La esperada sentencia del caso Palau irrumpirá en el futuro del PDeCAT
El pasado siempre vuelve, también para los partidos políticos. En el caso de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora PDeCAT, el pasado es un imponente auditorio modernista del centro de Barcelona. Fue en el Palau de la Música donde el partido recibió sobres llenos de billetes procedentes de comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública, según Fèlix Millet, Jordi Montull y la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia de Barcelona dictará sentencia sobre el caso Palau en próximo 15 de enero, con lo que el fallo llegará dos días antes de la constitución del nuevo Parlament, en plenas negociaciones para formar Govern y puede hacer temblar los cimientos del joven PDeCAT, el partido heredero de CDC que nació, entre otras cosas, para intentar librarse de la corrupción convergente. La apuesta no ha terminado de funcionar: el PDeCAT ha concurrido al 21D sin sus siglas y tiene una presencia testimonial en Junts per Catalunya, la lista de Puigdemont plagada de independientes.
El actual presidente del PDeCAT, Artur Mas (secretario general de CDC cuando se pagaron las presuntas comisiones), siempre ha defendido la inocencia de su expartido. Los antiguos gestores del Palau y el fiscal Emilio Sánchez Ulled no están de acuerdo.
“Ferrovial hacía donaciones a Convergència a cambio de obra pública. Esta es la verdad”, reconoció durante el juicio el saqueador confeso y antiguo mandamás del Palau, Fèlix Millet. Por primera vez tras ocho años de instrucción, la oveja descarriada de la burguesía catalana incriminaba a Convergència. Una delación que tenía como único objetivo una rebaja en la pena solicitada por la Fiscalía, que terminó pidiendo para él 14 años y nueve meses frente a los 27 y medio iniciales.
“Primero era el 3% pero luego fue el 4% porque Convergència quería más dinero”, terció la mano derecha de Millet en el Palau, Jordi Montull, frente al tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona. La confesión de Millet y Montull fue controlada: sólo delataron al extesorero de la formación, Daniel Osàcar, para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel. Ningún político de CDC fue señalado directamente a lo largo de tres mes de juicio.
Un “tinglado criminal”
El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, acusó a Convergència de crear un “tinglado criminal” con el Palau y Ferrovial desde la Generalitat. Según el fiscal, Ferrovial pagó 6,6 millones en comisiones a CDC a cambio de cuatro obras públicas adjudicadas en el último Govern de Jordi Pujol.
Osàcar tiró de sentimentalismo en su última palabra: “¿Cómo pueden pensar que he saqueado el Palau si lo llevo en el corazón?”. Y el abogado del extesorero y del partido (CDC se sentó en el banquillo como responsable civil a título lucrativo del expolio de Millet), Xavier Melero, consideró que la refundación de CDC en el PDeCAT por su posible implicación en el caso Palau es un “acto de contrición y de examen de conciencia único en la democracia española”
Además de la confesión de Millet y Montull, el fiscal dispone para su acusación de abundante documentación incautada en el Palau. Por ejemplo, el documento “Factures convergents” y que, según Montull, Convergència entregó al Palau para justificar ante Hacienda las comisiones en efectivo. O también un cuadro de Excel confeccionado por Jordi Montull con una columna titulada “pago a Daniel”, que identificó como las cantidades que se abonaban en efectivo a Osàcar.
El fiscal hizo hincapié en que el caso Palau no se explica sin el “esquema mental” por el que CDC se confundió con la Generalitat. Dicho de otro modo, que Convergència usurpó la Generalitat y confundió país y partido. Sánchez Ulled, la bestia negra de los convergentes corruptos en los juzgados, se fue a Bruselas en verano para ser Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la UE. Curiosamente, a la misma ciudad huyó el exconvergente Puigdemont en octubre.
El juicio terminó el pasado 16 de junio. Más de seis meses para conocer la sentencia. Un plazo que, coinciden las fuentes jurídicas consultadas, es necesario dada la complejidad técnica del caso, que para empezar tiene 15 acusados. Además, los magistrados tienen que decidir si, como sostiene el fiscal, CDC recibió 6,6 millones en comisiones y concretar a cuánto ascendió el expolio de Milllet y los Montull.
Los antiguos gestores del Palau confesaron haber destinado 3,3 millones del Palau para uso particular: viajes de lujo, obras en casa, compras (incluido tabaco para Millet) y hasta lingotes de oro. El fiscal aumenta el monto del saqueo hasta los 23 millones, de los que 7,8 millones habrían ido directamente a los bolsillos de Millet y Montull mediante retiradas de efectivo de las cuentas del auditorio; 2,5 en obras; 500.000 en viajes y otros 400.000 en gastos particulares.
Con todo, quedan 9 millones del saqueo cuyo destino se desconoce: los bancos no proporcionaron al juez, pese a que estaban obligados legalmente, la identidad de la persona que los retiró de las cuentas del Palau. Un misterio que ni la sentencia de este enero ni los ocho años de instrucción pueden resolver.
