El testamento del padre de Pujol no cita el dinero con el que justificó sus cuentas en Andorra
La explicación que Jordi Pujol ha ofrecido desde que confesara haber evadido impuestos con cuentas en el extranjero sigue sin tener base documental. En ninguno de los documentos incautados por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 26 de abril en la casa familiar de los Pujol figura el legado de 140 millones, supuestamente dejado por el padre, con los que el expresident justificó desde el principio el origen de su fortuna opaca fuera de España.
En aquella entrada y registro Anticorrupción se incautó de dos testamentos, uno perteneciente a Florenci Pujol, fechado en marzo de 1967, y otro de la madre, María Soley, rubricado en mayo de 1981. Ambos estaban guardados en el salón del domicilio, según la agencia Efe, que ha tenido acceso a la relación manuscrita de los documentos intervenidos por orden del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, según revela La Vanguardia, en ninguno de los dos consta el dinero andorrano que, según la versión del expresident, sería el origen de los 4 millones de euros que confesó poseer en julio de 2014.
Fuentes de la Fiscalía citadas por el mismo diario consideran, de hecho, que la suma es muy superior a la confesada. Sin respaldo documental de la versión ofrecida por Jordi Pujol tanto en su primera confesión como en sus comparecencias, primero ante el Parlament y luego ante el juez, la hipótesis central de la investigación es que el relato del mandatario nacionalista es simplemente una coartada para encubrir un enriquecimiento fruto de su actividad política.
En su confesión de julio de 2014, Pujol aseguró que el legado de su padre Florenci ascendió a 140 millones de pesetas, algo menos de un millón de euros. Siempre según su versión, la gestión durante tres décadas de aquel patrimonio habría generado 4 millones de euros. Pujol también explicó entonces que el patrimonio inicial no estaba reflejado en el testamento de su padre, aunque la defensa de la familia se ha negado a aportar estos documentos ante el juez.
En cambio, la fiscalía cifra en 70 millones de euros el patrimonio sin justificación que maneja la familia al completo. En un informe de la UDEF revelado por EFE el pasado lunes, la Policía consideraba que la familia habría comenzado en 1990 a ocultar “grandes sumas de origen desconocido” según un “plan preconcebido y ordenado”. Además, gracias a una nota manuscrita, los investigadores certificaron que era Marta Ferrusola, la esposa del entonces president, y su hijo primogénito quienes gestionaban las cuentas andorranas con un lenguaje en clave en el que los millones eran “misales”, y ella tenía el sobrenombre de “la madre superiora”.
Pese a las hipótesis, el origen del legado continúa siendo una incógnita para los investigadores. Según explica El Periódico, el juez José de la Mata centró buena parte de su interrogatorio a Oriol Pujol en el origen de los fondos familiares en el extranjero, por el que preguntó con insistencia. La versión del único de los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola que hizo carrera política es que las cuentas andorranas eran gestionadas por su hermano mayor, Jordi Pujol Júnior.
Según esta versión, el primogénito informó de la existencia de un dinero legado por el abuelo en los noventa, y para 1992 tanto su madre como todos los hermanos tenían cuentas en la antigua Banca Reig andorrana, que se convertiría años después en Andbank. Además, siempre según la declaración de Oriol revelada por El Periódico, la gestión de los fondos efectuada por el primogénito consistirían en operaciones de inversión a riesgo, en las que se repartían entre hermanos tanto las ganancias como las eventuales pérdidas.
La hipótesis de Banca Catalana
Sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción siempre ha estado la hipótesis de que el origen de la importante fortuna familiar escondida en Andorra tuviera que ver con la actividad del cabeza de familia, por la vía de la corrupción. Sin embargo, dentro de esta línea de investigación hay diferentes orígenes posibles. Uno de ellos es que el dinero inicial sea fruto del expolio de la Banca Catalana, la entidad crediticia que Pujol dirigió y que acabó en bancarrota.
Según esta versión, el hundimiento de la entidad bancaria, que conllevó un rescate del Estado de 345.000 millones de pesetas, habría enriquecido a Jordi Pujol, mediante el cobro ilícito de más de 80 millones de pesetas. Esta fue la línea argumental mantenida por los fiscales del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, quienes siempre sostuvieron que el entonces presidente había sacado dinero de la entidad quebrada.
La querella por apropiación indebida contra Pujol y una veintena de directivos de Banca Catalana fue presentada en 1984 por la Fiscalía General del Estado, pero en noviembre de 1986 la Audiencia de Barcelona sentenció, en una polémica decisión, no procesar al presidente de la Generalitat.
