CCOO lleva a Antifraude al exdirector de Patrimonio de la Generalitat por montar un concurso a medida para AXA

La Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO ha llevado a la Oficina Antifraude una serie de actuaciones de la dirección general de Patrimonio de la Generalitat vinculadas con la Ciudad de los Funcionarios, el edificio de 46.000 metros cuadrados que debe acoger las sedes de las consejerías de Economía y de Empresa a partir del 2019. La acción reclama que se averigüe si en la operación se han producido irregularidades.

El sindicato señala al exdirector general de Patrimonio de la Generalitat, Salvador Estapé como protagonista del caso. Estapé juega un doble papel: por un lado dirige Patrimonio y por el otro, en función de su cargo en la Generalitat, es presidente de la sociedad Fira 2000, la empresa pública que gestiona la ampliación de Fira de Barcelona.

Por partes: la Generalitat en junio de 2014 convocó un concurso público a través de la dirección general de Patrimonio para arrendar un inmueble donde ubicar dependencias administrativas, esto es, la futura Ciudad de los Funcionarios. Este edificio debería estar situado en el distrito de Sants Montjuïc. El concurso indicaba que el precio máximo del alquiler no debía superar los 10 euros por metro cuadrado. Finalmente este concurso quedó desierto.

En mayo de 2015, Fira 2000 adjudicó a AXA Real Estate un derecho de superficie de un solar para la construcción de un edificio de oficinas en la Zona Franca de Barcelona. Un mes más tarde, la dirección general de Patrimonio convocaba un concurso para alquilar un inmueble en donde ubicar la Ciudad de los Funcionarios, una licitación donde únicamente se presentó Zumaran Inversiones, una filial de AXA. Esto atentaría, según el sindicato, contra los principios de libre concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación. El contrato se formalizó el 9 de septiembre, dos días antes de comenzar la campaña electoral de las últimas elecciones al Parlamento.

CCOO afirma en el documento entregado a la Oficina Antifraude: “No tenemos ninguna duda de que la venta del derecho de superficie por parte de Fira 2000, dirigida por Salvador Estapé y la posterior convocatoria de un concurso público por parte de la dirección general de Patrimonio, que dirige la misma persona, forman parte de una acción preparada y coordinada para que AXA o alguna de sus filiales se adjudique este concurso”.

La secuencia concreta de los hechos es la siguiente: el concurso de Fira 2000 sólo se presenta una empresa, Zumaran. La convocatoria del concurso afecta el derecho de uso de una parcela de 11.582 metros cuadrados, que serían cedidos por 99 años. El precio de la operación es de 15,52 millones en un canon único que se pagará durante siete años.

Treinta días más tarde, el 10 de junio de 2015, la dirección general de Patrimonio publica un concurso público nuevo para el arrendamiento de un inmueble donde ubicar dependencias administrativas de la Generalitat. En las condiciones del concurso se limita la situación de las dependencias administrativas a un espacio más reducido de lo que se fijó en la primera convocatoria, que hay que recordar que quedó desierta.

El espacio en esta segunda convocatoria debía estar situado en una zona concreta de Sants-Montjuïc, concretamente en la Zona Franca. En las condiciones se dice que el edificio que se busca puede estar en construcción o en proyecto de construcción. Un elemento clave es que el precio del alquiler de la Generalitat era de 12,5 euros por metro cuadrado, lo que en plena crisis supone un incremento del 25% respecto al que quería alquilar un año antes. El plazo para presentar ofertas finalizó el 13 de julio de 2015.

En la denuncia, presentada por CCOO el mismo 13 de julio se añade que al reducir la zona, únicamente AXA Real Estate cumple los requisitos para ganar el concurso, y que esta es la única empresa que dispone de un edificio libre o en construcción destinado a oficinas. El resto de terrenos están urbanizados para viviendas o son edificios de oficinas ocupados.

El traslado de unos 3.000 empleados públicos en la Ciudad de los Funcionarios es la segunda fase del plan gubernamental de patrimonio iniciado en 2011, que previamente había comportado la venta de patrimonio público, incluidas todas las sedes de las consejerías. En tanto no se formalice el traslado a la Zona Franca, la Generalitat ha suscrito contratos de alquiler para que las oficinas queden en las sedes vendidas.

La denuncia, asegura que en el año 2013 la Generalitat, en la persona del entonces director general de Patrimonio, Salvador Estapé Triay, firmó 13 contratos de compraventa de oficinas de la Generalitat. Las operaciones las cerró con la empresa de seguros AXA Real Estate por un precio de 172 millones. El contrato implica un alquiler por 20 años de los mismos edificios. Posteriormente, el 28 de mayo de 2014, Salvador Estapé es nombrado Presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Fira 2000.

No fue sólo CCOO quien sospechó de una operación concedida, el 11 de junio de 2015 el diario económico Expansión titulaba: “El Gobierno inicia los trámites para que AXA le construya oficinas”. En el artículo citando al sector inmobiliario se dice que “el sector -inmobiliario- la convocatoria se vio como un traje hecho a medida para AXA”. El 13 de julio, el mismo día en que se adjudica a la filial de AXA del arrendamiento, CCOO registra el escrito de denuncia en la oficina Antifraude.

Para la filial de AXA la operación es, a primera vista, redonda: tomando como base una superficie construida de 40.000 metros cuadrados, con un precio de alquiler de 12,5 euros por metro cuadrado al mes el rendimiento anual es de 6 millones. Esto en 20 años, reporta 120 millones, de los que se debería restar los 15,52 millones pagados por la concesión, más el gasto de la construcción, lo que hace pensar que la ganancia por la filial de AXA es importante. Pero hay que tener en cuenta que la concesión es de 99 años. Por tanto, una vez transcurridos los primeros 20 años del contrato la empresa aseguradora tendría todavía 79 años más para cobrar alquileres del edificio.

Una operación con incógnitas

Entre las incógnitas que suscita la maniobra hay: ¿Por qué la filial de AXA se presenta a un concurso, el de adquisición de derecho de construcción de un edificio, en el que, por normativa, sólo se pueden hacer equipamientos u oficinas públicas si no tenía la seguridad de que podría alquilarlo?

Una segunda reflexión que se hace desde el sindicato es considerar que el precio de la maniobra de compra-venta es “ridículo”, ya que AXA, invierte poco más de 15,52 millones ya cambio obtiene un alquiler por valor de 120 millones en 20 años, más la revalorización que supone que en aquel lugar se ubique la ciudad de los funcionarios. Por el contrario el gobierno catalán parece que con la operación sólo haya suscrito una hipoteca a 99 años.

Una vez conocida la última operación y la adjudicación, CCOO presenta una ampliación del escrito de denuncia inicial con fecha 26 de agosto. En el documento explica que el 31 de julio se adjudicó a Zumaran Inversiones, filial de AXA el concurso, al ser la única empresa que se presentó. El 5 de agosto se publica en el DOGC la adjudicación.

En la comunicación, el sindicato afirma que la intervención en la adjudicación mencionada de Salvador Estapé en su doble condición de “Director General de Patrimonio de la Genealitat y director de la empresa Fira 2000 no garantiza los principios de libre concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación pública”.

Posteriormente, Salvador Estapé deja la dirección general de Patrimonio y pasa al sector privado, pero no deja el ámbito inmobiliario. Ahora es director de Relaciones Institucionales de Impulsa, una sociedad creada a partir de la compra por el fondo de inversión Blackston de miles de pisos y edificios de la antigua Caixa Catalunya.