Sí se puede cambiar la ley desde la calle
“Si el Congreso no aprueba la ILP, no nos quedaremos de brazos cruzados”, nos decía Ada Colau en noviembre de 2012 como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La mayoría absoluta del PP impidió la aprobación de las tres medidas por las que la PAH recogió 1.402.854 firmas: detener los desahucios, la dación en pago y un parque de alquiler social que diera respuesta a la problemática. Dos años y medio después, la aprobación este jueves en el Parlamento de Cataluña de la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética es la prueba de que no se quedaron de brazos cruzados.
La ILP fue un punto de inflexión para la PAH y seguramente para muchos movimientos sociales. Mientras en las plazas el 15-M que hizo explotar todo el potencial de la lucha contra los desahucios gritaba “¡No nos representan!”, los afectados por la hipoteca trabajaban con diversas entidades para llevar al Congreso una propuesta que cambiara la ley hipotecaria y diera respuesta a los problemas que habían detectado. Para algunos era extraño que la PAH optara por esta vía cuando estaba dando soluciones a las familias desde la calle. Hace pocos meses el ahora portavoz Carlos Macías nos recordaba el porqué: “Esta lucha tiene que terminar en un cambio legislativo. No podemos en la calle 20 años estar parando deshaucios, aunque si hace falta lo haremos”.
La lucha por el derecho a la vivienda ha dado respuestas a miles de familias en situaciones muy difíciles. Desde que en 2010 la PAH paró el primer desahucio, el de Luis, en la Bisbal del Penedès, hasta hoy, que se siguen parando desahucios pero también negociando colectivamente con las entidades financieras, consiguiendo daciones en pagos y alquileres sociales y ocupando edificios para ofrecer un techo a las familias que se quedan en la calle. Pero la PAH y otros colectivos que luchan por el derecho a la vivienda tienen un límite: sólo pueden ofrecer soluciones a las familias que rompen muchas barreras hasta llegar a sus asambleas. La gran mayoría de personas afectadas sufren el drama de la vivienda en silencio, pero un cambio en la ley permite que derechos que el activismo se debe ganar caso a caso puedan llegar a todas las familias.
El PP puso un techo a la acción de la plataforma en abril de 2013 cuando bloqueó con su mayoría absoluta la aprobación de una ILP a la que las encuestas mostraban un apoyo social que llegaba al 90% de la población. La PAH hizo todos los pasos que la ley ponía a su alcance para frenar la sangría de los desahucios y no obtuvo respuesta. Ese mismo abril, Ernest Marco, uno de los fundadores de la plataforma, aseguraba que “en el momento actual la PAH ya no simboliza sólo la lucha por una vivienda digna, sino que ya habla de una cuestión mucho más amplia, que es la democracia que hay en nuestro país, lo que ha sido un poco el fruto del recorrido de estos dos años con la ILP”. “Entonces decimos que aquí no hay democracia, porque no puede ser que aquel búnker esté bloqueando la voluntad popular de población que está de acuerdo masivamente con estas demandas”, recordaba el pasado diciembre Adrià Alemany, otro de los fundadores de la PAH.
Esta barrera generó diversas respuestas. Una fue la de echar a los que mandan y ocupar las instituciones. Bajo el calor del 15-M, otros colectivos miraban a un espacio que había señalado la PAH. Primero el Partido X y después, con más éxito, Podemos hicieron hincapié en la necesidad de ocupar el espacio electoral y de echar a los que hacían de tope para las iniciativas surgidas de la calle. Más tarde, a las municipales, mucha gente vinculada a la PAH hizo la misma apuesta, gracias a la cual Ada Colau ha pasado en tan sólo un año de activista contra los desahucios alcaldesa de Barcelona. “Si se aprueba la ILP Ada Colau no se hubiera presentado a las elecciones”, asegura su compañero Alemany, impulsor como ella de Barcelona en Común. Así de claro ve este punto de inflexión.
En paralelo a esta respuesta de ocupación de las instituciones, otra estrategia tomaba fuerza a la PAH, la de “romper por abajo”. Si habían llegado al más alto nivel legislativo y a pesar del gran apoyo social no habían conseguido respuesta, el nuevo objetivo era buscarlas en niveles más cercanos. En primer lugar, las PAHs catalanas llevaron a los ayuntamientos mociones por el derecho a la vivienda que se han aprobado en más de un centenar de municipios, con medidas como multas a los pisos vacíos. Mientras tanto, trabajaron en buscar en la legislación catalana el encaje de las medidas que llevaron al Congreso, con el añadido de medidas que respondieran a la creciente problemática de los desahucios de alquiler y a las situaciones de pobreza energética. A pesar dealgunas modificaciones en las que se han tenido que poner de acuerdocon CiU, eso es lo que ha aprobado el Parlamento de Cataluña este jueves.
El espíritu de aquella ILP que fue creciendo en paralelo al 15-M, ahora es ley en Cataluña, y la PAH confía en que los demás parlamentos autonómicos sigan este camino. “Romper por abajo” era esto: acabar con los desahucios municipio a municipio, comunidad autónoma a comunidad autónoma. La PAH también sabe que su trabajo no termina aquí. Saben muy bien lo que son las leyes que defienden el derecho a la vivienda pero nunca se llegan a aplicar. Se han hartado de hablar del artículo 47 de la Constitución. También es el caso de varios elementos de la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada en 2007 por el Tripartit, por ejemplo. De momento, sin embargo, celebran que sí se puede. Que sí se puede detener los desahucios puerta a puerta, conseguir victorias negociando con los bancos, conquistar viviendas sociales a través del empleo, y que ahora finalmente también saben que sí se puede cambiar las leyes desde la calle.
