Airbnb cede a la presión del Ayuntamiento de Barcelona y retira 1.036 pisos turísticos sin licencia
La guerra abierta entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb ya cuenta con un primer resultado de bajas. Tras la reunión mantenida por el Ayuntamiento con los responsables de Airbnb el pasado mes 12 de julio, la plataforma ha eliminado de su web 1.036 pisos sin licencia. Estos pisos forman parte del listado que el Ayuntamiento entregó a Airbnb tras manifestar su voluntad de cumplir con la normativa. Tras el mes de plazo dado por el Ayuntamiento, Airbnb ha cumplido.
La misma alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se mostró cauta respecto la voluntad de la plataforma: “ahora falta que cumplan”, avisaba. Por ahora se trabaja, según señalan fuentes municipales, para “encontrar los mecanismos que permitan retirar de forma rápida cualquier piso sin licencia”. Así, el Ayuntamiento queda a partir de este momento como vigilante de que en la web sólo se ofrezcan aquellos alojamientos que cuenten con licencia turística y se indique el número de registro junto al anuncio.
Des del julio de 2016, cuando se puso en marcha el plan de choque para la lucha contra el alojamiento turístico ilegal, el Ayuntamiento ha impuesto 6.197 expedientes disciplinarios de los cuales 3.473 son sancionadores. También, se han dictado 2.332 órdenes de cese a pisos que no contaban con licencia. De estos, 744 han acatado la orden y se ha procedido al precinto de 145 alojamientos ilegales.
Des de julio de 2016, el Ayuntamiento ha recibido 3.059 quejas y reclamaciones a través de una página web específica donde se puede consultar las direcciones de pisos con licencia e informar al Ayuntamiento en caso de posibles irregularidades. Además, se han recibido 1.116 llamadas a los teléfonos gratuitos habilitados.
Con los resultados en la mano, el Ayuntamiento recuerda el aumento del equipo de 150 inspectores y visualizadores que siguen la pista a los possibles alojamientos turísticos sin licencia. Pero también defiende que la persecución del alojamiento turístico ilegal “no se conciba como un plan estacional sino como una herramienta estructural que se utilice todo el año”. Aseguran que casi se ha triplicado desde julio del año pasado respecto a los dos años y medio que van desde 2014.
Las multas sobre los alojamientos que operan sin licencia pueden llegar a los 60.000 euros. En el caso de reiteración, estas sanciones pueden llegar a los 600.000 euros como la que ha recurrido Airbnb tras ser apercibida por anunciar pisos turísticos sin licencia.
