La nueva legislatura catalana ha arrancado con una declaración política que instaura el unilateralismo como vía de acceso a la independencia mediante un procedimiento de autodeterminación. El respaldo parlamentario a esta decisión sin precedentes puede ser suficiente en términos aritméticos, pero dista mucho de ser proporcional a la envergadura y consecuencias de un acto institucional de esta naturaleza. Oriol Junqueras, que opera a placer como conseller en cap ex aequo, ha dicho repetidamente que habrá consulta con o contra las leyes constitucionales y que bastaría un 50,01% del voto para legitimar su proclamación, de modo que éste es el horizonte rocoso hacia el que se dirige de forma inexorable y a sabiendas la nave pilotada por el imperturbable Artur Mas.
El abultado parte de daños en la primera jornada de la singladura soberanista de CiU confirma los pronósticos sobre la aceleración y combustión rápida del proceso previsto hasta la fecha mitológica de 2014. El riesgo de implosión de la federación nacionalista, unido a la vertiginosa fractura del PSC, alimenta el escenario no muy lejano de la fragmentación y descomposición de las dos grandes fuerzas institucionales de Catalunya y la proyección de ERC como virtual eje de nuevas mayorías de signo radical. Con su discurso tautológico y sus maneras de profesor, Oriol Junqueras tiene una colosal autopista por delante. El big-bang de la corrupción política y la profundización de la recesión a corto y medio plazo, aportarán abundante combustible al aparatoso incendio que arrecia en Catalunya.
El cisma institucional y político visualizado en la primera sesión del Parlament es de doble dirección y calado. La declaración de soberanía traza definitivamente una línea desconocida entre “unionistas” e independentistas, por un lado, y formaliza urbi et orbe la demanda de divorcio interpuesta por la Generalitat (Catalunya) contra el Estado (España), por otro. Administrar todo esto parece hoy por hoy muy por encima de un Gobierno minoritario encabezado por un dirigente debilitado por las urnas y prisionero de su socio de circunstancias. Pero, más allá de todo eso, que no es poco, parece un ejercicio de sado-masoquismo que la ciudadanía de este país no se merece en circunstancias tan extremas. El precio será elevado.
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