El profesorado catalán se revuelve contra la idea del Gobierno de introducir una casilla para el castellano
“No lo permitiremos”. Con estas palabras han respondido las principales entidades del sector educativo catalán a la insinuación del Gobierno de introducir una casilla para el castellano en los formularios de las preinscripciones escolares para el curso que viene. Una vez más, sindicatos, asociaciones de familias y estudiantes han cerrado filas en torno al modelo de inmersión lingüística que garantiza el catalán como lengua de uso por defecto en las aulas.
“El modelo lingüístico es una linea roja y responderíamos con toda la contundencia, con movilizaciones, huelgas o desobediencia si hace falta”, asegura Ramon Font, portavoz del sindicato mayoritario en la escuela pública, USTEC·STEs. De forma parecida se expresan desde CCOO, cuyo responsable de educación, Manel Pulido, que afirma que harán “todo lo que haga falta” para impedir una medida que, añade, modifica el sistema educativo sin contar con el suficiente consenso.
Las alarmas han saltado en la comunidad educativa catalana cuando el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha afirmado ser “sensible” a las peticiones de algunas familias para que se introduzca una casilla para el castellano en las preinscripciones escolares. Marín ha confirmado además que ya están trabajando en la orden que regula las preinscripciones, que se suele publicar en Catalunya por estas fechas, aunque no ha dejado claro si incluirán la medida.
Hasta ahora, los documentos de preinscripciones escolares -que se reparten en colegios y en la Administración- recogen en un pie de página la posibilidad de pedir que los niños reciban atención “individualizada” en castellano en su primer curso, de acuerdo con la ley de educación catalana. Lo que podría introducir el Gobierno es una casilla más visible pensada para escoger lengua para toda la escolarización, lo que desmantelaría el actual sistema de inmersión en catalán.
Aun así, los profesores insisten que no se lo pondrán fácil. “Ya pensaremos cuál es la fórmula para boicotearlo, consensuándolo con la comunidad educativa”, adelanta Pilar Gargallo, presidenta de la federación catalana de Movimientos de Renovación Pedagógica. Esta maestra insiste en que la escuela en catalán es “el medio a través del cual todos los alumnos pueden dominar ambas lenguas al acabar los estudios”.
“Decidir idioma en clase no es un derecho”
La principal asociación de AMPA de Catalunya, FaPaC, también ha cargado contra la idea deslizada por Marín, al proclamar que sus afirmaciones corresponden a “una politización de la lengua y de la educación”. Desde esta federación rechazan que las familias deban escoger entre catalán o castellano para las clases de sus hijos.
“Decidir idioma en clase no es un derecho, hay decisiones que sobrepasan la libertad individual y que son colectivas, para las que no vale aquello que puede interesarte más a ti, sino al conjunto”, sostiene la presidenta de FaPaC, Belén Tascón. En la actualidad, la ley establece que el catalán es la lengua vehicular en los colegios, aunque da libertad a los centros para que elaboren sus proyectos educativos y lingüísticos, hasta el punto que un 14% ya da clases en castellano (más allá de la de Lengua Castellana) y otros muchos más en inglés.
Lo que temen también las entidades y sindicatos, que desconfían de la utilización del 155 por parte del Gobierno, es que una hipotética casilla del castellano sirva para avanzar hacia un modelo en el que se separe a alumnos por lengua. “Nunca segregaremos por idioma”, desafía Gargallo, afirmación a la que se suman la práctica totalidad de sindicatos de profesores y estudiantes.
Clases en castellano, el fracaso de Wert
Si finalmente el Gobierno acaba facilitando la elección del castellano como lengua de uso en clase, se tratará de un nuevo intento por parte del PP para conseguir que esta sea también lengua vehicular en Catalunya. El partido de Rajoy lo ha intentado por diversas vías, pero hasta ahora nunca lo ha logrado.
La gran operación para conseguirlo fue la LOMCE, la reforma educativa aprobada 2013 solo con los votos de los populares en la que se deja claro -sin especificar porcentajes- que el castellano no puede ser excluido como lengua escolar. Si esto sucede, las familias que quieran pueden matricularse en un colegio privado que si de clase en castellano y pasar la factura a la Generalitat. Sin embargo, con los últimos datos disponibles de 2016, solo 150 familias lo habían solicitado.
La llamada ley Wert también ofreció un mejor cobijo a aquellas familias que ya habían iniciado procesos judiciales contra la Generalitat para conseguir educación bilingüe. Desde 2014 se han sucedido sentencias que ordenan a los colegios impartir el 25% de clases en castellano si un alumno lo solicita. A principios de curso eran solo una docena los centros que estaban en esta situación.
