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Los letrados advierten a Forcadell de que se expone a responsabilidades penales si no impide la votación de la DUI

El letrado mayor del Parlament pone en cuestión el referéndum unilateral

Neus Tomàs / Arturo Puente / Oriol Solé Altimira

Nuevo aviso de los letrados del Parlament a Carme Forcadell. El letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, y el secretario general, Xavier Muro, han advertido a la presidenta del Parlament de que debe impedir la tramitación de las propuestas de resolución que han presentado este viernes Junts pel Sí y la CUP, que incluyen la declaración de Catalunya como una “República independiente”.

Si Forcadell y los otros miembros de la Mesa no lo impiden, recuerdan los letrados, se exponen a “responsabilidades penales”, tal y como también le ha advertido a lo largo de la legislatura el Tribunal Constitucional. La Mesa, en contra del criterio de los letrados, ha admitido a trámite la propuesta de resolución de la DUI.

De momento, Forcadell ha hecho caso omiso de todas las advertencias, la última vez cuando no frenó la votación de la ley del referéndum a principios de septiembre, lo que le ha valido tres querellas de la Fiscalía y su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobediencia y prevaricación. Los letrados ya han reiterado en sede judicial las advertencias a Forcadell.

En un informe de este mismo viernes, los letrados del Parlament consideran que las propuestas de resolución independentistas suponen desarrollar iniciativas parlamentarias suspendidas y anuladas por el Constitucional, por lo que el deber de la presidenta es impedir su tramitación.

Recuerdan los letrados que las propuestas de resolución de JxSí tienen una “relación y conexión directa” y una “línea de continuidad” con las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica, suspendidas por el Constitucional. En consecuencia, sostienen los letrados, la Mesa “no puede admitir a trámite” ninguna de las propuestas de JxSí y la CUP, que incluyen la activación de la ley de transitoriedad jurídica, la norma que prevé estar en vigor seis meses hasta las elecciones “constituyentes” de un eventual estado catalán.

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