Por qué es difícil que vuelvan las corridas de toros a Catalunya pese a la sentencia del Constitucional
El Tribunal Consitucional ha anulado este jueves la prohibición de las corridas de toros que aprobó el Parlament de Catalunya en 2010. Más de seis años después, y gracias al recurso que interpuso el Partido Popular, el Alto Tribunal corrige no sólo la decisión de una cámara autonómica, sino la de las 127.500 personas que firmaron la Iniciativa Legislativa Popular que permitió tramitar en el Parlament la supresión de los toros. Con todo, el fallo del Constitucional difícilmente alterará la nula presencia de corridas de toros en Catalunya desde 2011. Hay varios motivos, desde la regulación anterior y posterior a la ILP en favor de los derechos de los animales a la poca rentabilidad económica de las corridas de toros en Catalunya.
Por partes. La única plaza que podría acoger una corrida de toros en Catalunya es la Monumental de Barcelona. El resto de plazas de varias ciudades catalanas no están en condiciones, ya que desde la prohibición se reformaron y dejaron de contar con enfermería o establos para los animales. Sin embargo, la capital catalana tiene a su disposición varias trabas administrativas para impedir que vuelvan las corridas de toros, señalan fuentes municipales.
En concreto, la ordenanza municipal de animales de 2014 de la capital catalana prohíbe tanto las corridas como cualquier “espectáculo” con toros que incluya la muerte del animal. Asimismo, veta los “espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan” dentro o fuera de las plazas de toros y su simulación “sea cual sea su finalidad”. La ordenanza plasmó el espíritu de la declaración municipal aprobada 10 años antes, cuando el pleno acordó declarar a Barcelona “ciudad antitaurina y contraria a la celebración de corridas de toros”.
Este diario se puso en contacto con el Grupo Balañà, propietario de la plaza de toros Monumental de Barcelona, hace unos días para conocer sus planes en caso que el Constitucional tumbara la prohibición de los toros, pero la empresa declinó hacer declaraciones.
¿Y celebrar una corrida de toros en una plaza desmontable? Tampoco sería posible con la ley en la mano. Y es que siete años antes de que se aprobara la ILP, la ley de seguridad pública de Catalunya prohibió las plazas portátiles para celebrar corridas de toros no tanto por presión animalista sino por motivos de seguridad ciudadana.
Por otro lado, los empresarios taurinos ya tenían otro problema antes de que el Parlament prohibiera los toros: la poca rentabilidad de las corridas. En los últimos años antes de la prohibición, no se llenaban ni la mitad de las gradas de la Monumental, y muchos espectadores eran turistas. Otro de los casos que explican el declive taurino en Catalunya es el de Tarragona. Fuentes conocedoras del caso explican que los empresarios taurinos terminaron renunciando a organizar corridas en la plaza de toros de Tarragona porque no les salía rentable.
Además, una vez el Parlament las prohibió, la Diputación, propietaria de la plaza, reformó el recinto y eliminó todas las estancias necesarias por ley para organizar corridas: enfermería, corrales, etc. Ahora la plaza es famosa por organizar el concurso de castellers de Catalunya y, aunque quisiera algún empresario, no podría acoger toro alguno.
Un caso similar es el de Olot, otra población catalana de tradición taurina. Hace más de un año que en la plaza de toros de la ciudad se celebró el último 'correbous'. Desde entonces el recinto sólo acoge concursos de sardanas y conciertos. Además, la ciudad ha avanzado en los derechos de los toros: el pasado mes de junio un 60% de sus habitantes votaron a favor de suprimir los 'correbous', decisión que el consistorio anunció que asumiría.
Por si fuera poco con las ordenanzas municipales y las leyes autonómicas, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Govern de la Generalitat han manifestado, incluso antes del fallo definitivo del Constitucional, su negativa a que las corridas de toros vuelvan a Catalunya. Antes de conocer el fallo del TC, la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, aseguró que el Govern “sólo acatará la decisión que en su día tomó Parlament de Catalunya”, es decir, la prohibición de las corridas. “El TC se descalifica al ir contra una ley que es fruto de una ILP que superó con creces la recogida de firmas. Parece que siempre quiera ir contra la democracia”, valora la diputada de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau. Fuera de las instituciones, el colectivo animalista ha anunciado que llevará a Europa la decisión del Constitucional.
