Tres de los cinco miembros del órgano de la Generalitat que debe garantizar la transparencia están vinculados a partidos

Ha sido bautizada como Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, y es un órgano en teoría independiente formado por expertos que debe velar por que la Administración catalana cumpla la Ley de Transparencia. La ley, en definitiva, debería servir para devolver la confianza ciudadana en la política, por la vía de hacer más transparente la gestión de los recursos públicos.

La semana pasada sus cinco miembros superaron el examen del Parlament, a pesar de que tres de ellos militan o han ocupado cargos destacados en CiU, PP y PSC. Y, por si no fuera poco, ninguno de los cinco tiene experiencia en gestión documental, según reconocieron en el hearing del Parlament, cuando la misma ley establece que la comisión debe estar formada por especialistas en derecho público y por técnicos en gestión documental.

La creación de este órgano fue uno de los puntos más controvertidos a la hora de consensuar la Ley de Transparencia entre los partidos catalanes. Se tenía que designar un árbitro que llegado el caso pueda decidir entre un ciudadano que quiere acceder a una documentación pública y una Administración que se niega acogiéndose a cualquiera de las excepciones que contempla la ley.

Los partidos mayoritarios no quisieron que dicho árbitro fuese el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña), como podría parecer lógico, y optaron por crear un nuevo órgano, con cargos lógicamente retribuidos, formado por entre tres y cinco miembros independientes designados por el Parlament. Y, nuevamente, se ha aplicado la vieja lógica de cualquier designación parlamentaria. Atendiendo a la correlación de escaños, CiU ha propuesto dos, ERC, PSC y PP uno cada uno, y el resto a ninguno. Y todos los grupos que han propuesto han votado a favor de los de los demás.

Las personas que ya forman parte de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública son Elisabeth Samarra Gallego, Oriol Mir Puigpelat, Teresa Perelló Domingo, Josep Mir Bagó y Manuel Ibarz Casadevall. Todos ellos son juristas, pero sólo los dos primeros presentan un perfil primordialmente técnico. Samarra, propuesta por CiU, es una funcionaria que ocupa actualmente la subdirección general de Atención Ciudadana, mientras que Mir Puigpelat, propuesto por ERC, es un profesor (catedrático acreditado) de Derecho administrativo de la UB.

El problema son los tres restantes, con un perfil mucho más político: Teresa Perelló es una dirigente histórica de Unió Democrática de Cataluña, partido en el que milita desde 1964. Entre 1987 y 1995 fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona y entre 1995 y 2003 directora general del departamento de Justicia.

Josep Mir es militante del PSC desde 1975, fue secretario general de la Federación de Municipios (1981-1991), posteriormente diputado provincial de Barcelona y diputado en el Parlament entre 1995 y 1999.

Manuel Ibarz, es un antiguo militante de Unió, partido con el que fue senador, que se pasó al PP en tiempos del giro catalanista de Josep Piqué. No está afiliado, seguramente debido a que ha ejercido de juez sustituto, pero ha sido diputado en el Parlament (2004-2006) y asesor del grupo parlamentario del PP en los últimos años.

La ley no dice “juristas y/o técnicos”

Ninguno de los cinco tiene formación o experiencia profesional en materia de gestión de archivos y gestión documental, por muchos documentos que hayan removido a lo largo de su trayectoria profesional (demoledor argumento en el que se escudaron algunos candidatos durante el hearing). Sin embargo, la ley deja claro que este órgano debe estar formado por “juristas especialistas en derecho público y técnicos en materia de archivos o gestión documental, elegidos entre expertos de competencia y prestigio reconocidos y con más de diez años de experiencia profesional”.

Esta circunstancia ha indignado la Asociación de Archiveros de Cataluña, que en un duro comunicado la semana pasada denunció el “desprecio” de los grupos parlamentarios a la ley y a su sector profesional, a la vez que anunciaba que estudiaría las vías legales para derogar los nombramientos.

“Sería bueno recordar –dice el comunicado de los archiveros– que, hasta la constitución de esta Comisión, ha sido la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental (CNAATD), órgano adscrito al departamento de Cultura, la encargada de establecer los criterios sobre la aplicación de la normativa que rige el acceso a los documentos públicos y que podía resolver reclamaciones sobre vulneración del derecho de acceso (...) La CNAATD, además, ha establecido una metodología sistémica sobre acceso y evaluación a la documentación pública, conjugando la doble perspectiva jurídica y de gestión documental (...) Todo este trabajo realizado queda sin efecto de golpe, provocando un agravio importantísimo en la administración de la documentación de las administraciones públicas catalanas”.

En la ley se dice claramente “y”, no “o”, que es lo que Lluís Corominas (CiU) quiso interpretar en la deliberación y votación final de los candidatos, que tuvo lugar el pasado jueves 30. Según Corominas, los cinco de ahora no son archiveros porque “los grupos que hemos hecho las propuestas sencillamente hemos preferido otro perfil”, pero eso “no quiere decir que en un futuro no lo puedan ser”. Además, recordó que el hecho de haber ocupado un cargo de responsabilidad pública no es incompatible con la comisión, al contrario, “debería ser una cuestión de prestigio y de dignidad”.

Dolors Camats (ICV-EUiA) pidió –obviamente sin éxito–  que los grupos que habían propuesto retiraran estos nombres y consensuaran otros a fin de que al menos hubiera un técnico en archivística.

Sólo Ciudadanos votó en contra de los candidatos, con el argumento de que el órgano nace contaminado por la política; de hecho, su representante, Carina Mejías, ya dejó claro su frontal oposición al mercadeo de cargos en el hearing y se marchó a continuación. Por su parte, ICV-EUiA y la CUP se abstuvieron, como rechazo por la falta de técnicos en archivística, mientras que, como estaba previsto, los grupos que habían propuesto alguno de los candidatos votaron a favor del suyo y de los del resto.