La opacidad en tiempos del oasis pujolista

A finales de 1997, a raíz de un viaje de Jordi Pujol a Argentina, Chile y Uruguay, se generó un cierto revuelo porque, en algunas fases del periplo, a la comitiva presidencial se sumaron sus hijos Marta y Pere Pujol Ferrusola. La Generalitat aseguró que ambos estaban por la zona (Marta en Chile, Pere en Argentina) por motivos distintos, y que habían querido coincidir con su padre, pero asumiendo sus gastos. Llovía sobre mojado, ya que en anteriores viajes ya se había rumoreado que Marta Ferrusola aprovechaba su presencia en tanto que primera dama para hacer gestiones comerciales a favor de Hidroplant.

En el caso de Pere Pujol Ferrusola, de quien nunca quedó claro si formaba o no parte de otra misión empresarial promovida por el Instituto Catalán de Energía, el mismo Jordi Pujol animó a los periodistas que le acompañaban a pedir sus facturas para constatar que no habían ido a cargo del erario público. Como mínimo tres diarios (de Madrid, con delegación en Cataluña) recogieron en las crónicas enviadas desde Montevideo esta propuesta del president. Ignoro si algún periodista le tomó la palabra, pero el semanario El Triangle lo hizo. Animado por la invitación, unos días más tarde llamó a los departamentos de Industria y de Presidencia y a la empresa Entorn para obtener las facturas, y los tres se lo sacaron de encima de buenas o no tan buenas maneras. Les daba lo mismo que la petición se apoyase en las declaraciones del presidente (que tal vez no conocían), y por tanto en la siguiente edición del semanario sólo pudieron explicar que el hijo de Pujol no quería hacer quedar bien a su padre.

Se podría pensar que, ante la impertinencia de un periodista de un medio minoritario, esta era la actitud adecuada. En realidad, no contestar era la norma. No era necesario que la pregunta fuera sobre un hijo de Pujol, con que no les gustara la pregunta había suficiente. El famoso y simpático avui no toca de Pujol elevado estrategia comunicativa troncal. En el caso de El Triangle (y supongo que algún otro medio), la consigna era atender con amabilidad pero no facilitar ninguna información. Me lo comentaron años más tarde dos antiguos jefes de prensa de dos consejerías diferentes.

En cuanto a la oposición parlamentaria, la estrategia era similar, con la diferencia de que el Gobierno está obligado a contestar las preguntas que le formulan por escrito, o sea que contestaba siempre, pero casi nunca respondía. En el asunto de la misión en Sudamérica, las preguntas de los diputados permitieron conocer el coste total del viaje (23 millones de pesetas), pero no el detalle, o sea que los interesados se tuvieron que conformar con la palabra del consejero de Presidencia, Xavier Trias (hoy alcalde de Barcelona), de que la Generalitat no había pagado ni la estancia ni los desplazamientos de los dos hijos Pujol.

El año 2002 también estuvo salpicado de varias polémicas en torno a los hijos Pujol. La más sonada (y tampoco en exceso), el hecho de que la consultora Europraxis (participada por Josep Pujol Ferrusola) hubiera asesorado a la multinacional Lear en el cierre de su planta de Cervera, la principal y prácticamente única industria de la comarca de la Segarra, que la Generalitat se suponía que trataba de evitar (el secretario general de Industria era Oriol Pujol Ferrusola); posteriormente se sabría que una filial de Europraxis (Tourism & Leisure) había hecho varios estudios por encargo del departamento de Industria, que este había intentado ocultar. Traducido: que Oriol le hacía un regalo a Josep al tiempo que Josep trabajaba para destruir el tejido productivo a pesar de la oposición (se supone) de Oriol. También se publicó que la consultora Entorn (la de Pere Pujol Ferrusola) había realizado varios estudios de impacto ambiental para las empresas públicas GISA y REGSA, que avalaban determinadas operaciones territoriales del Govern que contaban con el rechazo de los movimientos ecologistas. Entorn tendría también un papel protagonista en el diseño del mapa eólico catalán, pero en aquellos momentos esto no era todavía de dominio público.

Todo ello suscitó la preceptiva batería de preguntas parlamentarias de los partidos de la oposición. Básicamente pedían saber todos los contratos entre algún organismo de la Generalitat y las empresas mencionadas, además de Indra (que había comprado Europraxis). El Gobierno catalán tardó medio año en contestar, y cuando lo hizo, por boca de Josep Maria Pelegrí (entonces consejero de Gobernación, hoy de Agricultura), las respuestas eran de este estilo: “Todas las adjudicaciones se publican en el DOGC” o “precise a qué Indra se refiere porque hay varias empresas con esta denominación”. Era como decir que sus preguntas se las pueden poner donde les quepan, porque aquí tenemos cosas más importantes que hacer.

Ante esto, la oposición reaccionaba indignada, pero era una indignación que tenía un muy escaso eco mediático. Por ejemplo, en el caso de los viajes, Joan Ridao (ERC) diría que las respuestas de Presidencia “confirman la sensación de abuso e impunidad con que se actúa” (enero 1998). Sobre las de Europraxis, José Luis López Bulla (ICV) afirmaría que “el Govern no responde a nada, es una degradación de la vida parlamentaria y una muestra más de que la democracia está enferma” (diciembre 2002). Estos eran los cimientos sobre los que se sustentaba el oasis del tardopujolismo, aquel período que podríamos situar a partir de 1993, cuando CiU suma a la mayoría absoluta en Cataluña su condición de socio clave del partido que gobierna en Madrid (primero PSOE y después PP). O un poco antes, con la repentina muerte de Ramon Trias Fargas y la derrota de Miquel Roca, cuando CDC queda limitado a una sola personalidad fuerte, escoltada por una guardia de corps de cachorros convergentes, una quinta de la que forman parte Jordi Jr. y Felip Puig, y a la que pronto se unirían Oriol Pujol y los llamados talibanes. Es un momento en el que parece que en Cataluña CiU mandará por los siglos de los siglos.

Más o menos en aquellos primeros años noventa, el pujolismo había engendrado la expresión “oasis catalán”, como un autoelogio a la forma civilizada de entender la rivalidad política en Cataluña, en contraposición con la mala educación y modales soeces de Madrid. Mientras aquí mantenemos el fair play porque somos maduros y europeos, allí se destripan entre ellos porque son primitivos y de pueblo. Pero el paso del tiempo fue deformando el significado del oasis hasta transformarlo en sinónimo de opacidad, amiguismo, impunidad y endogamia.

Se podrían poner muchos más ejemplos de respuestas evasivas, incongruentes, prepotentes o las tres cosas juntas. Durante el tardopujolismo era imposible (para un periodista o para un diputado) saber de fuentes oficiales a qué empresas prestaba dinero al Instituto Catalán de Finanzas (existía la sospecha de que la gestión era tan partidista y poco profesional como en Banca Catalana); tampoco se podía saber cuántas suscripciones tenía contratadas la administración y de qué periódicos, o como se repartía el suculento pastel de la publicidad institucional, y sólo muy al final se empezaron a publicar las subvenciones directas a los medios de comunicación. Una directora general que facilitó a un diputado de la oposición el listado de asesores del Govern, y sus retribuciones, con la escandalera que eso causó, fue cesada poco después; y como hemos visto era extremadamente complicado tener una visión panorámica sobre los contratos de un determinado órgano administrativo. Esto no quiere decir que no se publicaran informaciones punzantes verídicas y contrastadas. Siempre ha habido fuentes no oficiales con el deseo que aflore la verdad.

En este contexto, es sensacional que una modesta publicación gratuita local, con un nombre tan poco audaz como Cafèambllet, haya conseguido poner patas arriba todo el entramado sanitario catalán, con sus comederos, chanchullos, connivencias y puertas giratorias sociovergentes. Sobre todo por el hecho de que lo que convirtió esta revista con vocación amable en un artefacto al servicio de la subversión fueron las respuestas evasivas e incongruentes del directivo de un hospital semi-público a unas inofensivas preguntas planteadas de buena fe. A partir de ahí, empezaron a repreguntar, a buscar nuevas fuentes, a documentarse a fondo..., y a medida que conservaban intacta su capacidad de indignarse fueron capaces de comunicar lo que iban descubriendo con toda la potencia de las redes sociales. Y seguramente sin buscarlo se encontraron a todos los jefazos del entramado sanitario catalán temblando, que es lo que no había conseguido ningún periodista consagrado de ningún medio reconsagrado. Ni conseguido ni intentado, que es peor.

Y he aquí el quid. La opacidad fue consentida, y eso la hizo posible. No molestaba a los grandes medios, públicos y privados, que siempre encontraron otros temas más interesantes para poner en la portada o comentar en la tertulia que una polémica sobre los hijos del Molt Honorable o sobre el posible trato de favor a un determinado grupo empresarial. Estas cosas eran “propias de los que quieren hacer daño a Cataluña”. El día que los medios de Madrid abrían su crónica del viaje de Pujol con el revuelo de los hijos, el diario más leído en Cataluña titulaba: “Pujol acaba su viaje al Cono Sur 'abrumado' por el trato recibido”. Sólo en las últimas líneas del último párrafo asomaba el asunto y con un tono positivo: “Respecto a la presencia de dos hijos (Marta y Pere) del matrimonio Pujol en distintas etapas del viaje, el president se mostró dispuesto a contestar en el Parlament a una pregunta de Esquerra, pese a que va dirigida al conseller de la Presidencia, Xavier Trias”. Punto final.

Es cierto que en los últimos años se ha mejorado, y, como muestra, Transparencia Internacional acaba de reconocer a Cataluña, Castilla y León y el País Vasco como las comunidades más transparentes (la peor puntuación se la lleva la de Madrid). Sin salir de casa e invirtiendo un tiempo razonable, ahora cualquier ciudadano puede saber lo que cobran los políticos, en salario fijo y dietas, así como el patrimonio que declaran tener los parlamentarios (españoles y europeos) o la diferencia de patrimonio que declara cualquier alto funcionario antes y después de ejercer el cargo (en el caso catalán). También es más fácil acceder a las subvenciones y las adjudicaciones, así como los estudios y dictámenes que encargan los departamentos.

Hoy, los periodistas podemos, si queremos y nos dejan, ejercer un marcaje más preciso sobre la gestión del dinero público, pero para una verdadera gestión transparente queda mucho por hacer. En el Butlletí Oficial del Parlament (BOP) las respuestas evasivas son aún el pan de cada día; los créditos del ICF siguen siendo confidenciales en atención al secreto bancario (como si el dinero público tuviera que disfrutar del mismo trato que el privado); las suscripciones y el reparto de la publicidad institucional son secretos muy bien guardados; las retribuciones, adjudicaciones y los estudios pagados por todo el maremágnum de consorcios y entidades semi-públicas (como toda la red hospitalaria concertada) siguen siendo tan opacos como siempre; ignoramos con qué lobbies se reúnen los consejeros y diputados; y, por supuesto, con respecto a la financiación de los partidos, que como todo el mundo sabe es el principal foco de corrupción, las auditorías del tribunal de cuentas siguen siendo a todas luces insuficientes.