La denuncia de presiones de España a BPA por el caso Pujol abre una crisis política en Andorra
La presunta “operación Catalunya” del Ministerio del Interior español contra políticos independentistas continúa abriendo crisis políticas dos años después de la confesión del expresident Jordi Pujol de haber mantenido dinero sin declarar en el extranjero. En esta ocasión, la tormenta se ha desatado en Andorra, después de que el expresidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, denunciara la semana pasada presiones del ministerio del Interior, a través de la policía y la embajada española, para que la entidad revelara información bancaria sobre políticos como Artur Mas, Oriol Junqueras y el propio Pujol.
La denuncia de Cierco, quien además asegura que comunicó al Gobierno andorrano las coaciones recibidas, obligó a reaccionar al Ejecutivo del principado pirenaico, que por boca de su ministro de Exteriores, Gilbert Saboya, negó presiones de España, asegurando haber conocido esas acusaciones “en una conversación informal” y después de que el banco fuese ya intervenido. Pero estas explicaciones no convencen a la oposición andorrana, que ha criticado en bloque al Gobierno ante lo que consideran una lesión de su soberanía.
El partido de los Liberales, que lidera la oposición, así como la minoría de Socialdemocràcia i Progrés, han criticado al Ejecutivo por la gestión del asunto, que califican de “inédita” y consideran que tiene “gran magnitud y gravedad”. Los grupos reclaman que se esclarezcan los hechos mediante las explicaciones del Gobierno y avanzan que pedirán dimisiones si se ha cedido a injerencias extranjeras.
El caso de las supuestas coacciones españolas ha salido a la luz a raíz del juicio en el que están acusados los hermanos Cierco, máximos accionistas de BPA, además dos docenas de directivos, y que se instruye en Andorra tras la intervención de la entidad bancaria por un presunto delito de blanqueo de capitales. La intervención de BPA ocurrió en marzo de 2015, después de que Estados Unidos anunciara que estaba investigando las supuestas conexiones entre la entidad y el narcotráfico.
Fue en el marco de ese proceso cuando Higini Cierco puso en conocimiento de la juez las supuestas coacciones de estamentos del Estado español. Según su declaración, cuatro altos funcionarios del Ministerio del Interior mantuvieron contactos con él en los que, entre otras cuestiones, le amenazaron con la intervención de su banco por parte del FinCen, un organismo del Gobierno de EEUU encargado de delitos financieros relacionados con el crimen organizado, si no cooperaba con ellos.
Siempre según Cierco, lo que Interior perseguía eran informaciones comprometedoras sobre políticos independentistas catalanes, que acabó proporcionando. La confesión de Pujol, que se produjo pocos meses después de los capítulos relatados por el banquero, habría sido fruto de esa operación del Gobierno español, aunque la intervención de BPA por parte del FinCen acabó ocurriendo.
El capítulo relatado por el expresidente de BPA es abundante en detalles, incluyendo las identidades de los funcionarios que le habrían presionado, entre ellos el responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el comisario Eugenio Pino. Ambos nombres han sido frecuentemente relacionados con la guerra sucia del Estado contra los políticos independentistas, mediante una unidad secreta de la Policía creada para ello. Martín Blas fue uno de los hombres que trataron de convencer a los fiscales anticorrupción catalanes de registrar la sede de Convergència, mientras que Pino es considerado el hombre fuerte del ministro Fernández Díaz en la Policía y el ideólogo de la 'operación Cataluña'.
