Catalunya aprobará la ley para romper con la legislación española antes del 1-O
La ley de Transitoriedad Jurídica, la principal de las llamadas “leyes de ruptura” catalanas, se aprobará en los próximos 35 días, antes del referéndum sobre la independencia fijado para el 1 de octubre. Así lo han acordado los grupos independentistas, después de que la CUP y ERC hayan convencido al PDECat, que se oponía a dar este paso. Pese a esta aprobación, la ley no entrará en vigor hasta que se conozca el resultado del referéndum y en caso de que gane el 'sí' a la independencia, según prevé la propia ley.
“Esta ley da seguridad jurídica al periodo inmediatamente posterior al referéndum si gana el sí”, ha explicado el jefe de filas de JxSí, Lluís Corominas, quien ha señalado que presentando la ley se garantiza el conocimiento público de “los efectos del sí, el carácter vinculante del referéndum y la seguridad jurídica del proceso”. El diputado de la CUP Benet Salellas ha asegurado que esta ley “pone fin al procés”, ya que “es la garantía de que después del referéndum no habrá el enésimo debate procesista entre partidos”.
La ley, cuyo nombre completo será Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, tiene por objeto regular el régimen jurídico entre el referéndum y la celebración de unas elecciones constituyentes, ya supuestamente como Estado independiente. Por ello, en sus disposiciones finales la ley prevé su propia entrada en vigor si en el referéndum la opción favorable a la independencia resulta ganadora, y también prevé quedar sin efecto en caso de que haya más votos contrarios a la secesión.
Articulado y sucesión entre estados
La nueva ley presentada este lunes regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Catalunya independiente. La fórmula elegida para hacer este cambio de legalidades es efectuar un desdoblamiento legal en Catalunya por el que, en ausencia de leyes propias, las leyes españolas siguen operando. Esta es una fórmula que recuerda a la cláusula de supletoriedad, observada en el artículo 149.3 de la Constitución española, por la que en ausencia de legislación autonómica en sus competencias se aplica la ley estatal.
La ley prevé todo un conjunto de artículos determinados a la sucesión del Estado español y su administración general en la República catalana y su nueva Generalitat. Entre otros se contempla la adquisición de nacionalidad catalana –que no exigirá renunciar a las otras–, mantener sin cambio las vigentes leyes de régimen local o europeas, o la subrogación por parte del nuevo Estado de todos los contratos del Estado español en Catalunya, tales como los de obras, servicios o convenios, sin que se alteren sus condiciones.
“Hemos querido garantizar que todo lo que ahora funciona siga funcionando y que se mantenga igual hasta el proceso constituyente”, ha explicado Benet Salellas. Entre las cosas que quedarían igual, todo lo que hace referencia al funcionariado, los derechos ciudadanos o las principales estructuras políticas como el Parlament o los órganos de la Generalitat.
La ley también prevé cómo se desplegarán los órganos de justicia que, según han explicado los diputados independentistas, reproducirían buena parte de la estructura española, aunque con algunos cambios, como eliminar la jurisdicción militar, cambios en el gobierno judicial o en la dependencia orgánica de la Fiscalía.
Además habrá una amnistía para los políticos investigados o encausados por su actividad independentista pacífica. “Solo en esos casos. No amnistía la corrupción”, ha subrayado Salellas. Según han explicado los diputados, la ley iría acompañada además por cinco decretos que desplegarían algunos de sus artículos.
Fin del debate sobre su aprobación
La norma ha sido redactada durante los últimos meses por diputados de JxSí y la CUP en una ponencia conjunta en la que el resto de partidos rechazaron participar, y mantenida en secreto para evitar que los tribunales actuaran contra ella. En diciembre pasado los dos grupos independentistas anunciaron haber llegado a un acuerdo general sobre el contenido de la ley, de la que anunciaron su primer artículo y los enunciados de sus epígrafes mediante nota de prensa, aunque se negaron a explicar su contenido ante los medios.
Hasta este lunes los partidos independentistas habían mostrado diferencias durante sobre la conveniencia o no de aprobar la ley antes del referéndum del 1 de octubre. La CUP había insistido reiteradamente sobre la necesidad de tramitar y pasar la norma marco antes del referéndum, una postura que es apoyada por ERC con el argumento que es la forma de que los votantes sepan cuáles serán los efectos de un voto positivo a la independencia. Mientras, el PDECat se había mostrado más partidario de dejar la aprobación para después del referéndum, al considerar que sería esa la manera idónea de aplicar el resultado.
Ahora la mayoría independentista se ha decantado por la opción de los primeros, comenzando este mismo lunes por la entrada al registro del texto. Con este paso además sacan del secretismo la ley y la exponen a la consideración de la Mesa de la Cámara, como ya hicieran en su momento con la ley del Referéndum.
Esta norma estará aún fuera del alcance de un recurso del Gobierno, y por tanto de una suspensión por parte del Tribunal Constitucional, hasta que la Mesa no admita a trámite la proposición de ley. Los independentistas, con mayoría en el órgano rector del Parlament, ya aplazaron a mediados de agosto la admisión a trámite de la ley del referéndum para evitar su impugnación.
Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república by apuente on Scribd
