La Iniciativa Legislativa Popular para que ningún ciudadano perciba menos de 644 euros al mes está cerca de ser una realidad. La plataforma que impulsa la llamada Renta Garantizada de Ciudadanía ya cuenta con 40.000 de las 50.000 firmas necesarias para tramitar la ILP en el Parlament de Catalunya. Para complear la recogida -tienen como plazo hasta el 11 de octubre-, el colectivo ha decidido dar un empujón a la campaña con unas jornadas de ayuno que llevarán a cabo en la plaza de Catalunya de Barcelona del 13 al 15 de septiembre.
Según los cálculos del colectivo impulsor del proyecto de ley, actualmente unas 600.000 personas perciben en Cataluña menos de 644 euros al mes, los ingresos que la Generalitat considera que fijan el mínimo para poder tener una vida digna. “Todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad, y eso no pasa ahora mismo en Cataluña”, expresa Diosdado Toledano, uno de los impulsores de la ILP. Toledano se remite al artículo 24.3 del Estatut de Catalunya: “Las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”.
El ayuno servirá para “intensificar”, en palabras de Toledano, una campaña que ya cuenta con el apoyo de 37 ayuntamientos -por la vía de la moción o de la declaración institucional- y que tiene previstos actos de toda clase a lo largo del próximo mes. Una vez recogidas todas las firmas, la plataforma convocará varias marchas desde el cinturón de Barcelona que confluyan ante la Generalitat, para iniciar los trámites de la iniciativa.
En cuanto a la jornada de ayuno, en total de 48 horas, la convocatoria es abierta, y se complementará con numerosas charlas, relacionadas con cooperativismo, inmigración o derecho a la vivienda -entre otras-, bajo el lema de Rescatemos a las personas.
La viabilidad de los 644 euros
La partida que la Generalitat debería destinar a la Renta Garantizada de Ciudadanía, si pasara felizmente el trámite parlamentario, debería ser de 2.000 millones de euros, según los cálculos de Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, teniendo en cuenta que la renta se percibe íntegramente si no tienes ningún ingreso, y en caso de tenerlo, se recibe la diferencia hasta cubrir los 644 euros fijados.
En cualquier caso, los 2.000 millones chocan, de entrada, con las escasez financiera de la Administración catalana. Pero desde la plataforma creen que aplicar la renta es una “cuestión de voluntad política”. Toledano sostiene que, por ejemplo, la partida destinada ahora a la Renta Mínima de Inserción quedaría suprimida, o que se podrían implantar una “política fiscal más progresiva y justa”. De todos modos, los impulsores de la ILP defienden sobre todo que la renta tendría un retorno elevado, según sus cálculos del 60%, tanto a través de los impuestos como del consumo.
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