Junts pel Sí, en minoría ante el acuerdo de todos los grupos sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía
Todos los grupos con representación en el Parlament excepto Junts pel Sí han llegado a un principio de acuerdo sobre las cantidades que recibirán las personas que tienen derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El consenso de todos los grupos, excepto el que sostiene al Govern, es que el primer beneficiario de un grupo familiar o de convivencia con derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía reciba mensualmente 664 euros de la administración de la Generalitat. La cantidad que recibiría una segunda persona de una unidad familiar o de convivencia sería un 50% de esta prestación.
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ha llevado esta propuesta al Parlamento cedió en este punto, ya que reclamaba que esta prestación fuera un 70% de la del primer perceptor. El resto de miembros de la unidad recibirían un 30% mientras que los menores de edad tendrían derecho a cien euros mensuales. Esta ayuda a los menores no existía en la ILP que se llevó al Parlament pero se ha introducido a raíz de las reivindicaciones que las entidades que trabajan en el ámbito de la infancia han hecho llegar a la ponencia que debate la RGC.
La voluntad del grupo promotor de la ILP y de los partidos que apoyan el texto que está redactando la ponencia es que esté listo en las próximas semanas para que pueda pasar el trámite de la Comisión y se apruebe antes del debate de los presupuestos de la Generalitat. Diosdado Toledano, portavoz del equipo promotor, teme que JxSí intente retrasar esta tramitación para que no se pueda aprobar la Ley antes del debate de los presupuestos y se imposibilite así que entre en vigor el próximo año.
La pretensión de los impulsores de la ILP es que el 1 de mayo ya empiecen a hacerse efectivas las prestaciones previstas en la ley que regulará la Renta Garantizada de Ciudadanía. Los grupos que la apoyan han pactado que a partir de mayo se pague el 90% de las cantidades previstas y que sea a partir del 1 de enero de 2018 cuando se paguen en su integridad.
Los promotores de la ILP calculan que los presupuestos de la Generalitat deberán habilitar una partida de unos 2.000 millones de euros para esta renta ciudadana y recuerdan que parte de este dinero saldría de ayudas hoy existentes y que desaparecerían con la RGC y que habrá que buscarlos en el conjunto de departamentos del Govern y no sólo en el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Pese a que todavía quedan unos pocos artículos de la proposición de ley por discutir, Diosdado Toledano considera que se pueden aprobar rápidamente porque no presentan una conflictividad especial. Para exigir que no haya nuevas dilaciones, el grupo promotor de la ILP prevé convocar un ayuno de tres días en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat, a finales de noviembre, antes del inicio del debate de los presupuestos de la Generalitat.
La ponencia se ha reunido de nuevo este martes y tiene previsto volver a hacerlo el próximo viernes 28 de octubre. El portavoz de JxSí, Chakir el Homrani, asegura que el Govern está estudiado qué cantidad puede asignar a la RGC pero no la ha planteado aún en las reuniones de la ponencia. Confía hacerlo la semana próxima, aunque advierte que “habrá que ver de qué manera se puede hacer frente a su coste”, refiriéndose a la propuesta consensuada por el resto de grupos. Toledano le ha advertido que no interprete la voluntad del grupo promotor de llegar a un acuerdo unánime como un signo de debilidad y que el Govern está obligado a aplicar lo que apruebe el Parlamento.
Por su parte, Mireia Vehí, portavoz de la CUP en esta ponencia, desvincula el acuerdo consensuado del debate sobre los presupuestos de la Generalitat: “Los presupuestos están al margen. Junts pel Sí puede incluir fácilmente la partida correspondiente a la Renta Garantizada. Y si, en los próximos días, no hace una propuesta definitiva daremos por buena la propuesta aprobada por el resto de grupos”.
El equipo promotor de la ILP ha convocado una rueda de prensa el próximo miércoles 2 de noviembre, a las puertas del Parlament, para presionar a JxSí y al Govern para que anuncien cual es su propuesta económica definitiva. La iniciativa legislativa popular para reclamar una Renta Garantizada de Ciudadanía reunió más de 120.000 firmas que fueron entregadas al Parlament hace dos años.
