La apertura de la Comisión de Economía del Congreso para debatir la nueva proposición de Ley “anti-desahucios” del PP en la que intervino la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha servido como catalizador de varias posturas públicas sobre el drama de los desahucios y un debate acerca de cuál es el lenguaje correcto para abordar el tema.
Que la portavoz de la PAH tildara de criminales a los responsables de las entidades financieras desató una polémica. Y no porque supusiera algo nuevo, pues así es como se viene llamando a políticos y banqueros en las calles durante estos últimos años. Pero que Ada Colau lo dijera en el honorable Congreso parece que ofendió a más de uno, seguramente al sentirse señalados con el dedo acusador.
Pero lo que dijo la representante de la PAH, también es algo que se viene debatiendo desde hace unos años en algunos círculos académicos. Desde algunas ciencias dedicadas al estudio de la desviación como la criminología y la sociología jurídico-penal, se viene analizando lo que se denomina como crímenes estatal-corporativos para explicar ciertos fenómenos como los producidos por la crisis financiera. Esta categorización, que busca estudiar las complejas relaciones entre poder político y corporativo y la producción de crímenes, ha sido fruto de la necesidad de ampliar la estrecha mirada que las ciencias penales, centradas en la delincuencia común, había venido desarrollando hasta ahora, siendo incapaces de explicar los grandes procesos de victimización que se producen en nuestras sociedades.
Por otro lado, la restricción legalista de las definiciones aferradas al Código Penal, ha sido reemplazada en estos estudios por la perspectiva de lo que en los ámbitos anglosajones se viene denominando como social harm, es decir, el estudio de aquellas situaciones, decisiones políticas o medidas que generan un grave perjuicio o daño social.
Así pues, lo que se está viviendo en el Estado español es un proceso de grave dañosidad social: varios cientos de miles familias han sido despojadas de sus casas y algunas decenas de personas han terminado quitándose la vida. La última, un activista de Stop Desahucios el pasado viernes en Córdoba. Por otra parte, los índices de pobreza no han hecho más que aumentar, España se sitúa a la cabeza de la Eurozona en desigualdad social (índice Gini de 34), arrastrando un paro histórico e insostenible, a lo que se suma la pérdida notable de poder adquisitivo. Hay quienes hablan de una generación perdida.
Ante esta situación, la respuesta de gobiernos y corporaciones ha sido clara: rescate de la banca, indemnizaciones millonarias a sus responsables, aumento de impuestos que afectan en mayor medida a las clases medias y bajas, amnistía fiscal para los grandes defraudadores y, en fin, la implantación evidente del modelo neoliberal que conlleva el desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Desde esta perspectiva, la intervención de Ada Colau se ha quedado incluso corta. Además de las entidades financieras, el Estado, empezando por los diferentes gobiernos, tienen una responsabilidad directa en la generación de la crisis, pero sobre todo, en los daños que está generando su gestión. La Ley del Suelo y Ley Hipotecaria son normativas con claros efectos criminógenos. La actitud ciega de las entidades bancarias que continúan solicitando ejecuciones hipotecarias, así como la actuación de las agencias del Estado (gobiernos, jueces, policías) que hasta hace poco continuaron con una actuación banal de cumplimiento burocrático de la ley, nos permiten hablar de la producción de verdaderos crímenes.
Si el Derecho Penal es una ciencia que se encarga de castigar los comportamientos más graves, es evidente que debería encargarse de esto y no, paradójicamente, de criminalizar a quienes protestan por estas injusticias. Fraude, estafa, y otros delitos económicos, pero también homicidio, son probablemente algunos de los tipos delictivos en los que representantes políticos y responsables de las corporaciones financieras podrían estar incurriendo.
En todo caso, discutir sobre la “tipicidad” de estas acciones nos puede llevar a ignorar de manera cómplice a las víctimas. La difícil atribución de la etiqueta de “criminal” a los comportamientos de los poderosos, o por no ser perseguidos cuando están tipificados, genera impunidad. Por tanto, debemos ir más allá y decir, que dejar sin hogar a cientos de miles de familias mientras España es uno de los países que acumula más vivienda vacía (entre 3 y 5 millones de pisos según la PAH) es claramente criminal.
Quienes se rasguen las vestiduras invocando el Estado de derecho habría que recordarles simplemente el contenido de los artículos 43 (derecho a una vivienda digna) 15 (derecho a la vida) y sobre todo 9.2 (obligación de las administraciones públicas de promover las circunstancias para el disfrute real y material de los derechos) de la Constitución Española. Esas mismas normas imponen una aplicación flexible de la ley para impedir que se siga produciendo más daño.
Impedir más desahucios y suicidios por problemas económicos es una responsabilidad del gobierno. Las medidas paliativas, de parche, insuficientes que han tomado hasta ahora (Código de buena prácticas, RD-Ley 27/2012 y el Fondo Social de Viviendas) son una ofensa para la ciudadanía. La reforma profunda del sistema, empezando por la Ley Hipotecaria, y si Ada Colau tiene razón, debe seguir con la exigencia de indemnización de las víctimas que ha dejado la crisis, de los desahuciados, y porque no, de las familias de quienes se han quitado la vida.
Los suicidios debidos a la promoción de alzamientos por parte de los bancos y la inacción del gobierno son un claro ejemplo de crímenes estatal-corporativos. Desde la universidad, el estudio de estos fenómenos y de la relación simbiótica entre poder político y corporativo y entre corrupción y crisis financiera es una obligación. La criminología no puede (una vez más) mirar para otro lado.
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