleria de Enseñanza no contestó a los directores que pidieron por escrito qué hacer con los centros el 9-N. Sin embargo, los institutos se terminaron abriendo para la votación, y a los directores se les entregó un recibo, dos días antes del 9-N y con sello de la Generalitat, conforme habían entregado las llaves de sus centros a los voluntarios.
La Fiscalía busca, con las declaraciones de estos testigos, demostrar que la Generalitat continuó con el 9-N al no impedir la apertura de los colegios e institutos para la votación. El primer inspector en declarar ha denunciado que la Generalitat “forzó” y “presionó” a una directora de un instituto para abrir el 9-N, aunque la directora que supuestamente recibió las presiones lo ha negado. Con todo, las presiones denunciadas por el inspector se produjeron en una reunión del 16 de octubre, días antes del 4 de noviembre, la fecha en que el Constitucional suspendió cualquier actuación de la Generalitat relativa a la votación. Además, los hechos enjuiciados van del 4 al 9 de noviembre.
El inspector también ha explicado que desde la conselleria de Enseñanza se negaron a dar órdenes por escrito a los directores que lo habían reclamado sobre qué hacer el 9-N con los institutos. Una de las encargadas de dar esas explicaciones, la directora de servicios territoriales de Enseñanza del Barcelonès, ha declarado que no consideró “pertinente” responder por escrito a los directores, y no ha recordado si consultó esta petición con sus superiores. Y ante la insistencia del fiscal sobre quién autorizó entregar las llaves de los centros a los voluntarios –un aspecto clave para la acusación–, ha zanjado: “Dejar las llaves fue más simbólico que otra cosa”.
La directora que no abrió su instituto el 9-N
Uno de los testigos más esperados era el Dolores Agenjo, la única directora que no abrió su instituto por el 9-N y que cerró la lista de Ciutadans en las pasadas elecciones municipales en L'Hospitalet. Ha explicado que el día 7 de noviembre, tres días después de la suspensión, recibió una llamada de la directora de servicios territoriales de Enseñanza, que la conminó a entregar las llaves de su centro. Agenjo pidió una orden por escrito que nunca llegó.
Por otro lado, la exdirectora del Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Generalitat (Cire) y hoy senadora del PDECat, Elisabet Abad, ha afirmado que el material que el Govern les encargó para la consulta ya estaba “hecho y facturado” antes de que el Constitucional suspendiera el 9-N. “El 30 de octubre –de 2014– los transportistas vinieron para llevar el material para el proceso participativo”, ha sostenido a preguntas del fiscal en su declaración como testigo.
