Esquerra Republicana de Catalunya ha vuelto a poner sobre la mesa de negociación con CiU su propuesta de una tasa sobre la banca similar a la existente en algunos países europeos y que ya se aplicaba en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Extremadura, antes de que el gobierno central la anulase presentando la pasada semana en el Senado una enmienda a la Ley Tributaria que crea un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios con un tipo de gravamen cero, y por consiguiente anula el impuesto autonómico mediante una argucia legal que el diputado Pere Aragonés (ERC) ha calificado “fraude de ley”. Por su lado, los tres diputados de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) se acaban de estrenar con una rueda de prensa en el Parlament, durante la que han reclamado que la Caixa aporte a la salida de la actual emergencia económica 4.000 millones de euros de los 8.000 millones que ha declarado como beneficios en los últimos años de crisis.
Lo más inverosímil no son estas dos propuestas, muy al contrario. El hecho realmente inverosímil es que la banca española haya recibido ayudas públicas directas por un importe de 216.000 millones de euros (el 21 % del Producto Interior Bruto español) desde el estallido de la crisis en octubre de 2008 y que aun no se haya visto obligada a hacer ninguna contribución directa y esforzada al enderezamiento de la delicada situación general, creada precisamente por el sector financiero. Los principales responsables no solo han sido rescatados con dinero público, sino que seguimos esperando su autocrítica concreta y cifrada, como hemos tenido que hacer todos los contribuyentes.
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